PROCESO: Su crimen: denunciar al gobernador Sabines Isaín Mandujano y Rodrigo Vera

Su crimen: denunciar al gobernador Sabines
Isaín Mandujano y Rodrigo Vera


En México sigue siendo un crimen hacer una denuncia, sobre todo si ésta tiene base legal y arruina los planes de un gobernante. Exactamente esto ocurrió cuando el abogado Horacio Culebro se atrevió a interferir jurídicamente con la intención del mandatario chiapaneco, Juan Sabines, de cancelar unas elecciones locales para mantener en el cargo a funcionarios afines a él. Desde entonces la procuraduría del estado le inventa cargos para retenerlo en la cárcel, obstaculiza su defensa, permite que lo acosen los reos...

COPAINALÁ, CHIS.- Recluido en el penal de mediana seguridad de esta localidad, a unos 80 kilómetros de  la capital del estado, este mes se cumple un año de la persecución al abogado y cofundador del PRD Horacio Culebro Borrayas por desafiar jurídicamente al gobernador Juan Sabines Guerrero.
En su edición 1731, del 3 de enero de 2010, Proceso reveló en el reportaje El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras cómo el mandatario chiapaneco pretendió cancelar los comicios locales para elegir a 40 diputados locales y 118 presidentes municipales, a fin de reelegir a los funcionarios que ya se habían alineado con su administración.
Culebro Borrayas fue uno de los principales impugnadores de los decretos que Sabines Guerrero y sus operadores políticos trataron de ocultar para que ningún recurso jurídico los echara abajo. El litigante y exdiputado local urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a que interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Sabines.
Fue más allá: demandó penalmente al gobernador y a los 40 diputados locales por falsedad de declaraciones, ya que negaron la existencia de los decretos para cancelar las elecciones.
Entrevistado en la prisión, enfatiza que la aberración jurídica cometida por el Ejecutivo fue tal, que el 15 de febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley Sabines por ocho votos a favor y tres en contra, y ordenó realizar los comicios locales. Dos de los tres ministros que votaron a favor de la Ley Sabines son chiapanecos: Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández. Y éste a su vez es padre del amigo y excolaborador de Sabines, Jaime Valls Esponda.
Aunque los opositores, especialmente los precandidatos a alcaldes y diputados, celebraron la revocación de la Ley Sabines, esto marcó el inicio de la persecución de Culebro Borrayas. Dos días después de que la SCJN diera su fallo, el 17 de febrero, policías estatales interceptaron al abogado y lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde lo interrogaron durante 10 horas. En esa ocasión lo liberaron.
Sin embargo, el 24 de febrero lo detuvieron de nuevo. De los separos de la PGJE lo trasladaron a la casa de arraigo ubicada en la Quinta Pitiquito, en el tramo carretero que comunica a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo.
Ese día empezaron la tortura psicológica y el acoso judicial. El maestro en derecho constitucional no sabía de qué lo acusarían y se sorprendió cuando le notificaron que estaba preso como presunto responsable del homicidio del líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en el municipio de Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, quien fue acribillado por un gatillero en 2009.
Culebro Borrayas trabajó de forma temporal con la minera canadiense BlackFire Corporation, a la cual pertenecían empleados implicados en ese homicidio, y la PGJE intentó atribuirle la autoría intelectual.
El abogado pasó 20 días arraigado, pero no le fue difícil obtener un amparo federal contra esa acusación, que sólo era “una  triquiñuela judicial” –como él dice– para castigar su osadía de enfrentar a Juan Sabines.
Sin embargo, considera que detrás de esa maniobra gubernamental estaba el entonces subsecretario general de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, quien a mediados de 2009, en una reunión con ejecutivos de la empresa canadiense, prometió que “arraigaría” o “eliminaría” a Abarca Roblero para que los dejara explotar un yacimiento de barita en las comunidades de Chicomuselo.
Así sucedió. Abarca fue arraigado por varios días en agosto del mismo año. Poco después interpuso una denuncia penal por amenazas de muerte, que nunca prosperó, y el 27 de noviembre fue asesinado.
