“Incendia comando taller en Reforma y Costa Rica: un muerto”, “Comando rocía con gasolina a propietarios de pizzería”, estas son sólo dos ejemplos de noticias (tomadas el 19 de enero de @Juárez) que dicen del avance, alcance y cotidianidad de este tipo de delitos muy posiblemente relacionados con la extorsión a negocios (ante la falta de investigación pericial, sólo queda la deducción).
Dentro de los crímenes y delitos potenciados en el estado de Chihuahua desde el 2008 a la fecha, sobresale el “derecho de piso” o extorsión, también conocido regionalmente como “la cuota”. Este tipo de crimen surgido a raíz de la “guerra” calderoniana cada día cobra mayor virulencia, destruyendo no sólo patrimonios, sino tomando vidas humanas, a veces de manera sumamente cruel, como se puede notar en los ejemplos anteriores.
El pandemónium que vive el estado de Chihuahua comienza con la multicriticada guerra contra el narco, ese proyecto personal y pro estadounidense de Calderón (pues a final de cuentas el más beneficiado con esta carnicería es Estados Unidos) a la fecha lleva más de 30 mil víctimas mortales en el país, de las cuales Chihuahua aporta cerca de una tercera parte de ellas. La cuestión es que el estado no está en condiciones de parar las acciones del crimen organizado y quien está llevando la peor parte es la sociedad. El decadente sistema de justicia y la mala dirección gubernamental son elementos principales en la consolidación del metapoder del crimen actualmente.
No existe un antecedente directo de la cuota, pero los dueños de bares en Ciudad Juárez comentan otra expresión de la cuota, esa sí, con varias décadas en su haber, proveniente de los inspectores de Gobernación para dejar operar ese tipo de negocios haciéndose de la vista gorda con respecto a violaciones a la ley (presencia de menores de edad, extensión ilegal de horarios, etcétera). Claro que esas acciones de corrupción palidecen ante el duro embate de las bandas de delincuentes actuales que, como se ha visto, no tienen ningún empacho en destruir o aniquilar a quienes tienen amenazados a cambio de “protección”.
El problema es sumamente grave, pues están acabando con la economía local, siguiendo una ruta parecida a las hormigas guerreras: destruyendo todo a su paso. Es evidente el número de pequeños negocios cerrados, principalmente las tradicionales tienditas de barrio, que son el eslabón más débil ante la amenaza del crimen. Cada vez que se balacea, incendia o destruye un negocio, no sólo deja en la ruina a sus propietarios, también terminan con trabajos asalariados y se mantiene el clima de terror que tanto gusta a gobernantes como Calderón. Lo más espantoso del caso, es que en la medida que se van cerrando negocios o blindando otros, la cuota se encamina luego a las colonias y fraccionamientos, como ya se está haciendo con algunas escuelas.
Quienes se dedican a extorsionar negocios también son responsables de que se deje de pagar impuestos, porque o se pagan éstos o se paga la cuota. Sin embargo eso no garantiza la seguridad de quien la paga, ni le aumenta la clientela y, si deja de pagarle a Hacienda, el IMSS o al municipio (pues no sacan a sus inspectores por temor a que se los maten) de todos modos lo tendrán que hacer si sobreviven a esta época oscura de corrupción y barbarie.
No falta mucho tiempo para que el peligro de la cuota toque a las puertas residenciales, si no es que ya está pasando, sobre todo en las colonias populares, donde poco o nada podrán hacer ante la falta de vigilancia, a menos que la gente se organice para evitarlo. Una de las leyendas urbanas de mayor circulación y frecuencia sostiene que varios de estos grupos criminales están integrados por policías (sobre todo federales). No se debe olvidar que en julio del 2010 una sublevación de un buen número de agentes de la Policía Federal destacamentados en Ciudad Juárez contra uno de sus superiores fue porque se les obligaba a cobrar cuota, entre otros ilícitos.
El panorama no es para nada halagador para las y los chihuahuenses y sí muy peligroso. La “solución” que nos han ofrecido nuestros “inteligentes” gobernantes es disponer de retenes policiacos y ni si quiera en puntos estratégicos. Ni aun si nos pusieran a un policía por persona sería la solución. La violencia actual es cortesía del Estado mexicano y no hay manera de hacerles entender la gravedad de la situación. La incapacidad del gobierno para ofrecer seguridad, uno de sus principales pilares, no dejan más opción a la persona común de buscar soluciones por su cuenta y si la persona común se organiza con otras personas comunes y logran lo que el Estado les ha negado, entonces, ¿para qué sirve el Estado?
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Carlos Murillo González
¡AMLO 2012!
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