PROCESO: El “atrio privado” de la Basílica Rodrigo Vera

El “atrio privado” de la Basílica Rodrigo Vera 

Para construir la Plaza Mariana, junto a la Basílica de Guadalupe, la anterior administración capitalina desalojó a 250 locatarios de un mercado. Ellos siguen peleando por su reubicación o una indemnización y sus abogados narran a Proceso la serie de irregularidades cometidas para la edificación de la obra, en la que tienen metidas las manos Grupo Carso, la cúpula eclesiástica y hasta el gobierno del DF. Los litigantes refieren la probabilidad  de que se haya cometido un fraude multimillonario...

Con miras a emprender negocios multimillonarios se privatizó el terreno de 30 mil metros cuadrados en el que Carlos Slim construye la Plaza Mariana, a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe.

Esa privatización también tuvo el propósito de evitar que dicho terreno se convierta en patrimonio federal, como todos los templos y atrios del país que le fueron expropiados a la Iglesia en el siglo XIX y que ahora son bienes nacionales por disposición constitucional.

La Plaza Mariana no será parte de la Basílica de Guadalupe –patrimonio nacional– sino un ultramoderno mall manejado por Slim y el cardenal Norberto Rivera Carrera a través de la asociación civil Fundación Plaza Mariana.

El abogado Francisco Rivas, representante legal de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, que aglutina a 250 vendedores de La Villa, afirma a este semanario:

“Ya se privatizó el predio que en 2003 le regaló el gobierno capitalino a la Fundación Plaza Mariana y en el que ahora el empresario Carlos Slim construye la Plaza Mariana. El objetivo es meramente empresarial; hacer ahí negocio tras negocio.”

–Entonces, ¿es falso que será una ampliación del atrio y que tendrá fines religiosos?

–Eso es una falsedad. A golpe de vista la Plaza Mariana podrá parecer una extensión del atrio actual, como incluso se viene pregonando, pero no es así. Todo es una simulación, un engaño. En los hechos se trata de una propiedad privada con fines lucrativos. 

“Hagamos una distinción: el terreno del actual atrio, así como la nueva y la antigua Basílica, pertenecen a la nación, son propiedad federal como lo estipulan la Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales. A esa área incluso la resguarda la Policía Federal.

“¿Qué se hizo para que la Plaza Mariana no cayera en manos de la federación, como sucede con el resto de los templos? ¿Qué maniobra se usó para darle un fin empresarial? Pues simplemente se privatizó el área. Así de sencillo. Con la privatización se eliminaron las trabas que impiden hacer negocios. De manera que, por así decirlo, en la Basílica de Guadalupe vamos a tener un atrio público y un atrio privado.”

El abogado abre una carpeta, extrae los documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal con los que apoya sus afirmaciones.

En el folio real 1212226 se estipula que la asociación civil Fundación Plaza Mariana es la propietaria del terreno de 29 mil 534 metros cuadrados, el cual constituyó en “régimen de propiedad en condominio” ya que lo dividió en “4 unidades privativas”: un “columbario”, un “centro evangelizador”, un “museo” y un “mercado”.

No sólo eso. Ahí también se asienta que el 22 de diciembre de 2005 la Fundación Plaza Mariana constituyó “un fideicomiso con actividad empresarial” con el Grupo Financiero BBVA Bancomer, ante el notario público número 151, Cecilio González Márquez.

La Fundación Plaza Mariana –como “fideicomitente”– solicitó un préstamo a la institución bancaria –que quedó como “fiduciaria”– a fin de obtener recursos para la construcción de la plaza y dejó el terreno como garantía prendaria.

El 4 de julio de 2007 extinguió ese fideicomiso con Bancomer para abrir otro con el Grupo Autofin, con la misma finalidad: allegarse los “financiamientos que se requieran para sufragar los gastos y costos de la construcción de la Plaza Mariana”. Este acuerdo quedó suscrito ante el notario número 16, Francisco Fernández Cueto, según consta en el folio real número 1254506 del Registro Público de la Propiedad.

