PROCESO: A Slim, veto con fondo político Jenaro Villamil

A Slim, veto con fondo político Jenaro Villamil 

Una vez más, Telmex ha visto frustrados sus intentos por participar en el mercado de la televisión de paga. El gobierno de Felipe Calderón, por medio del Poder Judicial y de la SCT, bloqueó a la empresa de Carlos Slim debido a los intereses económicos y políticos que están en juego: el ingreso de la telefónica con sus más de 15 millones de suscriptores al mercado del triple play acabaría con la hegemonía de Televisa; además, el calderonismo necesita todo el apoyo que le pueda prestar este consorcio para posicionar al candidato panista al 2012 mediante la televisión abierta. 

La noche del domingo 29 de mayo, el magnate Carlos Slim ofreció una cena privada en honor a su invitada, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner. En medio de la tertulia, el empresario de telecomunicaciones abordó el tema que los convidados estaban esperando: la negativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al ingreso de Telmex al triple play, emitida apenas dos días antes, el viernes 27.

La SCT, en respuesta a una orden judicial, negó la petición del cambio de título de concesión de Telmex porque “no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia”, publicado el 3 de octubre de 2006, y porque la empresa no ha entregado “la información suficiente a la autoridad y la provisión de calidad para lograr una eficiente interconexión a terceros”.

Slim lamentó en esa cena la decisión de la SCT, pero reiteró que continuará con sus inversiones en México para ofrecer servicios de televisión restringida –calculadas en mil 500 millones de dólares en los próximos años– y advirtió que el gobierno de Felipe Calderón aún “no entiende que el desarrollo tecnológico y la convergencia nos llevará en unos años más a que ni siquiera sean necesarios los títulos de concesión”.

Los invitados, entre los que se encontraban Roberto González Barrera, accionista de Banorte y Grupo Maseca, y Lorenzo Servitje, propietario de Grupo Bimbo, escuchaban la disertación de Slim en un tema que le apasiona: el desarrollo de las redes de internet en banda ancha y sus posibilidades para formar capital humano.

Una semana antes de esa cena, el presidente Felipe Calderón se reunió en Puebla con los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec), organismo claramente orientado a los intereses de Televisa, y el jueves 26 de mayo recibió en Los Pinos a Emilio Azcárraga Jean, acompañado de los principales ejecutivos de la televisora, bajo el pretexto de premiar a los ganadores del concurso Iniciativa México 2010.

En esos dos eventos, los cableros y Televisa presionaron claramente al presidente de la República para que se pospusiera por el tiempo que le resta a su sexenio el ingreso de Telmex al mercado de la televisión restringida, la pieza clave para expandir los servicios de internet, audio y video (triple play) en todos los hogares mexicanos.

La televisión restringida llega a menos del 30% de los hogares mexicanos, a diferencia de la cobertura del 95% que tiene la televisión abierta. Datos de la consultoría Mediatelecom revelan que existen poco más de 10 millones de suscriptores, de los cuales más del 50% están abonados a alguna de las plataformas de Televisa (Cablevisión, Cablemás y TVI, en cable, y Sky, en televisión satelital). Al cierre de diciembre de 2010, Televisa concentró 5 millones 11 mil 950 suscriptores de televisión de paga, según los datos de la Cofetel.

Los cableros, Televisa y las empresas de telefonía competidoras de Telmex-Telcel han argumentado que el “monopolio” de Carlos Slim no ha cumplido con los acuerdos de interconexión, que ha utilizado el Poder Judicial para litigar las multas en su contra y que su ingreso al mercado de la televisión de paga le daría aún más poder al hombre identificado como el más rico del mundo.

Las razones para bloquearlo, según otros análisis y estudios sobre el tema, son de índole económica y electoral. El ingreso pleno de Telmex al mercado de televisión de paga representaría que un buen porcentaje de las actuales 15.6 millones de líneas de telefonía fija entre al mercado del triple play, desplazando el poderío de Televisa como productor y distribuidor de contenidos en televisión abierta y de televisión de paga. 

En los próximos dos años, advirtió un análisis de James Rivett, consultor de Banamex-Casa de Bolsa, los ingresos por publicidad y venta de suscripciones en la televisión de paga tendrán un crecimiento anual de 7% para convertirse en una industria de 11 mil millones de dólares, dada la convergencia con telefonía e internet. Y las dos televisoras no quieren que una parte de ese pastel sea compartido con empresas del tamaño de Telmex.

Tan sólo durante el 2010, las ganancias de Televisa y de TV Azteca, empresas que detentan 224 y 169 concesiones de televisión, respectivamente, fueron de 620 millones de dólares para Televisa y 230 millones de dólares para la empresa de Ricardo Salinas Pliego, según sus reportes bursátiles.

