PROCESO: ¡Basta!, clama ahora el empresariado regiomontano LUCIANO CAMPOS GARZA

¡Basta!, clama ahora el empresariado regiomontano
LUCIANO CAMPOS GARZA
23 DE JULIO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, NARCOTRÁFICO
Preocupado por la violencia que ya dejó mil muertes en lo que va del año en Nuevo León, un grupo de “notables” encabezados por el empresario regiomontano Alberto Santos de Hoyos publicó el domingo 17 un desplegado en diarios de Monterrey en el cual proponen, entre otros puntos, un debate con miras a la eventual legalización de las drogas en el país. Más aún: exigen un cambio de estrategia en la guerra calderonista antinarco.



MONTERREY, NL.- El reciente clamor de empresarios, filántropos e intelectuales regiomontanos al gobierno de Felipe Calderón para que ponga freno a la escalada de violencia en esta ciudad y en todo el estado sintetiza el drama que viven los nuevoleoneses.

“Es una tragedia, una verdadera carnicería, por decirlo en términos vulgares. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que pedir a las autoridades competentes, a la población en general, que hagamos algo, que analicemos cuando menos, que debatamos la estrategia que se ha seguido hasta la fecha en materia de combate a las drogas porque esto ya no puede seguir así”, dice en entrevista telefónica desde el extranjero Alberto Santos de Hoyos.

El empresario es uno de los principales promotores del desplegado que se publicó el domingo 17 en medios locales y en el que se propone al presidente Calderón abrir el debate en torno a una posible legalización de las drogas. La idea es acabar con la cruenta guerra entre los cárteles.

El lunes 18, representantes de organismos privados convocaron a una rueda de prensa en la que arremetieron contra el gobernador Rodrigo Medina, a quien consideran incapaz de poner un alto al brutal estado de violencia e impunidad que permea en Nuevo León.

Algunos de ellos sostienen que hasta ahora la política contra las adicciones y la cauda criminal que conlleva han fracasado, pues el país vive en medio de “una carnicería”. La prueba, dijeron, son los muertos en esta lucha de las Fuerzas Armadas que enfrentan a las bandas que trafican con estupefacientes.

En la carta, dirigida también a senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales, 14 hombres y mujeres de negocios y académicos exponen lo que consideran un fracaso del gobierno; piden incluso “romper el tabú e iniciar un debate abierto, racional y fundamentado sobre el tema de las drogas”.

Además, cuestionan “los paradigmas con los que hemos vivido por más de 40 años”, desde que, dicen, Estados Unidos convenció a la Organización de las Naciones Unidas de la necesidad de emprender una batalla internacional contra los narcotraficantes.

Santos de Hoyos reconoce que el texto es como un grito desesperado, pero niega que se trate de un clamor exclusivo de los empresarios regiomontanos afectados por la inseguridad que prevalece en el país, pues dice que entre los firmantes hay académicos y filántropos.

El antecedente del documento es una decisión de consenso entre “un grupo heterogéneo de mexicanos preocupados por el país”, y no precisamente entre industriales, apunta el promotor del documento. Acepta que fue él quien convocó y coordinó las reuniones con ese propósito.

Los encuentros se dieron entre finales de mayo y principios de julio, y explica que los firmantes son personas allegadas a él que se agruparon para reflexionar sobre la violencia, la inseguridad y el crecimiento del consumo de drogas en México.

De esas charlas nació la idea de publicar la carta abierta, de la que se niega a precisar quién la redactó, pues surgió por “generación espontánea”, relata el entrevistado.

Santos de Hoyos, quien preside la compañía Ingenios Santos y es accionista de Axtel, asegura que la crisis de seguridad en la entidad afecta ya todas las actividades económicas, como el turismo. Es enorme la cantidad de personas, principalmente jóvenes, que huyen del país porque no se sienten seguras, dice.

Por un debate nacional

Pese al llamado para que se considere una eventual legalización de las drogas, Alberto Santos de Hoyos afirma que la carta no implica una claudicación de la sociedad frente al problema de la violencia, sino un replanteamiento de la estrategia, pues es imposible combatir a organizaciones que, en conjunto, reciben entre 25 mil y 30 mil millones de dólares al año.

Considera también que el Congreso de la Unión es el foro ideal para empezar a debatir sobre el tema:

“No queríamos tomar un rol tan relevante; queríamos que la sociedad recibiera la invitación y que el Congreso convocara al debate porque hablamos de leyes. Sentimos que no tenemos la capacidad para encabezarlo (el debate), pero si ya lanzamos la invitación a la sociedad en general, vamos a tener que terminar participando activamente en él.”

Uno de los suscribientes de la misiva, Santiago Roel Rodríguez, refiere que la idea de escribir un desplegado la concibieron desde hace un año él y Santos de Hoyos.

