PROCESO: Duarte, administrador del desastre Regina Martínez //EL VERACRUZ QUE DEJO EL NEGRO FIDEL

Duarte, administrador del desastre
Regina Martínez


Tres meses después de asumir la gubernatura de Veracruz, el priista Javier Duarte apenas empieza a hacer consultas regionales para establecer su plan de gobierno. Diputados opositores afirman que la nueva administración se ha dedicado a repetir las explicaciones que Fidel Herrera daba sobre el quebranto financiero del estado –culpando a los huracanes y a las calificadoras internacionales– y a encubrir la desastrosa gestión del exmandatario, que además impuso a muchos integrantes del nuevo gabinete.

XALAPA, VER.- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa sigue atrapado en la red de complicidades que lo apoyó para llegar al poder y paralizado por el desfalco financiero que le dejó su antecesor, Fidel Herrera Beltrán, lo que se manifiesta en el estancamiento económico y social del estado.
La actual administración entró en funciones el 1 de diciembre de 2010 y todavía no cuenta con un plan de gobierno. Durante tres meses se ha dedicado a “tapar” el quebranto financiero, que a juicio de la oposición supera los 40 mil millones de pesos.
Duarte llegó al poder sin proyecto de gobierno ni para atender las prioridades sociales mientras se estructura el plan de desarrollo del sexenio. Y las consultas regionales para este propósito se iniciaron en los últimos días de febrero, dicen diputados del PAN y del PRD.
Con un gobernador sin margen de maniobra, al que Herrera le impuso a gran parte de su gabinete, Veracruz enfrenta una de las peores crisis de su historia. Por ahora intenta elevar sus ingresos con nuevas tasas impositivas, pero los reclamos por adeudos no paran.
La nueva administración insiste en que los desastres naturales de septiembre y octubre de 2010, el huracán Karl y la tormenta tropical Mathew “agravaron” la situación financiera del estado por las necesarias obras de reconstrucción, un argumento que ya había utilizado Herrera.
Sin embargo, ocho meses después de aquellos desastres, basta recorrer poblaciones como El Cascajal, El Salmoral y San Pancho, municipio de La Antigua, para constatar que los afectados siguen viviendo en casas de campaña, ya que, según el alcalde Arturo Navarrete, “por cuestiones técnicas y administrativas no avanza la reconstrucción”.
El pasado miércoles 2 Navarrete admitió que la reconstrucción de su municipio sólo ha avanzado 10%, por lo cual alrededor de 180 familias dormían a la intemperie. “Esto es preocupante ante la cercanía de la temporada de lluvias”, explicó.
A finales de diciembre de 2010, en las reuniones para convencer a los diputados locales de “reestructurar” el Presupuesto de Egresos para 2011 que Herrera Beltrán envió un mes antes, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Tomás Ruiz González, abordó el tema:
“La reconstrucción del estado, a la que obligan los daños ocasionados por los últimos acontecimientos meteorológicos, exige destinar mayores recursos para las obras de infraestructura y acciones orientadas al fortalecimiento de la economía de las zonas afectadas.”
Ruiz no sólo pidió que los diputados aprobaran los casi 82 mil millones de pesos del presupuesto, sino también medidas adicionales “para aumentar la base gravable”, entre ellas la derogación parcial del subsidio a la tenencia vehicular aprobado por la anterior Legislatura.
El secretario se quejó de la endeble situación financiera del estado, “al sufrir una continua baja en la calificación de su riesgo crediticio por parte de las agencias calificadoras desde mediados de 2009”. Detalló que en sus consideraciones los analistas financieros “han destacado el deterioro de la estructura presupuestal del estado, debido principalmente a las crecientes erogaciones en gasto corriente y al incremento sustancial de la deuda a corto plazo, lo que ha limitado fuertemente la liquidez”.
En estas condiciones, subrayó, “el perfil financiero de la entidad continuará bajo fuertes presiones durante 2011”, pero sobre todo la secuela de los desastres naturales “ha venido a agravar una inercia en el gasto corriente que presiona el balance fiscal y amenaza la suficiencia de recursos, por lo que observamos que han disminuido los márgenes de maniobra para atender una eventualidad futura”.
En contraparte, Ruiz González se comprometió a reducir el gasto corriente en 6 mil millones de pesos e incrementar los ingresos propios a través de la ampliación de la base del impuesto sobre nómina, eliminar la exención del gravamen para fomento educativo y reducir el relativo a la tenencia vehicular, entre otros, con lo que se pensaba obtener 4 mil millones más.
Finalmente, el presupuesto estatal para 2011 fue aprobado el 27 de diciembre con el voto dividido de los panistas, el rechazo de Convergencia y el aval del PRD, Nueva Alianza y, por supuesto, del PRI. A cambio, Duarte prometió aplicar un plan de austeridad y cuantificar el monto real de la deuda pública que dejó Herrera Beltrán para informarlo al Congreso.
No obstante que los diputados autorizaron los nuevos impuestos y las iniciativas para derogar el subsidio a la tenencia vehicular de manera parcial (sólo pagarían los dueños de autos con un valor en factura superior a 230 mil pesos), hasta la fecha ignoran la magnitud de la deuda pública de Veracruz.
Donaciones a empresarios

