Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
MÉXICO, DF, 31 de mayo (apro).- A finales de diciembre de 2010, el acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
¡AMLO 2012!
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