PROCESO: A la calle, sin reglas ni control Jorge Carrasco Araizaga

A la calle, sin reglas ni control
Jorge Carrasco Araizaga

Utilizados por Felipe Calderón desde el primer día de su gobierno para “contener” al narcotráfico, pero sin darles los instrumentos jurídicos, el Ejército y la Marina tendrán que responder por los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil. Ante ese escenario, ya en la última parte de su presidencia, Calderón promueve una reforma legal limitada que no dará certidumbre ni a los militares ni a la sociedad.

Federico Ponce Rojas, exsubprocurador general de la República y promotor de la primera maestría en derecho militar en México fuera de los ámbitos castrenses, evalúa así la situación en que se encuentran las tropas después de cuatro años de participación directa en la “guerra” al narcotráfico.

Ante lo que pueden enfrentar los militares en los próximos años, considera que es el Congreso el que tiene que enmendar la propuesta de reforma al gobierno federal, que deja sin resolver los alcances de la jurisdicción castrense cuando los soldados actúan fuera de sus cuarteles.

“Sacaste al Ejército para contener un problema, pero no le diste ni desarrollaste paralelamente el instrumento jurídico que le permitiera” cumplir con esa tarea y ahora hay una realidad de violaciones a los derechos humanos, para la que se propone una “reforma limitada”, dice el académico.

Defensor del fuero de guerra, pero acotado a actos de la disciplina militar, Ponce Rojas advierte: “De que va a haber (demandas contra militares por violaciones a los derechos humanos) las va a haber, y de que los acusados tendrán que responder, deberán hacerlo”.

Dice que al margen de las reformas propuestas al Código de Justicia Militar para limitar el alcance del fuero militar y a la Ley de Seguridad Nacional para regular la participación de las Fuerzas Armadas en sus funciones de seguridad, la revisión del pasado está prevista en la actual legislación.

Explica: Tenemos el régimen de las prescripciones y de las sanciones agravadas. Todos sabemos que las sanciones en materia de narcotráfico son más severas para militares y policías. El principio del derecho penal es la igualdad y eso significa el trato desigual a los iguales, y ahí está el ejemplo de la sanción hacia los militares: se les da un trato desigual para igualarlos al que no es policía ni militar.

“Los instrumentos están dados. El asunto es si podemos encontrar caminos claros y prontos”, dice el académico de la Universidad Anáhuac, donde es titular de la maestría en derecho militar.

Subprocurador de Averiguaciones Previas cuando Ignacio Morales Lechuga estuvo al frente de la PGR, Ponce Rojas es categórico: “Las responsabilidades de los militares por esos hechos van a subsistir” después de este gobierno y las reformas propuestas, “no van a impedir que en un momento dado los actores respondan ante la justicia”.

Promovida por Calderón, la reforma al Código de Justicia Militar que se prevé se discuta en el periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero limita a tres los casos en que la justicia civil pueda conocer de delitos cometidos por militares contra la población civil: tortura, violación y desaparición forzada. Quedan fuera los homicidios, robos y otros abusos que han sido denunciados contra el Ejército y la Marina.

Tan sólo en el caso del Ejército, en el actual sexenio se han interpuesto más de mil 400 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, mientras que la Marina comienza a registrar un importante número de quejas en todo el país, sobre todo después de que comenzó a realizar operativos en tierra continental.

“Hago votos para que la reforma no se apruebe como está. Nada tiene que ver con la responsabilidad. Ésta va a subsistir transexenalmente por el tiempo que las normas establezcan respecto a la prescripción o no de los delitos”, dice el exsubprocurador.

En el caso de las desapariciones forzadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció desde 2003 que se trata de un delito continuado hasta que aparezca la persona o su cuerpo; además de que la tortura debe ser investigada también, de acuerdo con los instrumentos internacionales firmados por México.

Una reforma necesaria



Ponce Rojas favorece la concurrencia de los fueros civil y militar, con definiciones claras de conductas, obligaciones y derechos de los actores: Se necesita una reforma que responda a las necesidades actuales y que no limite la jurisdicción militar, que dé certidumbre, transparencia y claridad a las acciones de la justicia civil contra los militares.

Pero lo que se propone, señala, “es una reforma limitativa y confusa”, pues deja fuera violaciones que son del fuero civil, como el homicidio, el robo o el daño a propiedad ajena.

Dice que la propuesta de limitar a tres los delitos cometidos por militares que puedan ser seguidos por jueces civiles reduce aún más las probabilidades de sanción que ahora existen: “Hoy, como estamos, sin reformas, no hay limitaciones para cuando un militar transgrede la ley civil”.

Ahora abogado de Banamex, Ponce Rojas considera que no sólo amplios sectores de la sociedad quieren que los militares regresen a sus cuarteles. “Ellos (los militares) lo quieren más que nosotros. Han dicho que quieren regresar, terminar con esta lucha. Es más, según Ponce Rojas, “en el combate a la impunidad a las acciones del Ejército, los más interesados son ellos mismos”. 

El Ejército “ha sido una contención de todos los riesgos y penurias que hemos vivido, pero no les dieron los instrumentos jurídicos” para esa contención, asegura.

Respecto al castigo de los abusos cometidos por soldados y marinos, dice que se tiene que reformar la parte procedimental para que los militares sean juzgados por tribunales civiles.

Asegura que la justicia militar no se contrapone con la justicia civil, “pero se necesitan reglas claras para que el militar sea castigado en ambos fueros”. La sociedad debe tener la garantía de que los soldados van a ser sancionados con mayor severidad y de que si hay civiles involucrados en el hecho también serán castigados por la justicia ordinaria”.

Pero es el Legislativo, insiste, el que debe establecerlo claramente. “La solución está en manos de los propios legisladores”. Ellos mismos pueden proponer una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, más allá de lo propuesto por el gobierno federal.

En defensa del fuero militar, dice que el Código de Justicia Militar “tiene grandes aportaciones a la justicia mexicana: los juicios son mixtos, mayoritariamente orales y públicos”, y destaca el hecho de que el Ejército promueva una reforma al Código de Justicia Militar para incorporar el delito de “traición a las Fuerzas Armadas”. Es una aportación al derecho penal, sostiene.

En el caso de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para darle un marco jurídico a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en los operativos contra el narcotráfico, asegura que el Congreso está obligado a dar transparencia a la actuación de los militares para que la sociedad civil tenga la certidumbre de que la transgresión a unas normas claras tendrá sanciones también claras.

Abunda: La obligación de la Fuerza Armada Permanente –como la reforma a la Ley de Seguridad Nacional define al Ejército, Fuerza Aérea y Armada– genera el derecho de responder ante los tribunales y conductas previamente establecidas para garantizar que los responsables de violaciones sean castigados, sin esperar un cambio de régimen político.

“El Ejército estaría más complacido con reglas transparentes y claras. Creo que la preocupación mayor de los militares es la del cumplimiento de la ley. Siento que encuentran lagunas y por eso demandan la transparencia de la legislación. El Congreso tiene que trabajar en eso para regresar al Ejército a lo que es, un Ejército de paz”, asegura.

¡AMLO 2012!