Determina la Auditoría Superior de la Federación que se violó la Constitución y ley de deuda
Incierto destino del préstamo del BM por más de $19 mil millones
El crédito contratado en 2009 era para apoyar políticas que mitigaran efectos de la crisis mundial
No fue posible identificar proyectos o actividades a los que se destinarían los recursos, concluye
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 3 de abril de 2011, p. 27
Hace dos años el gobierno del presidente Felipe Calderón consiguió un préstamo especial del Banco Mundial (BM) por 19 mil 46 millones 196 mil 800 pesos para hacer frente a la crisis financiera, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que los recursos no tuvieron un destino específico, con lo que se violó la Constitución y la Ley General de Deuda Pública.
El Préstamo para política de desarrollo económico en respuesta a la crisis mundial se formalizó con el contrato 7814-MX el 3 de diciembre de 2009 con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, institución integrante del Banco Muncial, por un monto de mil 503 millones 750 mil dólares, que al tipo de cambio de 12.66 pesos de entonces se convirtieron en los ya más de 19 mil millones de pesos referidos, y con un plazo de amortización de 12 años con pago único de vencimiento.
El objetivo fue que el gobierno de México apoyara políticas económicas para mitigar los efectos de la crisis mundial y reforzar el marco a mediano plazo para la recuperación y el crecimiento económico, mediante un fortalecimiento del marco normativo, financiero y de seguimiento de la sostenibilidad fiscal y financiera, la eficiencia del mercado laboral y la liberalización del comercio.
Sin embargo, al revisar todo el proceso de negociación, autorización, contratación, administración y aplicación del total de recursos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consiguió en ese préstamo, la ASF concluyó que no fue posible identificar los proyectos de inversión o actividades productivas a los cuales se destinarían los recursos del financiamiento, como lo dispone el marco normativo constitucional y reglamentario para la contratación de la deuda pública externa.
Además, dependencias que debían participar en la implementación del préstamo no lo hicieron, y los montos contratados no significaron la obtención de recursos para ellas, como fue el caso de las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de la Banca (Condusef).
Tampoco se tuvo evidencia de que las autoridades hayan previsto los recursos que el préstamo generaría y que pudieran servir para pagarlo.
Por lo anterior, la ASF emitió un dictamen negativo contra dicho préstamo, que incluye cinco recomendaciones al Poder Legislativo y la SHCP a fin de que se presente una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Deuda Pública que regularice la situación de la Comisión Asesora de Financiamientos Externos del Sector Público.
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