Consultado al respecto, el legislador local panista Óscar Lara Hernández subraya que en estos tres meses el gobierno de Duarte “no ha hecho nada” y se ha limitado a cubrir la problemática financiera, “pues con tecnicismos” ha insistido en que la deuda pública asciende a casi 10 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero el quebranto financiero es más grande, afirma, ya que implica el monto reconocido por la SHCP más obligaciones de 7 mil 500 millones por la bursatilización del impuesto vehicular, 6 mil 800 millones que aprobó la anterior Legislatura para colocar en el mercado bursátil las participaciones federales durante los próximo 15 años, y la contratación de una línea de crédito por 10 mil millones autorizada a inicios de noviembre pasado.
Esto ya suma alrededor de 40 mil millones de pesos, “pero esta cantidad podría ser rebasada por otros adeudos que están saliendo a la luz pública”, dice, y cita los casi 4 mil millones de las cuotas aportadas por los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y los 10 mil millones que le debe a empresarios de la construcción, contratistas y prestadores de servicios.
Hasta hoy, subraya, se desconoce el destino de los 10 mil millones de pesos aprobados en noviembre para la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes; sólo “sabemos que parte del dinero se ha utilizado para el pago de adeudos, pese a que se etiquetó para obras específicas”.
Por eso, indica, si no hay obra en Veracruz es por los problemas financieros del gobierno y porque más de 50% del presupuesto se va a gasto corriente, 40% se utiliza para pagar el servicio de este quebranto, y el 10% restante para promover la imagen del gobernador en los medios de comunicación, apunta el diputado panista.
En consecuencia, el desarrollo económico y social de Veracruz está paralizado, ya que el gobierno tampoco le ha pagado los adeudos correspondientes a los empresarios, que son los generadores de inversión y de empleo y quienes por falta de liquidez pueden cerrar establecimientos comerciales y empresas.
El exdiputado Sergio Vaca Betancourt, de Convergencia, considera que “Veracruz se encuentra en las peores condiciones de su historia. Prevalecen el caos, la inseguridad, una procuración de justicia deficiente que actúa de mala fe, un Poder Judicial maniatado y algunas instituciones quebradas, como el IPE”.
También él opina que en los tres primeros meses del gobierno de Duarte no se nota el trabajo de ninguna dependencia, ya que sin dinero nada se mueve. Lo peor, dice, es que “hay un manto de impunidad, ya que a estas alturas el actual gobierno debió haber denunciado, aprehendido y procesado a Fidel Herrera Beltrán”.
También el Poder Judicial del Estado salió raspado con las irregularidades de Herrera Beltrán, ya que éste impuso a “magistrados inútiles”, como Edel Álvarez Peña, que trabajó solamente un día por semana en la Séptima Sala y “dispuso del dinero que le aprobó la LXI Legislatura”, acusa Vaca Betancourt.
El legislador y abogado recordó que a finales de 2007, cuando la LXI Legislatura de la que era parte iba a aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2008, él impulsó que se aumentaran los recursos al Poder Judicial, de 750 millones a mil millones de pesos, “debido a las graves carencias que enfrentan los juzgados”.
La propuesta se aprobó, “pero luego me extrañó que, teniendo un incremento de 33%, sólo se haya adquirido algo de mobiliario y aumentado las percepciones de los magistrados y jueces, mas no el de los empleados del Tribunal Superior, los juzgados civiles y los penales de todo el estado”.
Recuerda que un año después se consiguió un aumento de 15%, equivalente a mil 150 millones de pesos, al mismo poder, “pero tampoco se observaron mejorías, pues en  los juzgados civiles no había ni sillas donde sentarse durante las audiencias y los empleados se quejaban de sus bajos salarios”.
En 2010, al ver que en el Presupuesto de Egresos nada más se destinaban mil 120 millones de pesos al Poder Judicial, es decir 30 millones menos que en 2009, “pasé a la tribuna para oponerme, pero el PRI me respondió que el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Reynaldo Madruga, había solicitado menos dinero”.
Relata que “a principios de febrero pasado algunos magistrados me confirmaron que Fidel Herrera, que devastó a Veracruz, se había llevado buena parte del presupuesto del Poder Judicial y de 2007 a 2010 no entregó 700 millones de pesos”.
Esto lo supo “a toro pasado”, porque en su momento “nadie reclamó” y fue hasta finales de diciembre de 2010 cuando Duarte “abonó 210 millones de pesos; pero siguen perdidos 490 millones, dinero que Fidel desapareció en el aire”. Con todo, el Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) “no observó ninguna irregularidad”.
