PROCESO EDOMEX: La cooptación como estrategia Jenaro Villamil

La cooptación como estrategia
Jenaro Villamil

En el Estado de México los gobiernos del PRI han repartido cargos, favores y prebendas para desarticular y castrar a la oposición panista y perredista. Para ello el Grupo Atlacomulco cuenta con una red de complicidades que logró enquistarse en las dos últimas administraciones federales panistas. Así lo asegura Rubén Mendoza Ayala, excandidato del PAN a la gubernatura del Estado de México, quien sostiene que fue víctima de esas maquinaciones.

En marzo de 2005, al final de un debate radiofónico, Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, se le acercó en los baños de la estación a Rubén Mendoza Ayala, candidato por el PAN, su principal contendiente, y le propuso: “Vamos a reunirnos en casa de Enrique Jacob Rocha para ponernos de acuerdo, ¿no?”.
En entrevista con Proceso, Mendoza recuerda que él nunca acudió a esa reunión en el domicilio del viejo operador priista del Estado de México, cercano a Peña Nieto, pero “luego me enteré que sí asistió mi coordinador de campaña, Ulises Ramírez”.
Priista hasta 1996 y exalcalde de Tlalnepantla por el PAN entre 2000 y 2003, Mendoza aventajaba a Peña Nieto por más de nueve puntos en las encuestas de entonces. Inexplicablemente, su campaña cayó en picada, los escándalos se sucedieron y los medios lo acusaban de llegar tarde a sus eventos, y hasta le dieron el mote de El Feo, en contraste con el candidato priista. Acabó con 24.74% de los votos, frente a 40% de Peña Nieto.
 “Después de esa reunión, Ulises le ordenó a la estructura del Partido Acción Nacional que se retirara de la contienda de 2005”, acusa Mendoza.
–¿Lo corrompieron? –se le pregunta.
–No tengo las pruebas. Lo que sí sé es que desde entonces Ramírez es cercano a Peña Nieto y ha obtenido múltiples favores y contratos a su favor. Por ejemplo, su esposa Luz María Angélica Alatorre Carbajal fue nombrada, con los votos del PRI en el Congreso local, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Seis años después de coordinar la campaña de Mendoza, Ulises Ramírez, actual senador panista por el Estado de México, se inscribió el sábado 19 como precandidato a la gubernatura por Acción Nacional. Deberá contender contra Luis Felipe Bravo Mena, candidato a la gubernatura en 1993, y contra el exalcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles, precandidato a la gubernatura en 2004, quien fue derrotado por Mendoza.
Para Mendoza, Ulises Ramírez –quien fuera su protegido político y ahora es su principal adversario– es un “candidato cómodo” para Peña Nieto y buscará romper la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD.
“El gobierno del PRI en el Estado de México siempre ha buscado desarticular a la oposición a través de favores, contratos y complicidades. En esta entidad la oposición, tanto del PAN como del PRD, está castrada”, señala.
El 21 de enero de 2009, el PAN expulsó a Mendoza de sus filas, acusándolo de manejo irregular de las finanzas de ese partido. Al día siguiente, el 22 de enero, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del senador Ramírez, fue nombrada por la mayoría de los legisladores como magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Atizapán.
En declaraciones a los medios locales, Ramírez dejó entrever que el nombramiento de su esposa fue el resultado de una amplia negociación que incluyó cargos para figuras del PAN y del PRD en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM) y en el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).
Como parte de esa misma negociación, Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, fue elegida consejera electoral. Al mismo tiempo, el PRI y el PRD apoyaron al panista Norberto Hernández Bautista como presidente del IEEM a cambio de aprobar las propuestas priistas de Javier López Corral como secretario general del instituto y de Luz María Zarza como magistrada del Tribunal Electoral local.

