Denuncia extorsión, atrapan a delincuentes… y lo matan
Staff
El Diario | 29-06-2011 | 00:15
Era mediodía cuando Armando Escobedo Sánchez, de 38 años, iba llegando a su tortillería y recibió varios disparos para morir de manera instantánea en la colonia Altavista.
Casi al mismo tiempo, en la Ciudad Judicial un Ministerio Público narraba ante el Tribunal de Garantía cómo el hartazgo de este comerciante lo hizo armarse de valor y denunciar a sus extorsionadores; fue así como la Policía Federal los arrestó y la Fiscalía General del Estado los llevó al proceso que ayer se celebraba al momento del asesinato del comerciante.
Las corporaciones policiacas omitieron proporcionarle protección a la víctima, lo que lo convirtió en blanco fácil de los agresores.
Hoy el comerciante es velado por su familia. Los supuestos extorsionadores Alejandro Palacios Cruz y Armando Serrano Cano fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión, mientras que los homicidas continúan libres.
“Es muy lamentable y triste la situación, fue una persona que valientemente denunció una extorsión. Habrá que investigar qué fue lo que falló antes de emitir algún juicio sobre fallas de la Fiscalía”, pidió Carlos González, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dijo que las corporaciones han recuperado la confianza de la ciudadanía que ha denunciado a los extorsionadores, por lo que últimamente han sido realizadas detenciones importantes.
“Lamentablemente los casos se ventilan públicamente y eso puede detonar que haya este tipo de represalias; las audiencias públicas pueden motivar a que los presuntos responsables o cómplices ubiquen a quien denunció, pero así están establecidos los procedimientos”, justificó.
Armando Escobedo Sánchez fue ultimado ayer poco después de las 12:00 horas en el exterior de la tortillería “Bolivia”, en la calle Hidrógeno, casi esquina con Acacias, de la colonia Altavista.
El cadáver quedó bocarriba. En la escena del crimen fueron asegurados 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
Durante el ataque, uno de los disparos impactó una línea de gas natural por lo provocó una fuga y el pánico entre los vecinos ante el peligro de una posible explosión. Hasta el sitio llegaron elementos de la empresa gasera que trabajaron de inmediato, mientras los peritos procedían al levantamiento del cuerpo y los policías resguardaban la escena del crimen.
Los vecinos afirmaron que el fallecido había cerrado la tortillería desde la semana pasada cuando fueron detenidos los probables extorsionadores y apenas ayer martes se presentó al local con la intención de reabrir, pues tenía varios empleados que necesitaban el trabajo.
Entre los trabajadores se encuentra un hombre cuyo hermano fue asesinado el pasado lunes 20 de junio en la calle Benemérito de las Américas y Valentín Fuentes, de la colonia Infonavit Casas Grandes.
El empleado relató a sus seres queridos que tenían miedo de seguir laborando, pero al mismo tiempo sus necesidades económicas se imponían, por lo que estaban dispuestos a continuar prestando sus servicios a Escobedo Sánchez.
De acuerdo con los datos aportados por la Policía Federal (PF), el jueves 23 de junio el comerciante denunció a un grupo de hombres que desde 2008 lo extorsionaba con más de 3 mil pesos de “cuota”, situación que lo hartó.
En un acto de confianza ciudadana llamó al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) 066 y pidió auxilio.
En una rápida intervención los agentes arrestaron a Alejandro Palacios Cruz y Armando Serrano Cano al momento en que pretendían cobrar una suma de dinero producto de la extorsión, según el comunicado de prensa emitido el día 24 del mes en curso.
Agregaba que los presuntos extorsionadores les proporcionaban números telefónicos a las víctimas para mantenerse en contacto y así evitar el incumplimiento de sus exigencias económicas.
Al momento del arresto, Palacios Cruz y Serrano Cano realizaban el cobro de la extorsión y tenían en su poder un equipo de telefonía móvil, dinero en efectivo, una bolsa de plástico que contenía mariguana y un vehículo Dodge Caravan, modelo 1998, color arena, con placas de circulación 124-SHW de Colorado.
Un fiscal de la Unidad Modelo fue el responsable de presentarlos ante un Tribunal de Garantía y ayer fue celebrada la audiencia de vinculación a proceso.
Durante la comparecencia fue ventilado el nombre y dirección de la parte acusadora, datos generales que también estaban contenidos en la carpeta de investigación que obra en poder de la defensa del imputado y del Ministerio Público.
Ante esta situación, el vocero de la FGE dijo que no se puede determinar que la agresión del comerciante sea una venganza por la denuncia realizada. Indicó que de momento la Fiscalía no contaba con el personal suficiente para brindar protección a las personas que denuncian este tipo de delitos.
“Aquí cabe hacer un llamado para que la gente observe medidas de seguridad y autoprotección una vez que denuncien”, puntualizó.
El asesinato del comerciante, ocurrido a una cuantas cuadras de la estación de policía Delicias, es el número 134 del mes y el mil 092 en lo que va del año, de acuerdo con el seguimiento periodístico que se lleva del delito de homicidio doloso, con base a los datos oficiales.
Vinculan a los acusados
Desde 2008, Armando Escobedo Sánchez había pagado hasta el pasado 23 de junio 238 mil pesos de “cuota”, y tras ver un anuncio en la televisión en el que invitaban a denunciar los delitos de extorsión decidió imponer su querella.
Antes de ser asesinado, esa declaración que hizo Escobedo al Ministerio Público fue presentada ante un juez de Garantía durante la audiencia que se dio ayer contra Alejandro Palacios Cruz y Armando Serrano Cano por el delito de extorsión al propietario de dos tortillerías.
Por este caso la jueza Yira Ochoa Contreras vinculó a proceso a ambos imputados al considerar que existían suficientes indicios para configurar un posible delito de extorsión.
Alejandro Palacios Cruz dijo dedicarse a vender hamburguesas, mientras que Juan Armando Serrano dijo ser despachador de una terminal de transporte público; a ambos se les acusa de ser los responsables de pedir dos mil pesos por concepto de derecho de uso de piso de las tortillerías Bolivia y Vianey a su propietario.
De acuerdo con las declaraciones de ayer, el pasado jueves Juan Armando Serrano Cano se molestó con el dueño de las negociaciones porque le entregó sólo mil 500 pesos, cuando lo acordado era que tenía que pagar dos mil por las dos tortillerías.
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