No menos importante son las razones político-electorales. El gobierno de Felipe Calderón necesita el apoyo de las pantallas de televisión abierta para el último tramo de su gobierno y para impulsar al candidato panista a la presidencia de la República. 

Entre esos precandidatos está el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Desde su posición, Cordero ha retrasado el plan de la Cofetel para licitar dos o tres cadenas de televisión digital en agosto de este año, así como fijar el pago de la contraprestación de Telmex para que ingrese al mercado del triple play.

Ola de multas

La decisión de la SCT se enmarca en una serie de multas y decisiones políticas que tanto la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) han aplicado en menos de dos meses contra Telcel y Telmex para prolongar el litigio jurídico.

Entre las multas más recientes están las dos de la Cofeco: una por mil millones de dólares en contra de Telcel por reincidencia en prácticas monopólicas al negar condiciones de interconexión; y la otra por 91.5 millones de pesos en contra de Telmex por negar interconexión a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), filial de Grupo Telefónica.

En ambos casos el equipo jurídico de Telmex-Telcel ha decidido acudir a los tribunales para defenderse frente a las sanciones del organismo antimonopolios. En el caso de la megamulta contra Telcel –la más alta aplicada en la historia de la Cofeco–, la empresa argumenta que el presidente de esta instancia, Eduardo Pérez Motta, debió excusarse de votar, ya que días antes emitió opiniones que “ponían en duda” su imparcialidad.

Previamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a principios de mayo que ningún juzgado ni tribunal federal pueden suspender las decisiones de la Cofetel con respecto a las tarifas de interconexión, por tratarse de un tema de “interés público”, definición clave adoptada por el máximo tribunal del país.

Según el analista Ernesto Piedras, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la consultoría CIU Intelligence, la resolución de la Suprema Corte sentó un “nuevo precedente en materia de regulación en telecomunicaciones, ya que por primera vez los operadores deberán sujetarse a las disposiciones de Cofetel y no podrán hacer uso de recursos que han utilizado previamente para suspenderlas”.

A partir de la resolución de los ministros, la Cofetel resolvió seis desacuerdos de interconexión entre operadores, fijando una tarifa de interconexión móvil para 2011 de 39 centavos por minuto, menor a la tarifa de 95 centavos que América Móvil-Telcel y Grupo Telefónica acordaron en diciembre de 2010.

Los litigios de interconexión forman una parte sustancial de la estrategia jurídica y política para retrasar el ingreso de Telmex al mercado de la televisión restringida, ya que forma parte de una de las condiciones del Acuerdo de Convergencia.

Este acuerdo, negociado a finales del gobierno de Vicente Fox para permitirle a las empresas de televisión restringida y a las de telefonía fija ingresar al mercado del triple play, incluyó un apartado que le impuso a Telmex tres condiciones para que pudiera cambiar su título de concesión: cumplir con acuerdos de interoperabilidad, portabilidad numérica e interconexión.

El punto décimo del Acuerdo de Convergencia estableció que la Cofetel debía dar a conocer el Convenio Marco de Interconexión en un plazo no mayor de 75 días naturales después de la entrada en vigor del acuerdo. Es decir, en diciembre de 2006, en los primeros días del gobierno de Felipe Calderón.

Un estudio de Mediatelecom Consulting destaca que “a casi cinco años de dicho acuerdo, la Cofetel aún no ha publicado el Convenio Marco de Interconexión. Esa demora ha perjudicado a Telmex y ha beneficiado a los operadores de cable, los cuales desde 2004 pueden ofrecer los servicios de internet y telefonía fija”.

Jorge Álvarez Hoth, impulsor del Acuerdo de Convergencia desde su posición como subsecretario de Comunicaciones en el foxismo, coincide con este análisis: “Telmex cumplió con las condiciones de portabilidad numérica e interoperabilidad. Desde 2008 comenzó a dar servicios de interconexión y no quedó claro el Convenio Marco de Interconexión”.

Para el exfuncionario, los recientes litigios tratan de “generarle condiciones de incumplimiento a Telmex para prolongar el cambio de su título de concesión”.

Sin embargo, advierte que “es inevitable” el ingreso de Telmex al mercado del triple play. Si bien esto no sucederá en los meses restantes del actual sexenio, “tarde o temprano Slim entrará a este mercado”.

En la última parte de su comunicado del 27 de mayo, la SCT dejó abierta la posibilidad de la negociación con la telefónica de Slim y advirtió que su decisión “deja a salvo el derecho de Telmex para que vuelva a solicitar la modificación a su concesión, debiendo al efecto acreditar los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, en particular los previstos en el Acuerdo de Convergencia”.

