2 de mayo de 2011

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Lunes 02 de mayo de 2011
Aprueba ley policial contra lavado
Elude gobierno su responsabilidad
Sociedad delatora contra el crimen

Ante la ineficacia del gobierno federal para combatir el lavado de dinero y los constantes errores de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la integración de expedientes penales en contra del crimen organizado, el Congreso aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, la cual convierte a empleados de bancos, casas de cambio, a notarios, joyeros, gerentes de centros de juego y apuestas, y a agentes inmobiliarios, en brazos ejecutores de esta legislación, en agentes policíacos con claras responsabilidades y bajo amenaza de sanciones y cárcel hasta por 16 años.

Frente al gran problema de dinero sucio que inunda a la economía mexicana y los graves efectos que ha cobrado el crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón sigue errado y el único camino que ha encontrado es acudir a la población civil y restringir el efectivo en un país en donde el 90 por ciento de las transacciones aún se realizan sin acudir a medios electrónicos.

En el Senado de la República así lo reconocieron; sin embargo, también se genera un grave conflicto de interés que pone en riesgo la aplicación de esta ley. Por ejemplo, un empresario de la industria de las apuestas aseguró respecto a la iniciativa que analizó durante siete meses el Poder Legislativo: “nosotros no somos policías”.

Sin embargo, de no reportar transacciones superiores a los 200 mil pesos, como lo marca la Ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, se contemplan penas de hasta 16 años de cárcel para quienes no informen a la Secretaría de Hacienda de actos supuestamente ilegales de blanqueo de dinero.

Aunque algunos congresistas aseguran que se legisló sobre actividades y no sobre personas, las penas corporales sólo se aplican a sujetos acusados del delito tipificado y no a las empresas, como sucede en Estados Unidos.

Además, contempla multas de hasta 4 millones de pesos o el ciento por ciento del valor de la operación, y se prohíben transacciones en efectivo para compra de bienes inmuebles de más de 1 millón de pesos. Así, la SHCP se dedicará a perseguir a quién no informe lo que lo obliga la nueva Ley y dejará de lado, una vez más, el objetivo central: desarticular las redes financieras de los criminales.

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¡AMLO 2012!

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