PROCESO. Multimillonarios recursos, pobres resultados Jorge Carrasco Araizaga

Multimillonarios recursos, pobres resultadosJorge Carrasco Araizaga

A partir de cifras oficiales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró el fracaso de la política de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón. El marcado incremento del gasto en esa materia, en especial en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna, no se ha reflejado en una disminución de los índices delictivos, a pesar de que México es ya el tercer país con más policías en el mundo.

En contraste, la delincuencia creció de manera notable en los últimos años en medio del manejo discrecional de los recursos, la falta de capacitación de las policías y ministerios públicos y la descoordinación entre las secretarías y dependencias encargadas de esa tarea, sobre todo para compartir sus bases de datos, según los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 dados a conocer en febrero último.

La ASF, órgano de la Cámara de Diputados, realizó cinco auditorías, tres a la SSP, por ser la responsable de la política de seguridad pública en el país, incluidas a la Policía Federal y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entidades que también administra García Luna; así como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que hace dos años pasó de la SSP a la Secretaría de Gobernación.

Y aun cuando no formó parte de ese paquete de auditorías, la ASF revisó también el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de seguridad pública, toda vez que recibe recursos para esa tarea, más allá de sus funciones de seguridad nacional. En 2009, por ejemplo, se le asignaron 2 mil 169 millones de pesos.

Además de detectar que la Secretaría de Hacienda permitió que la Sedena ejerciera ese presupuesto sin ajustarse a los parámetros establecidos para todas las secretarías, el órgano de control confirmó que en la institución a cargo del general Guillermo Galván no hay constancia de su colaboración con la SSP mediante el préstamo de efectivos y vehículos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.

De acuerdo con la evaluación de la ASF, México es uno de los países con más elementos policiacos en el mundo, con una importante participación de guardias privados. En 2009 sumaban 514 mil 638, incluyendo los federales, estatales y municipales. México ocupa ya el tercer lugar por el número de policías, incluso por encima de Estados Unidos en proporción de cada 100 mil habitantes. De ese universo, más de 30 mil 380 están adscritos a la Policía Federal, que al final del sexenio de Fox sólo contaba con 8 mil 730 efectivos.

Más significativo aún es el incremento de las fuerzas privadas de seguridad a lo largo del territorio nacional. Al momento de la revisión, constituían un ejército de 150 mil 137 hombres, 21 mil 639 más que el año anterior. La fuerza de las empresas privadas, cuya operación es autorizada por la SSP, supera con casi 100 mil a los efectivos del Ejército y quintuplica en número a los policías federales. En contraste con esa proliferación, la auditoría detectó un decremento de 19.6% en el Registro Nacional de Armamento y Equipo con respecto a 2008.

Delitos a la alza

El signo más característico en la política de seguridad pública de la administración calderonista ha sido el incremento de recursos económicos y de la fuerza policial, en especial de la Policía Federal, al tiempo que han aumentado los delitos federales, incluso en aquellos lugares donde se han realizado los operativos federales contra la delincuencia.

La SSP fue creada en 2001 por el gobierno de Vicente Fox, quien ese mismo año dejó en manos de García Luna la Agencia Federal de Investigación (AFI), que sustituyó a la Policía Judicial Federal de la PGR. Con la llegada de Calderón a Los Pinos, García Luna pasó a la SSP, desde donde ha impulsado la creación del mando único de la policía en México, mediante la unificación de las corporaciones policiales de los estados.

Entre 2001 y 2009, el presupuesto de la SSP se incrementó en 363.2% –a una tasa anual promedio de 21.1% –, mientras que los delitos lo hicieron en 201.2%, al pasar de 4 mil 412 a 13 mil 287 por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 14.8% al año, según las cifras de las Encuestas Nacionales Sobre Inseguridad elaboradas por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad y referidas por la ASF.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también admite el aumento de la delincuencia. En su Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7), elaborada en 2010 y citada por la ASF, establece que la tasa de crecimiento anual fue de 12%, al pasar de 4 mil 412 delitos por cada 100 mil habitantes en 2001, a 10 mil 935 en 2009.

Para 2008, a 10 años de la creación de la Policía Federal Preventiva –que durante la gestión de García Luna se convirtió en Policía Federal–, “la opinión de la ciudadanía sobre la prevención y el combate del fenómeno delictivo era que no había alcanzado los resultados esperados, dado el exacerbamiento del clima de inseguridad, ya que mientras en 2001 el 47% de la población nacional se sentía insegura en su entidad de residencia, para 2008 esa proporción se elevó a 65%”, observa la auditoría.