Rivas explica: “En este momento y según estas documentales públicas, ese fideicomiso con Autofin es legalmente el dueño del terreno y de las cuatro unidades privativas que tendrá la Plaza Mariana. Jamás se ha explicado por qué se extinguió el fideicomiso con Bancomer y se creó el de Autofin. Hay cosas que permanecen ocultas.

“La Fundación Plaza Mariana no tenía necesidad de recurrir a préstamos con las instituciones bancarias, pues lleva años recibiendo donativos de los fieles guadalupanos para realizar la construcción. Incluso abrió cuentas bancarias para recibir los donativos, que no sabemos a cuánto ascienden.

“Además está vendiendo por anticipado los miles de nichos que habrá en el columbario a más de 22 mil pesos cada uno, lo que le está dejando ingresos de miles de millones de pesos, cantidad muy por encima del costo de la obra, calculado en unos 700 millones de pesos.”

–En agosto del año pasado Carlos Slim dijo que donará la obra. Y ya la está construyendo. ¿Para qué entonces los préstamos bancarios, los donativos de los fieles y la venta anticipada de nichos?

–No sabemos a dónde van a parar todas esas cantidades multimillonarias, pues la obra la está construyendo el Grupo Carso, de Carlos Slim. Aunque no creo que el empresario haga la construcción desinteresadamente. Por algo es el hombre más rico del mundo. Él está metido en el negocio desde el principio. Sacará jugosas ganancias, no tengo ninguna duda. Hay maniobras muy turbias en torno a la Plaza Mariana.

Con fines mercantiles

Rivas insiste en que se trata de un negocio ilegal: “Es un negocio netamente privado, porque está en manos de una asociación civil y de una institución bancaria en un terreno privado. Y sus fines son mercantiles y empresariales desde el momento en que hay compraventa de nichos. Así de claro. No hay más. 

“Deberían decirlo abiertamente pero no lo hacen, manejan una publicidad engañosa que intenta hacer creer que la Plaza Mariana será una ampliación del atrio actual, una obra social para beneficio de los mexicanos, lo cual es falso. 

“Todo esto viola las disposiciones mediante las que en 2003 el Gobierno del Distrito Federal, concretamente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno, le donó ese terreno a la Fundación Plaza Mariana. Por ejemplo, el contrato de donación estipula claramente que el terreno y la obra deben tener un fin social.”

El abogado muestra el “contrato de donación” –celebrado el 21 de agosto de 2003 ante el notario 64, Luis Gonzalo Zermeño Maeda– donde se estipula que el gobierno capitalino dona el terreno para que ahí se haga “la ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe” mediante el proyecto Plaza Mariana, que “consiste en la edificación de: museo, estacionamientos, centro de evangelización, área de columbario bajo la concesión para la prestación del servicio público de cementerios, mercado público y área verde, con el objeto de generar un espacio urbano que conserve la dinámica de culto religioso y el carácter público de la zona”.

El contrato agrega que uno de los fines de la Fundación Plaza Mariana es “realizar la ampliación de espacios públicos en la Basílica de Guadalupe para mejorar la atención a los visitantes y reforzar la vocación turística y religiosa de dichos espacios”. La Fundación, recalca, tiene como objetivo “elaborar todo tipo de proyectos, estudios, consultas y opiniones requeridos para la realización de sus fines sociales”.

Y como en el área donada había un mercado público que fue demolido, el contrato estipula que debe construirse otro para reubicar a los locatarios, quienes ahora se instalaron en la calle. Dicho mercado lo cederá la fundación “a título gratuito a favor del GDF”.

Aclara en varias de sus cláusulas que están permitidas las donaciones, permutas, comodatos, compraventas, usufructo de bienes y otras operaciones que puedan darse, pero “sin que ello constituya un fin preponderantemente económico o especulación mercantil”.