La finalidad de convocar a la reflexión a través del escrito es que el gobierno federal actúe. “Es subir la presión para que el gobierno haga algo diferente. No tiene que ser un modelo perfecto, pues eso es muy difícil”.

Para sustentar la carta, dice Roel Rodríguez, se basaron en textos del juez californiano James Gray, particularmente en el titulado Por qué las leyes contra las drogas han fallado. También, dice, se tomaron ideas del informe de la Comisión Global sobre política de drogas, en la que participaron especialistas, primeros ministros, presidentes, premios Nobel, humanistas, banqueros, empresarios y economistas.

Uno de los propósitos del escrito publicado era dar a conocer que en México el consumo de estupefacientes está despenalizado, según la Ley General de Salud. En su artículo 479, afirma Roel, la norma establece parámetros de consumo sin penalización.

Las cantidades permitidas son: mariguana, cinco gramos; opio, dos; heroína y cocaína, 500 miligramos; heroína, 50 miligramos, y LSD, 15 miligramos. En cuanto a drogas sintéticas –MDA, MDAM y metanfetaminas– se permite la portación de 40 miligramos en polvo, granulado o cristal, y hasta una unidad con peso no mayor a 200 miligramos.

La semana posterior a la publicación de la carta-desplegado, el reportero intentó, sin éxito, entrevistar a los firmantes. Según Roel, la mayoría están de vacaciones.

“No fue el mejor momento (para publicarla), pero creímos que ante la violencia, con estas marchas de Javier Sicilia, con estos muertos que hay en Nuevo León todos los días, no podíamos demorarla. No tenemos tampoco la fórmula perfecta para arrancar el debate, pero sí quisimos abrir esto con claridad”, dice Roel Rodríguez, presidente de la consultora RRS y Asociados, que brinda asesoría a los ayuntamientos del área metropolitana.

Añade: “Quedamos de reunirnos próximamente algunos de los firmantes para definir con más claridad esta estrategia, pero no está sobre nuestros hombros: está sobre todos los mexicanos, está en los medios de comunicación, en las autoridades… No se trata de decir yo soy el líder”.

Los proponentes, 
“ingenuos” o “mañosos”

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) Aldo Fasci Zuazua considera que aun cuando el mensaje de los empresarios y académicos es bien intencionado, está incompleto. Dice que es necesario abrir el debate a todo el negocio del crimen organizado, no sólo el de la droga, que es una de sus numerosas divisiones.

Fasci Zuazua opina que para “convertir a México en Holanda”, primero no debería haber pobres y pedigüeños en el país, pues en la nación europea, donde el consumo de drogas es legal, hay muy pocas personas en situación de calle.

“En México, las más de medio millón de personas que trabajan para las organizaciones criminales seguirán delinquiendo aunque no se dediquen a la venta”, dice el exfuncionario, quien ahora es consultor en materia de seguridad.

Además, dice, si buscan promover un debate sobre la  legalización de las drogas, deben saber cómo funciona el conjunto de la industria de los ilícitos, pues los negocios de las tienditas, la venta de droga en las esquinas, constituye apenas 15% de los ingresos totales.

Fasci Zuazua considera que las grandes ganancias de los cárteles de la droga están en la exportación. Y pone un ejemplo: 40% de la mariguana que se consume en Estados Unidos es producida en México, mientras que la totalidad de la cocaína que se distribuye en ese país y casi la mitad de la que hay en el mundo pasa por nuestro territorio.

Agrega: “Esas grandes cifras son las que se pelean, no las tienditas. Por eso vamos a debatir todo, no sólo la droga. ¿Por qué entran tantas armas? Porque estamos de cacería detrás de los puestitos, en vez de ir tras las grandes cabezas del crimen. Vamos a debatir si el problema de debe a la desconfianza ciudadana hacia la policía porque es corrupta o porque es ineficiente”.

Refiere que durante su gestión en la SSP hubo numerosas bajas en la dependencia, muchos de ellos elementos valientes y honestos. Por eso, aclara, si la solución es la legalización de las drogas, está dispuesto a respaldarla.

Javier Livas Cantú, analista en sistemas, considera que el desplegado tiene inconsistencias que pueden ser mal interpretadas. Dice que en el escrito se habla de lo que “está chueco” y que ahora mucha gente piensa que se van a legalizar las drogas. Y advierte que la propuesta puede ser mal interpretada por jóvenes desprevenidos.

“Los proponentes del debate son muy listos y mañosos o increíblemente ingenuos. No están midiendo las consecuencias entre los jóvenes que oyen a personas prestigiadas en favor de la legalización y optan por considerar que un gobierno de hipócritas los quiere privar de los placeres inofensivos”, dice.

