Regio en Resistencia: Presunto Fascismo / Juan José Mena Carrizales

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Regio en Resistencia: Presunto Fascismo / Juan José Mena Carrizales
lunes 7 de marzo de 2011
Juan José Mena Carrizales
El ministro de la Suprema Corte argentina, Eugenio Zaffaroni, durante una conferencia a la que asistí en la Facultad de Derecho de la UNAM, habló sobre el “Nuevo Derecho del Enemigo”. Debido a las deficiencias de nuestros sistemas judiciales actuales, comenta el Sr. Ministro, nos encontramos que las cárceles efectivamente llenas de “presuntos delincuentes, pobres o tontos”.

Es decir, quien termina en la cárcel, es aquél que carece de los recursos para ejercer su derecho a la debida defensa o el delincuente que no tuvo la sagacidad de evadir la justicia.

Me sorprendió mucho escuchar esta “autocrítica” a los sistemas judiciales, viniendo no sólo de un abogado, sino de un titular de un Poder Público de un país latinoamericano. Es algo definitivamente, poco común en el gremio de la abogacía criticar al Poder mismo del cual se vive, y precisamente esta charla, me vino a la mente con la polémica suscitada con el documental “Presunto Culpable” y la censura a la que se le está sometiendo.

Si bien la película está diseñada como una telenovela, que no muestra de hecho todos los abusos y vejaciones que sufren los presos en lo que debieran ser centros de readaptación social, la película es particularmente valiosa ya que muestra todo el peligro que representa para el ciudadano común, tanto el sistema de procuración e impartición de la Justicia, atorados en un mundo de opacidad y por tanto de espacios de poder y decisiones judiciales tendientes a la arbitrariedad. Un poder judicial, que no dudamos en calificar de kafkiano, precisamente, recordándonos, la obra de “El Proceso” Franz Kafka.

Sin embargo, idealmente en el Estado democrático republicano, el derecho procesal viene a tener la función de resolver controversias entre particulares: se renuncia a la “vendetta privata”, a la capacidad de ejercicio de la justicia por mano propia y del “ojo por ojo, diente por diente”, y se le concede el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza al Estado. Se crea el “ius punendi”, el derecho a sancionar, el cual se le otorga al juzgador del Estado. El Derecho Penal tiene entonces el objetivo de salvaguardar el bien jurídico del “orden social”. De hecho, el ministerio público, órgano responsable de la investigación de los delitos penales en México, por irónico que suene el día de hoy, y a la vista de los casos como el presenta este documental, se le denomina comúnmente “representación social” en los procesos judiciales.

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