El contrato da un plazo de dos años para construir la Plaza Mariana. De lo contrario la donación del terreno “será revocada” y éste pasará nuevamente a ser parte del “patrimonio del Distrito Federal”.

El acuerdo se celebró entre el Gobierno del Distrito Federal representado por el entonces oficial mayor, Octavio Romero Oropeza, y la Fundación Plaza Mariana, representada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, y por Diego Monroy, en ese tiempo rector del santuario.

Dice Francisco Rivas: “Ya de entrada hay dos violaciones flagrantes al contrato de donación. En primer lugar la Fundación Plaza Mariana no respetó el plazo de dos años para construir, que concluyó en 2005, por lo que ese año debió habérsele quitado el terreno.

“En segundo lugar, no se están dando los fines sociales estipulados, pues finalmente se privatizó el terreno y ya se le está dando un uso empresarial, al grado de que hasta Carlos Slim está metido en el negocio. 

“Es mentira que la Fundación Plaza Mariana tenga fines sociales o de beneficencia. Nunca ha hecho labor en ese sentido. En el fondo hay una simulación jurídica con la que se están ocultando los fines de lucro de la fundación.” 

Negocio columbario

–¿Dónde detecta el negocio?

Pedro Ulises Rivera, también abogado de la Organización de Comerciantes Emiliano Zapata y quien acompaña a Rivas en la entrevista, saca unas hojas con anotaciones y responde:

“Actualmente el gran negocio está en la venta de nichos. Al principio hablaron de que venderían alrededor de 100 mil, a 22 mil pesos cada uno, lo que representa ingresos por 2 mil 200 millones de pesos. Ahora ya dicen que pueden llegar a construir y vender 600 mil nichos. Esto les dejará 13 mil 200 millones de pesos. Sin contar los cobros que periódicamente harán por el mantenimiento y lo que ellos llaman el resguardo. 

“El aumento en su oferta demuestra que los están vendiendo como pan caliente, pues utilizan el anzuelo publicitario de que las cenizas de los muertos ahí depositadas estarán junto a la Virgen del Tepeyac. Para muchísimas personas esto es como ganarse el cielo por sólo 22 mil pesos pagados en mensualidades.

“Además, la Plaza Mariana tendrá locales comerciales donde los peregrinos pudientes o los turistas podrán comprar productos de marca. Los estacionamientos serán de cobro. A esos y otros negocios también podrá entrarle Carlos Slim, quien olfateó muy bien el dinero, pues la Plaza Mariana tendrá millones de consumidores cautivos.”

Los abogados hacen notar que por ley es a la federación a la que correspondía coordinar la construcción de la Plaza Mariana, pues los templos son patrimonio federal. Mencionan concretamente los artículos 27 y 130 constitucionales, así como los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, que regulan la materia.

“Hubiera sido mucho más sencillo que se le donara ese predio al gobierno federal para que éste se hiciera cargo del proyecto. Así se hubieran evitado muchos problemas”, dicen.

–A estas alturas ¿debería intervenir la federación?

–Suponemos que sí, pues a pesar de que el terreno es privado, colinda con un área de monumentos históricos, como la Basílica antigua y otras edificaciones coloniales que deben resguardarse del despiadado embate comercial que emprenden la Iglesia y Carlos Slim, a quienes sólo les importa el dinero. 

“Por desgracia la federación no ha hecho nada. Los encargados de cuidar el patrimonio nacional permanecen pasivos, viendo solamente cómo el Grupo Carso está construyendo la imponente mole de metal y concreto que será un mall con un barniz guadalupano.”

Proceso solicitó una entrevista con el responsable de atender los templos del país, el arquitecto Raúl Delgado Lamas, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero el arquitecto no quiso hablar. 

