En su sesión del martes más reciente, la Cámara de Diputados avaló incrementar las sanciones penales hasta con tres años de prisión ó 240 días de multa, a quienes acosen y hostiguen sexualmente a una mujer o a un hombre. Se trató de la aprobación de un proyecto de decreto de la Comisión de Justicia de ese órgano deliberativo que reforma la denominación del capítulo I del título decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.
Fueron 414 votos a favor. Ninguno en contra. Y una sola abstención: la del diputado panista Fernando Santamaría Prieto.
Debió haber dos abstenciones, empero.
La segunda, obligada: la del legislador blanquiazul Liev Vladimir Ramos Cárdenas, quien precisamente está acusado de acoso sexual a un menor de edad en su natal Chiapas.
No obstante, en un acto que deberá interpretarse como de absoluto cinismo, Ramos Cárdenas votó a favor de que se incrementen las penalidades que deban sufrir aquellos que, abusando de su jerarquía o aún del puesto o encargo público que usufructúan, asedien sexualmente a otras personas. Peor, aún, cuando se trata de menores de edad.
Apenas acallado, el escándalo ronda al PAN. Dimes y diretes entre la coordinadora de la facción parlamentaria Josefina Vázquez Mota y el ex dirigente formal de los panistas –el real ocupa Los Pinos— César Nava sobre la responsabilidad de haber invitado a Ramos Cárdenas a sumarse a las filas blanquiazules, cuando éste defeccionó de las color índigo de Nueva Alianza.
El michoacano acusa a la aspirante presidencial panista de haber sido ella quien –luego de que el PRI y el PRD se negaran a darle cobijo– lo atrajera a la bancada albiceleste. Más aún, de ser ella quien lo protege y. por tal, ha tratado de influir en medios judiciales para que se declare inocente a Ramos Cárdenas, de haber propuesto a un menor de edad llevar a cabo todo tipo de actos sexuales, y de golpearlo frente a su padre y tíos tras las sistemáticas negativas del muchacho.
La “influencia” de Vázquez Mota, por lo pronto, ya ha conseguido que en algunas consignaciones periodísticas de los hechos desaparezca el ingrediente sexual.
Así, por ejemplo, tanto en diarios chiapanecos como en alguno de la capital nacional han aparecido notas en las que se da cuenta parcial de la denuncia penal. Se dice, así las cosas, que “el diputado federal del PAN por el estado de Chiapas, Vladimir Ramos Cárdenas, fue denunciado por golpear a un adolescente de 17 años de edad, como consta en la averiguación previa 43/IC8/2010, lo que causó al menor lesiones que tuvieron que ser atendidas en una clínica del municipio de Huixtla”.
De sus proposiciones y del acoso sexual nada se dice.
No es de extrañar. El politólogo Lawrence Britt, citado ayer también en este espacio, señala que una de las 14 características de los regímenes fascistas como casi casi es el que ahora en México padecemos, es el del sexismo represivo: “Los gobiernos de las naciones fascistas tienden a ser dominados casi exclusivamente por hombres. Bajo los regímenes fascistas, los roles tradicionales de género son más rígidos. La oposición al aborto es alta, así como la homofobia y la legislación y las políticas nacionales anti-homosexuales”, aunque tras esos velos reine la hipocresía, pues sus promotores son practicantes de todo aquello que consideran “aberraciones”.
El escándalo escala. Y se expresa ya no sólo en el diferendo que, por Ramos Cárdenas, también mantienen Vázquez Mota y Nava Vázquez. Ahora también en Los Pinos hay reclamos por este capítulo de protección a uno de los legisladores que doña Josefina “vendió” como una gran adquisición de los blanquiazules.
Un voto más, pues.
Cantidad, antes que calidad.
Un voto, en fin, que en la sesión de este último martes debió ser de abstención cuando menos, ¿no cree usted?
Índice Flamígero: Si nos atenemos a las cifras –probablemente maquilladas o, cuando menos, mal calculadas– de la CNDH en cuanto a secuestro de migrantes, me dice una amiga y lectora, resultan cifras astronómicas: 11 mil 333 migrantes por 2 mil dólares promedio de rescate a cada uno da 22 millones 666 mil billetes verdes en cinco meses. Eso significa 4 millones 533 mil 200 dólares por mes. Negocio redondo para repartir ¡entre Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración!
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¡AMLO 2012!
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