Por eso acusa al Orfis de encubrir al exgobernador, que “jineteó” los recursos de otro poder autónomo y que al revisar las cuentas públicas de 2007 a 2009 reportó “que todo estaba bien, que manejó el dinero, cuando todos sabemos que Fidel Herrera devastó al estado peor que los huracanes”.
Ahora Duarte poco puede hacer, ya que Herrera le impuso a la mayoría de los integrantes de su gabinete, como el expanista Gerardo Buganza Salmerón, secretario de Gobierno, “a quien no quieren tirios ni troyanos”; y a Sergio López Esquer, quien repite en Seguridad Pública a pesar de lo que el diputado Vaca Betancourt considera “su incapacidad” para el cargo.
Compara este caso con el de Reynaldo Escobar Pérez, quien fue secretario de Gobierno y ahora, como subprocurador, desempeña funciones de procurador de Justicia ilegalmente, “ya que constitucionalmente está impedido” de hacerlo por haber ocupado un cargo público poco antes de su actual nombramiento.
Vaca Betancourt fue uno de los diputados que acusó a Herrera Beltrán de que en las postrimerías de su gobierno regaló terrenos y edificios del estado a particulares y asociaciones de reciente creación “y dudosa procedencia”.
Según el también exdiputado panista Federico Salomón Molina, entre 2007 y 2010 Herrera Beltrán “regaló” 82 inmuebles a particulares, y en los últimos meses de su sexenio “donó” 60 terrenos y edificios, “seguramente como pago de facturas políticas pendientes”.
Los dictámenes correspondientes fueron aprobados por la mayoría priista de la anterior Legislatura veracruzana, pero en ellos “nunca se especificaron los avalúos”, por lo que es difícil cuantificar las pérdidas. Con todo, “hay algunos que deben tener un valor muy importante, como el edificio que le donó a la Liga de Comunidades Agrarias del PRI, que debe valer entre 30 y 40 millones de pesos”.
En la penúltima sesión de aquella Legislatura local, el 3 de noviembre de 2010 el PRI incluyó en un solo dictamen la donación de 15 inmuebles a supuestas asociaciones civiles y empresas inmobiliarias de reciente creación para que construyeran casas de interés social.
Con ello, Herrera benefició a la asociación civil Pronatura, que preside el empresario Mauricio Ruiz Galindo, con una superficie de más de una hectárea del ejido Emiliano Zapata, en Xalapa; a la Inmobiliaria de Culiacán, le donó un terreno de 15 mil metros y otro de 22 mil metros cuadrados en la colonia Sumidero de la capital del estado, mientras que a la inmobiliaria D&B, se le otorgó una parcela de 4 hectáreas en Poza Rica.
A esto se opusieron los diputados del PAN, PRD, PT y Convergencia, quienes exigieron al entonces gobernador que transparentara las donaciones y propusieron que en lugar de “desmantelar el patrimonio estatal en beneficio de particulares, mejor vendiera esos terrenos para saldar las deudas pendientes”. Por supuesto, el mandatario no escuchó estas objeciones.
A pesar de que durante su sexenio ejerció un presupuesto global por más de 420 mil millones de pesos, Herrera dejó quebradas las finanzas porque “no tenía llenadera”, señala el exdiputado federal Eduardo de la Torre Jaramillo.
Critica que Veracruz “sigue estancado en la pobreza” al ubicarse en el cuarto lugar nacional en el índice de marginación y desarrollo humano, “pero el nuevo gobierno decidió privatizar las ganancias y socializar los costos” de la deuda de más de 40 mil millones que dejó Fidel Herrera.
El hecho de que el gobierno de Duarte haya arrancado sin plan de trabajo y 85 días después anunciara los foros de consulta para el Plan Veracruzano de Desarrollo “significa que no hay rumbo, que (los nuevos funcionarios) no tienen la mínima responsabilidad… y en cambio Duarte ha evidenciado que le gustan más los viajes, como el que hizo a Nueva York la primera semana que tomo posesión del cargo”, precisa.
A su vez, el legislador local perredista Rogelio Franco Castán coincide en que “Fidel mintió al pueblo, ocultó la realidad al asegurar que la merma de las finanzas del estado es resultado de los desastres naturales, cuando el responsable del despilfarro y el desorden administrativo fue el ciclón sexenal del fidelato”.
Hasta el último momento de su mandato, Herrera “no se inmutó para decir que dejaba finanzas sanas y una bolsa de más de 6 mil millones de pesos en caja. Hubo quienes aplaudieron y lloraron de júbilo ante tamaña mentira, y bien haría Duarte en confesarle al pueblo que la crisis financiera de Veracruz es resultado del mal manejo del dinero”.


¡AMLO 2012!