Arturo Elías Ayub, vocero la empresa, reiteró el pasado 31 de mayo que ésta continuará con las dos vías: el litigio jurídico para que se respete el amparo a su favor emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el 27 de abril último, y la negociación directa con la SCT “para saber en qué no hemos cumplido y que nos expliquen exactamente”.

Para el abogado de Telmex Javier Mondragón “los intereses de terceros” presionaron al titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, para que no responda favorablemente al amparo que obtuvo la empresa.

Mondragón insistió en entrevista telefónica que “ya se han dado todas las condiciones establecidas en el Acuerdo de Convergencia para el cambio de título de concesión” y que los principales adversarios en esta batalla son las compañías de televisión y sus aliados de las cableras y otras empresas telefónicas.

La sentencia a favor de Telmex estableció en su parte medular:

“Se concede el amparo para que el secretario de la SCT dé respuesta congruente y completa a la solicitud de las quejosas presentadas con fecha 18 de diciembre de 2009, de manera fundada y motivada, tomando en consideración que en el caso operó de pleno derecho a cargo de la Cofetel, la afirmativa ficta respecto de la opinión favorable de cumplimiento para que las restricciones contenidas en los títulos de concesión de las quejosas sean eliminadas”.

Para el especialista Ramiro Tovar Landa la resolución judicial “implica que Telmex ha cumplido con los compromisos del Acuerdo de Convergencia, por lo que los supuestos incumplimientos dejan de ser argumentos válidos para postergar la entrada de Telmex a televisión restringida”.

“La SCT está obligada a responder, y tendrá que ser a favor del cambio de título de concesión. En caso de que la respuesta sea negativa, la SCT tendrá que fundar, justificar el por qué no procedería el cambio al título de concesión”, argumentó Tovar, poco antes de que se conociera la respuesta de la dependencia.

“Nada personal”

El miércoles 1, el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, opinó por primera vez sobre la disputa con Telmex y afirmó que no es “nada personal” entre el gobierno de Felipe Calderón y la empresa de Carlos Slim.

“No, no, para nada. No la traemos contra nadie. Simplemente se aplica el marco regulatorio y queda abierta la posibilidad de que presenten nueva solicitud”, afirmó durante una gira por Guaymas, Sonora.

Pérez Jácome es el tercer secretario del ramo durante el gobierno de Calderón que se enfrenta a la disputa en el sector de telecomunicaciones. A partir de febrero de este año, con la campaña de spots televisivos en contra de Telmex y Telcel, y con la inserción de desplegados en prensa por parte de Grupo Carso, lo que era una guerra soterrada se volvió pública y abierta.

En medio de esta guerra, Felipe Calderón respondió así a la pregunta de Julianna Goldman, de la agencia Bloomberg TV de Nueva York, sobre sus diferencias con Slim:

“Realmente respeto a Carlos Slim, o a cualquier otra empresa mexicana, pero al mismo tiempo soy la autoridad y debo regular el mercado para evitar prácticas monopólicas”.

No hubo mención alguna del presidente a la autonomía de la Cofetel y menos de la Comisión Federal de Competencia, entidad responsable de combatir a los monopolios. Calderón tampoco se refirió a la concentración en el área de televisión abierta.

Apenas el 17 de enero de este año, el comisionado presidente de Cofetel, Mony de Swaan se pronunció a favor del cambio de título de concesión de Telmex. En conferencia de prensa afirmó: “No podemos seguir con barreras artificiales a la convergencia, y lo que tiene el título de concesión de Telmex es una barrera artificial de convergencia. Pero también necesitamos que la compañía haga un esfuerzo importante y muestre una actitud distinta en cuanto a tarifas de interconexión, eso es definitivo”.

El jueves 2, mediante un comunicado de la SCT, Calderón hizo saber hasta dónde llegan las atribuciones y la autonomía de la Cofetel. Tras 22 días de que dejara su cargo Rafael del Villar como titular de esa instancia, nombró en su lugar a Alexis Milo, economista egresado del ITAM sin experiencia previa en telecomunicaciones y que trabajó como secretario técnico del Gabinete Económico y de la Competitividad en la Oficina de la Presidencia.

Apenas un día antes, el miércoles 1, los nueve integrantes del Consejo Consultivo de la Cofetel –organismo honorario– dirigieron una carta pública al presidente exhortándolo a nombrar, en lugar de Rafael del Villar, a “un ciudadano que reúna las cualidades que claramente establece el artículo 9-C de la Ley Federal de Telecomunicaciones”, entre las cuales está el requisito de “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académico relacionadas sustancialmente al tema de las telecomunicaciones”.

¡AMLO 2012!