En el caso de los delitos federales, señala que el actual gobierno, a través del Programa Sectorial de Seguridad Pública elaborado por la SSP, se puso como meta llegar a 2009 con 104 ilícitos de ese tipo por cada 100 mil habitantes, pero la cifra se elevó a 121.8, menor que la registrada en 2007, cuando fue de 129.8.

A pesar del aumento de los delitos federales, las denuncias ante la PGR han disminuido desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República. Según la ASF, si en 2001 se denunciaban tres de cada 10 delitos, al final del gobierno de Fox sólo se denunciaba uno; la tendencia no ha variado con Calderón.

De acuerdo con la auditoría, entre 2007 y 2009 las denuncias de los delitos federales cayeron 3.1% por año, lo que mantiene la proporción de sólo una denuncia por cada 10 delitos.

En cambio, lo que sí ha aumentado es el número de detenidos por delitos federales, pero también se elevó la cantidad de personas que han tenido que ser liberadas por falta de pruebas. El resultado es que de cada 10 casos, sólo dos llegan a ser consignadas y una sentenciada.

El incremento de las detenciones bajo prisión preventiva se ha traducido en la saturación de las cárceles federales y estatales, pues de los 227 mil 457 presos que había en 2009 en todo el país por delitos del fuero común y federal, 94 mil 206 estaban en calidad de procesados. En el caso de los liberados de los penales federales, en siete de cada 10 la SSP, responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea­daptación Social (ODPRS), omitió el perfil de incidencia criminológica.

La ASF asegura que las omisiones de la dependencia a cargo de García Luna han tenido consecuencias sociales. La principal: “limitar” la política de seguridad pública del gobierno federal, lo que ha impedido “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

Malas cuentas

Al concluir la primera mitad del actual gobierno, la SSP había sido omisa también en generar estadísticas de los delitos no denunciados y de las tendencias históricas y patrones de comportamiento de la delincuencia. Según la ASF, tampoco había identificado la incidencia delictiva en ciudades específicas ni elaborado programas enfocados en delitos de alto impacto social, como secuestro, homicidios dolosos y robos con violencia.

Con base en las ENSI, indica que esas conductas ilegales crecieron en los primeros tres años del gobierno de Calderón. El secuestro fue el de mayor aumento (83.3%), al pasar de 0.6 por cada 100 mil habitantes en 2006, a 1.1 en 2009. En cifras absolutas significa que de unos 650 secuestros se pasó a cerca de mil 200 en el país, al menos los registrados oficialmente. Uno de los plagios de alto impacto más recientes fue el de Diego Fernández, quien permaneció en cautiverio durante siete meses del año pasado.

El segundo delito de alto impacto con más aumento (33.9%) fue el homicidio doloso, que pasó de 11.2 a 15.0 por cada 100 mil habitantes, mientras que el robo con violencia creció 31.6% al pasar de 140.8 a 185.3 por cada 100 mil habitantes. En el caso de los homicidios dolosos destacan los casi 35 mil muertos que ha dejado la declaración de guerra de Calderón a los grupos de narcotraficantes.

Para la ASF esas cifras demuestran que “las acciones realizadas por la SSP no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia” de ese tipo de delitos, pero tampoco ha tenido “resultados relevantes en la tarea de revertir la tendencia en los niveles de incidencia” de otras conductas delictivas. 

Por lo que atañe a las labores de inteligencia, el gobierno federal sostiene que ha privilegiado ese aspecto. De 2001 a 2009, la contratación de personal en el área de inteligencia de la Policía Federal (PF) aumento 26.7% cada año, contra 18.9% en el resto de la corporación. La ASF precisa que de 815 policías dedicados a esas labores en la Policía Federal Preventiva en 2001, se pasó a 5 mil 425 en 2009, ya como PF.

A pesar de su gran crecimiento, “la eficacia del área de inteligencia es marginal”, ya que sólo hizo mil 648 de los 15 mil 580 aseguramientos de personas realizados por la PF. Para la ASF, eso indica que la corporación aún “se encuentra en la fase reactiva de su operación” y no en la prevención de delitos. 

¡AMLO 2012!