¿Acaso los legisladores están protestando suficiente sobre el escándalo ATA Rápido y Furioso?
El Congreso continua ignorando el encubrimiento de La Casa de la Muerte que se dio durante la administración de Bush
Por Bill Conroy
Via the Narcosphere
25 de julio 2011
La hipocresía de nuestros líderes políticos no es para nosotros atole con el dedo, pero rara vez es un acto tan descarado de su doble cara y que además es ignorado por nuestros medios masivos de comunicación. Éste ha sido el caso de la interminable epopeya y escándalo de Rápido y Furioso de ATA (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EUA)- en la que se acusa a ésta Agencia Federal de permitir a los criminales introducir armas a México.
Entre los más grandes críticos de la operación fallida de ATA está el senador Charles Grassley, R-Iowa. La persecución intensa del escándalo de Rápido y Furioso, junto con aquella de su homólogo de casa, Darrell Issa, R-California, ha llevado a los congresistas a poner atención al asunto y a una lluvia de noticias desatada por encabezados de Fox News tales como “Los escándalos de ATA amenazan con despedir a funcionarios de alto rango de la administración de Obama.” El tema en común con esta hiperventilación causada por la cobertura mediática es que Eric Holder, el Ministro de Justicia del Presidente Barack Obama, está orquestando un enorme encubrimiento y obstruyendo la búsqueda de Grassley e Issa por la verdad detrás de Rápido y Furioso.
Y la verdad, tal como Grassley e Issa describen en una carta envíada a Holder el 5 de julio, es la siguiente:
La evidencia que hemos reunido abre la inquietante posibilidad de que el Departamento de Justicia no solamente le ha permitido a los criminales traficar armas, sino de que el dinero de los impuestos de los contribuyentes haya estado financiándolas al involucrarse en semejantes actividades.
La carta de Grassley e Issa asienta un punto en el que ATA aparece, como mínimo, estar defendiendo “una política que pone la fabricación de un caso importante antes de frenar a los criminales conocidos de obtener armas”. La meta de Rápido y Furioso era supuestamente permitir el tráfico de armas por la frontera con el fin de seguir los casos y hacer frente contra los capos del tráfico de armas.
Pero aunque la operación Rápido y Furioso aparente haber sido un gran fracaso- una vez que las armas cruzan la frontera, casi siempre se vuelve imposible seguir su rastro- no es la primera vez que una agencia del gobierno de EUA ha contribuido al índice de homicidios en la Guerra mexicana contra las drogas.
Así que el escándalo de Grassley e Issa, y el golpeteo de pecho de la prensa que lo secundó, parece un poco artificial debido a su tiempo y selectividad.
Para llegar al grano: Ninguno de estos políticos está queriendo infligir una herida mortal en la administración Obama. Al colgar a los albatros de Rápido y Furioso del cuello de Obama se han tomado la molestia de expresar una preocupación pública sobre el continuo encubrimiento de La Casa de la Muerte- en la que un informante en la nómina del gobierno de los EUA tenía permitido ayudar con múltiples homicidios en México, todo para que el Departamento de Justicia, bajo un presidente Republicano, pudiera construir “un gran caso” en contra de un cártel del narcotráfico.
La “operación” de La Casa de la Muerte resultó en al menos una docena de homicidios en Juárez, México, entre agosto de 2003 y mediados de enero de 2004 con la ayuda de un informante en la nómina de la Agencia de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés). Funcionarios de altos mandos tanto del Departamento de Justicia y del ICE (que es parte del Departamento de Seguridad Nacional) aprobaron el uso constante del informante aún después de que se dieron cuenta de su participación en el comienzo de la tortura/asesinato de la La Casa de la Muerte.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados tiempo después en fosas en el patio trasero de una casa en Juárez después de que un agente de la DEA (Administración del Cumplimiento de Leyes contra las Drogas) y su familia apenas pudieron escapar de un viaje forzado a esta Casa de la Muerte.
Entre los oficiales de alto mando de la administración de Bush que sabían sobre las actividades homicidas de este informante estaban el Procurador General John Ashcroft y la Administradora de la DEA Karen Tandy.
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