Considera erróneo que en la carta abierta no se especifique el tipo de drogas que serían legalizadas, y menciona el caso de Estados Unidos, donde ya se autorizó el consumo de mariguana para fines terapéuticos en algunos estados.

“Que yo sepa, nadie en su sano juicio está proponiendo legalizar o descriminalizar el crack-cocaine, las metanfetaminas u otras drogas de diseño aún más peligrosas y dañinas. Al no hacer esta distinción –dice Livas Cantú–, sin pensarlo los firmantes del desplegado sólo incitan al consumo a jóvenes que no tienen criterio suficiente para saber lo que les conviene y lo que no.”

El alcalde Mauricio Fernández Garza recuerda en entrevista que hace ocho años, cuando hacía campaña para gobernador, pretendió abrir el debate para la regularización de la venta de drogas y fue denostado por diversos sectores, pues el tema aún era tabú.

Lo grave es que la confusión en torno al tema aún persista: “Hablar de legalización es un pésimo término, porque las drogas ya están legalizadas desde hace dos años en México. Lo que falta es definir quién debe venderlas. Hay gente que insiste en que sea el crimen organizado el que lo haga, incluso a menores, y corrompa a los policías. Yo estoy a favor de que la venda el gobierno y que se paguen impuestos, pero que no se venda a menores. No nos hagamos bolas”.

El alcalde considera que la carta publicada es un acierto para abrir el debate. Ahora, indica, corresponde a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo darle seguimiento al tema.

Empresarios al grito de ¡basta!

El pasado 28 de febrero, cuando el presidente Felipe Calderón visitó esta ciudad, enfrentó los reclamos de representantes de la sociedad civil, sobre todo por sus promesas incumplidas y le expusieron el panorama de violencia en la entidad.

Emilio Cadena, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Nuevo León, expuso que 25% de los socios tienen sus proyectos de contratación de personal detenidos; además, dijo ante el mandatario que más de 60% de los corporativos extranjeros tienen prohibido viajar a Monterrey.

El viernes 8, en el centro de la ciudad se perpetró la mayor masacre en la historia de la entidad. En el interior del bar Sabino Gordo, ubicado en Villagrán y Carlos Salazar, hombres armados con fusiles asesinaron a 20 personas dentro y fuera del establecimiento. Se dijo que el homicidio masivo se debió a una disputa por el control de la venta de droga en ese lugar. Hasta el momento las autoridades no han reportado nada sobre ese incidente.

Después, el domingo 17, los empresarios regiomontanos publicaron su carta de 10 puntos en la que aseguran que es “sumamente difícil” combatir a las mafias con métodos policiacos, sobre todo cuando los recursos de los criminales rebasan los presupuestos asignados a los programas de seguridad nacional.

Los firmantes proponen cuatro recomendaciones para abrir el diálogo sobre la legalización de drogas: romper el tabú y emprender una discusión abierta y fundamentada sobre el tema; cuestionar los paradigmas en los que hemos vivido en los últimos 40 años; medir los objetivos por resultados y no por actividades, y reemplazar la política de criminalización por una de salud enfocada a la prevención y tratamiento de las adicciones.

Al final, piden al pueblo de México en general que se abra el debate en el país “con el apremio y seriedad que la violencia de nuestro país demanda”.

Entre los que suscriben el documento destacan Eugenio Clariond Reyes, presidente de Cuprum y hermano del diputado federal priista Benjamín Clariond; Alberto Garza Santos, presidente de Promotra Ambiental, S.A. (PASA); Alejandro Camelo Schwarz, médico; Jaime Rodríguez Silva, dueño de autobuses Senda; Fernando Villarreal Alanís, empresario mueblero; Arnulfo Garza Villarreal, y Eduardo Garza T. Fernández, presidente de la empresa aeroespacial Frisa.

También rubricaron el escrito Alicia Navarro Garza, presidenta del patronato altruista Nuevo Amanecer; Santiago Roel Rodríguez, consultor en sistemas de calidad de gobierno; David Garza Lagüera, desarrollador inmobiliario e integrante de la familia Garza Sada; Bertha González Moreno, presidenta del Patronato Cerralvo e hija de Roberto González, presidente de Maseca.

Lo mismo hicieron Alejandra Rangel Hinojosa, académica especializada en filosofía y expresidenta del Consejo de Desarrollo Social del anterior gobierno y esposa de Eugenio Clariond; Alberto Santos de Hoyos, empresario azucarero de Ingenios Santos, y Alfredo Livas Cantú, empresario e hijo del exgobernador Eduardo Livas.

Y mientras la propuesta es objeto de críticas, en Nuevo León la violencia continúa. Al cierre de la edición, ya sumaban mil los muertos en lo que va del año.

¡AMLO 2012!