Lunes 09 mayo de 2011
* Se vulneran las garantías individuales
* Calderón debe respetar la Constitución
* El gobierno evade su responsabilidad
En medio de la crisis de violencia y la incapacidad de un gobierno fallido que conduce el panista Felipe Calderón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es violada todos los días y muchos mexicanos consideran que llegó la hora de que el presidente renuncie.
A la letra y en los hechos, las garantías individuales consagradas en la Constitución prácticamente han perdido su fuerza y su valor porque el Poder Ejecutivo dejó de respetarlas. Los sentimientos de la nación hoy sangran y mueren lentamente. Se vive, de esta forma, bajo el control de un gobierno federal que ha dejado de cumplir con sus responsabilidades básicas y la situación, al final de esta administración – impugnada desde las elecciones de 2006 – no sólo resulta insostenible sino preocupante para el futuro de millones de mexicanos que han perdido casi todas sus libertades: el libre derecho de tránsito por el territorio nacional, las garantías de seguridad jurídica, la libertad de expresión y, sobre todo, el derecho a tener un futuro digno.
Los casi 40 mil mexicanos muertos y la falta de investigaciones e integración de expedientes por cada uno de ellos, sólo revela la impunidad y falta de justicia que vive el país, en donde la Constitución parece más estorbar a los gobernanetes en turno que hacer uso de ella para volver a la calma y seguridad social.
Las desapariciones forzadas de millones de personas y la falta de respuesta por parte del gobierno, marcaran a Felipe Calderón como un presidente omiso, negligente y obstinado con una guerra contra el crimen organizado que desde el inicio estaba destinada al fracaso.
En ese contexto el gobierno de Calderón ignora las garantías individuales de los mexicanos y deja al Poder Ejecutivo en una situación crítica y de repudio social, pues hoy como nunca el miedo, la inseguridad, la desconfianza y la violencia tienen a la población secuestrada.
A esa crisis hay que sumar la corrupción gubernamental que ha inundado a las instituciones porque lo importante, lo legal, ha dejado de tener importancia.
Hace dos años escribimos en este espacio que Felipe Calderón tenía la obligación moral y constitucional de aplicar en su gobierno y en su fallida estratégica contra el crimen organizado, el Artículo 29 de la Constitución, que establece claramente que, en caso de “invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación”.
La Constitución establece, sin embargo, que dicha suspensión deberá darse por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que ello se contraiga a determinado individuo. Llevamos casi cinco años de terror.
Pues mal, Felipe Calderón no asumió su responsabilidad y, como ha caracterizado a su gobierno, los agravios contra la población carecieron de esa declaratoria constitucional, le han permitido una y otra vez cambiar el discurso: ha pasado de la guerra a la batalla, de su responsabilidad asociada a la intervención del Ejército al deslinde de culpas hacia los gobiernos estatales y municipales.
Calderón ha perdido también la oportunidad de hacer valer la soberanía nacional al solicitar el aval y el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos, para combatir problemas nacionales generados por la permisividad del país más poderoso del mundo, frente a sus adictos y a su propio crimen organizado que envía armas a territorio mexicano para terminar con millones de mexicanos.
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