Cuando Culebro Borrayas estuvo arraigado, compareció ante un juez del ramo penal como testigo de descargo a favor de otro presunto autor intelectual del homicidio de Abarca Roblero: el exdiputado federal priista Walter León Montoya. Éste vive ahora en arraigo domiciliario pero se ha negado a comparecer como testigo en favor del abogado perredista.
Justo el día en que el litigante debía salir libre en virtud del amparo federal, el 16 de marzo de 2010, sorpresivamente se le notificó de una nueva orden de aprehensión por el delito de “ecocidio”. De inmediato fue llevado al penal número 15 de Copainalá, unos 80 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez.
Desde entonces permanece ahí. El juez mixto de Copainalá le instruyó el procedimiento 62/2010 porque la PGJE lo acusa de haber derribado, en 2008, “17 mil 671.48 árboles” (sic), pinos y encinos, para abrir un camino de terracería a través de siete hectáreas.
Al respecto, Culebro Borrayas sostiene que jamás ha desempeñado otra actividad profesional que la abogacía desde hace 27 años. Añade que su contrato con la empresa supuestamente involucrada en el delito comenzó en junio de 2009 y que sólo duró poco más de tres meses porque no se respetaron sus honorarios. En cambio, la PGJE sostiene que la tala de los árboles se realizó en 2008 y ni siquiera ha podido comprobar que la zona estaba arbolada, ya que desde hace muchos años es árida.
Aunque el delito no se le ha comprobado del todo, el perredista y  exfuncionario del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal durante la jefatura de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas sigue preso. Y para evitar que vuelva a salir libre, la PGJE le instruyó otro procedimiento, este por el delito de falsedad en declaraciones, porque supuestamente en una declaración que hizo ante el juez dijo que no conocía a un hermano de Mariano Abarca que contendió con él por un cargo de elección popular en el municipio de Villacorzo.
Denunciar estas flagrantes violaciones a la ley no ha bastado para que actúe la PGR, ante la cual Culebro Borrayas interpuso una denuncia contra Sabines, que nunca procedió. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni siquiera le dio trámite a la queja que el abogado interpuso en abril de 2010, pese a que la Cámara de Diputados la exhortó a que lo hiciera.
Desde la prisión ha enviado cartas y solicitudes de apoyo político, jurídico y hasta económico a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, a su exjefe Cuauhtémoc Cárdenas, a Dante Delgado Rannauro, a Marcelo Ebrard y otros personajes de la izquierda que conocen su trayectoria y militancia, pero nadie le ha respondido.
Sólo cuenta con su hermano Artemio, quien le ayuda a realizar trámites judiciales fuera de la prisión, pero también ha sido retenido durante varios días en la casa de arraigo de la PGJE a fin de obstaculizar la defensa jurídica que Horacio lleva a cabo por sí mismo.
En vista de esta situación, en octubre pasado el litigante se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que levantarla a petición de amigos y familiares, quienes se alarmaron porque tiene diabetes y su vida estaba en riesgo.
Para completar el cuadro, en el penal es acosado permanentemente. Por ejemplo, al saber que muchos reos se hacen llevar teléfonos celulares, Culebro Borrayas se hizo de uno; pero el pasado 4 de enero unos celadores se lo requisaron en su celda y le dieron una golpiza que le dejó moretones y dolores musculares por las noches. Un actuario del Juzgado Segundo de Distrito dio fe de los efectos de esa agresión el 7 de enero.
Con estos antecedentes, al abogado y a sus familiares les preocupan seriamente las amenazas de muerte que le han lanzado los internos, él supone que por encargo de los directivos del penal.
Culebro Borrayas es apoyado por su amigo, el conocido abogado Javier Livas Cantú, para denunciar las injusticias de su caso en el resto del país, sobre todo entre políticos y medios de comunicación.
En una carta a Proceso, Livas Cantú sostiene que el gobernador Juan Sabines está “empecinado en cobrarse la afrenta” de no salirse con la suya.
Y agrega: “Culebro Borrayas es un verdadero demócrata y sin duda un héroe civil, que salvó a Chiapas de males mayores y un precedente nefasto como hubiera sido la cancelación de las elecciones, pero su desafío al gobernador Juan Sabines y sus notorias arbitrariedades, lo está pagando con cárcel. Es un verdadero preso político de un gobernador que no conoce impedimiento para ejercer su poder arbitrariamente”, afirma.


¡AMLO 2012!