Los abogados Rivas y Rivera sostienen que Slim ha estado metido en el negocio de la Plaza Mariana desde un principio, a través de uno de sus “operadores”, el empresario Fernando Chico Pardo, quien formalmente sigue apareciendo como “tesorero” de la Fundación Plaza Mariana según el folio 56408 del Registro Público de la Propiedad.

También el GDF

De acuerdo con ese folio, el presidente de la fundación es Norberto Rivera y el secretario y apoderado es Diego Monroy. Como vocales siguen apareciendo José Agustín Ortiz Pinchetti, quien fue secretario de gobierno de López Obrador, y Julia Rita Campos de la Torre, que era la secretaria de Turismo de esa administración capitalina.

Rivas explica: “Los cargos de la fundación se repartieron entre la Iglesia, Carlos Slim y el gobierno capitalino pues la Plaza Mariana es un negocio acordado por las tres partes desde un principio. Fue un acuerdo cupular entre el cardenal, el empresario y López Obrador”.

–¿El gobierno capitalino también está metido en el negocio?

–Por supuesto. Es ese el motivo por el que dejaron fuera a la federación. Por eso mismo López Obrador le donó el terreno a la fundación. Y esta también es la razón por la que el gobierno capitalino no ha revocado la donación, como debió hacerlo por todos los incumplimientos e irregularidades que ya señalé.

–Sin embargo, entre los directivos de la fundación aparecen nombres de personas, como Ortiz Pinchetti y Campos de la Torre, que ya no son funcionarios del gobierno capitalino.

–Las personas aquí no importan. Esos exfuncionarios seguramente fueron sustituidos por funcionarios actuales del gobierno de la capital. Aquí lo importante es que esos mismos cargos siguen repartidos entre las tres partes. Respecto al gobierno capitalino, digamos que López Obrador le heredó el negocio a Marcelo Ebrard. 

–¿Sólo por esta deducción usted asegura que el gobierno de la Ciudad de México tiene participación?

–No. También tengo pruebas documentales. Por ejemplo, actas de asamblea realizadas por el Comité del Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino. Ahí ya se menciona que a cambio de la donación del terreno al gobierno capitalino le corresponde 30% de las ganancias que dejará la Plaza Mariana.

El abogado extiende sobre la mesa algunas de esas actas selladas y firmadas. Hablan de la construcción de la Plaza Mariana, de sus características arquitectónicas, de sus implicaciones legales y de las ganancias que tendrá el gobierno capitalino. 

Remata: “Estos documentos también explican por qué el Gobierno del Distrito Federal desalojó a la fuerza a los comerciantes establecidos que represento, quienes estaban en el área donada que no pertenecía al gobierno de la ciudad, sino a ellos”.

Los abogados Rivas y Rivera representan a los 250 locatarios de la Agrupación de Comerciantes Emiliano Zapata, desalojados violentamente por más de mil policías que abrieron paso a las grúas y retroexcavadoras que destruyeron los pequeños locales.

Esos comerciantes siguen litigando para recuperar sus espacios o para que se les indemnice. En el transcurso del litigio, los abogados han obtenido estos documentos reveladores entregados a Proceso.

Explica Rivas: “Por orden de un juez el gobierno de la ciudad nos ha ido entregando la documental pública con que contamos. Gracias a ella vamos entendiendo la magnitud del negocio de la Plaza Mariana… y el estorbo que representaban los pequeños comerciantes establecidos”.

–¿Se les entregará un mercado público a los comerciantes que aceptaron salir voluntariamente?

–Ellos no tienen ninguna certeza jurídica, como tampoco la tienen las miles de personas que están comprando los nichos de la Plaza Mariana y que deberían figurar como copropietarios y ser incluidos en el fideicomiso. 

–¿Se les está engañando?

–Sí, son víctimas de un engaño. Y todavía quedan muchos puntos oscuros sobre el gran negocio que representa la Plaza Mariana. Detrás de toda esa simulación está la presunción de un fraude multimillonario.

¡AMLO 2012!