Complicidades

En el recuento de su historia como candidato a gobernador de oposición, Rubén Mendoza señala que las complicidades entre el Grupo Atlacomulco, dominante en la clase política del Estado de México, se ramifican en los dos últimos gobiernos federales panistas.
En diciembre de 2004, seis meses antes de los comicios estatales del 3 de julio de 2005, Mendoza se entrevistó con el presidente Vicente Fox en Los Pinos. Para entonces, el margen de ventaja del PAN frente al PRI era de 14 puntos. Los escándalos de corrupción del gobierno de Arturo Montiel Rojas estaban generalizados en la entidad.
–No se meta en el desafuero de López Obrador porque nos va a afectar en el Estado de México. Hágalo después de las elecciones en el estado –le sugirió Mendoza a Fox.
Pero “Fox no me dijo nada. Cuarenta y ocho días después, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien apoyaba a Durán Reveles, su exsubsecretario, se metió al tema del desafuero y yo me voy varios puntos abajo”, lamenta el exalcalde de Tlanepantla.
“Después de hablar con Fox me entero que los hijos de Marta Sahagún recibieron contratos de Arturo Montiel para vender leche en todo el Estado de México por 300 millones de pesos”, advierte el expriista, quien fue invitado a afiliarse al PAN por Carlos Castillo Peraza durante su periodo como presidente del CEN blanquiazul.
Mendoza recuerda que cuando el PRI le interpuso una demanda por actos anticipados de campaña, a raíz de la contienda interna del PAN, le reclamó de nuevo a Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional de Acción Nacional, y a Creel, secretario de Gobernación, por su falta de apoyo.
–Vámonos al Tribunal Electoral, te va a dar más fuerza –le sugirió Creel.
Molesto, Mendoza le reviró: “¿Qué no entiendes que estamos tratando con delincuentes? El Grupo Atlacomulco está constituido por delincuentes”.
Otra anécdota de aquella campaña le viene a la memoria a Mendoza. Durante varias semanas le pidió al entonces dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, que le enviara una “figura fuerte”, como Carlos Medina Plascencia o el exgobernador Ernesto Ruffo, como su jefe de campaña.
En el restaurante Alfredo Di Roma, en la Ciudad de México, Manuel Espino le propuso que su coordinador de campaña fuera Ulises Ramírez, su propio sucesor como alcalde de Tlanepantla entre 2003-2006.
La campaña de Mendoza se vino abajo, pero Ramírez ascendió como coordinador de la campaña presidencial de Felipe Calderón en el Estado de México y ganó el escaño como senador para 2006-2012.
Ramírez hizo amistad con Juan Camilo Mouriño, la figura más influyente en el equipo de Felipe Calderón. En 2008, cuando Mouriño fue designado secretario de Gobernación, nombró a Ramírez coordinador de Asesores.
Desde esa posición, Ramírez pactó una alianza entre Peña Nieto y Mouriño para frenar el proyecto de redistritación electoral en el Estado de México –al cual se opuso el PRI– a cambio del apoyo del mandatario mexiquense al proyecto de reforma energética del gobierno federal que se impulsó ese año en el Senado.
En febrero de 2008, el proyecto de redistritación en el Estado de México pasó a mejor vida. Gracias al pacto con Mouriño, el grupo de Peña Nieto ganó oxígeno y pudo recuperar una mayoría casi absoluta en las elecciones federales y estatales de 2009.
Tras el avionazo que le costó la vida a Mouriño y al exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos en noviembre de 2008, Ulises Ramírez se reintegró al Senado.
Al registrarse como precandidato panista a la gubernatura, declaró que “de todas formas, si el PAN y el PRD no se unen, el PAN ha estado haciendo su trabajo, fortaleciendo estructuras, reforzando cada una de las regiones del Estado de México, y estaremos compitiendo con nuestras propia marca”.

El Tolucazgo

Buena parte de la oposición a la hegemonía del PRI en el Estado de México ha provenido de los propios exalcaldes, exlegisladores y exprecandidatos a gobernadores priistas, cuya fuerza radica en los municipios conurbados del Valle de México y que no forman parte del llamado Grupo Atlacomulco. En la entidad se les conoce como Los Tolucos.
Figuras como Rubén Mendoza o Mauricio Valdés, ambos expriistas, se pasaron a las filas de la oposición o fundaron partidos locales de oposición frente a la imposición de los cuadros políticos que forman parte de la dinastía política de Atlacomulco o que hicieron su carrera política en la capital de la entidad, Toluca.
Valdés, exsenador, exdiputado federal y exaspirante a la gubernatura, lo llama El Tolucazgo. Y argumenta, al ser consultado por Proceso, las disparidades existentes: 70% del padrón electoral del Estado de México proviene de los 24 distritos electorales que forman parte del Valle de México y que están conurbados al Distrito Federal (Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, principalmente); sin embargo, ninguno de los políticos priistas formados en estas entidades está en las primeras posiciones de poder en el gobierno de Peña Nieto.
El desbalance demográfico en el Estado de México provoca que para que un candidato gane en alguno de los 18 distritos del Valle Toluca-Lerma (Grupo Atlacomulco) es necesario un promedio de 180 mil ciudadanos por demarcación, pero en los 27 distritos del Valle de México –los de mayor presencia opositora– se requiere un promedio de 364 mil ciudadanos por distrito.
Por ejemplo, en el distrito de Santo Tomás de los Plátanos, controlado históricamente por el PRI, un candidato a diputado puede ser elegido mediante 60 mil votos, pero en los distritos de Coacalco o Ecatepec requiere más de 350 mil sufragios.
Un estudio elaborado por el Instituto Electoral del Estado de México revela que sólo siete de los 45 distritos electorales de la entidad cumplen con la regla del “equilibrio demográfico”, es decir, aglutinan a poco más de 291 mil habitantes por distrito.
Los 38 distritos restantes están fuera de la normatividad. Los municipios más difíciles por su crecimiento son los de Tultitlán, Tlanepantla, Texcoco, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Cuautitlán México, Amecameca y, sobre todo, Chicoloapan, que registra una tasa de crecimiento demográfica mayor de 17%.
Con esos desequilibrios, afirma el estudio del IEEM, se favorece la creación de una “mayoría artificial” en el Congreso mexiquense a favor del PRI, ya que es el partido que triunfa en aquellos municipios “subsidiados” y con menos empadronados de los que establece la ley.
En el seno del IEEM se impulsó, entre 2007 y 2008, un proyecto de redistritación que fue frenado por el gobierno de Peña Nieto. Exconsejero electoral e impulsor de ese proyecto, Bernardo Barranco recuerda que uno de los principales opositores a la redistritación fue Bernardo García Cisneros, exsecretario general y exconsejero del IEEM, el mismo que aparece en un video grabado en un mitin en Chalco donde da órdenes, como funcionario de gobierno, para ir por aquellas secciones y distritos de voto opositor en la zona conurbada al Distrito Federal.
“García Cisneros es maestro de los actuales consejeros electorales estatales que se oponen sistemáticamente a la redistritación. Él pertenece a la línea dura de Los Tolucos.
“Lo que vamos a ver en estas elecciones es un aparato de gobierno diseñado para la cooptación clientelar y que en este momento está orientando todas sus baterías a la operación electoral. Es una operación sistemática. Y esto es la esencia del poder de Los Tolucos”, resume Barranco.

¡AMLO 2012!