PROCESO: El emisario Jorge Carrasco Araizaga

El emisario
Jorge Carrasco Araizaga

Hombre clave de los gobiernos priistas para aplastar las insurrecciones armadas en los sesenta y los setenta, el general Arturo Acosta Chaparro se hizo un lugar en el gobierno de Felipe Calderón gracias al secretario de la Defensa, Guillermo Galván: le tocó ser emisario federal para negociar con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país, incluido El Chapo Guzmán. Nueva información entregada a Proceso permite identificar al “General X”, al que se refiere Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, cuyo adelanto fue publicado en el número 1778 de la revista.

Rebasado por las disputas entre los cárteles del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón los buscó para pedirles que disminuyeran la violencia; su emisario fue el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, en su condición de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia.
Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.
Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas, con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Acosta Chaparro, de 68 años y quien actualmente convalece de una agresión armada que sufrió cuando comenzaba a investigar el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, se reunió con los principales líderes de esas organizaciones, incluido Joaquín El Chapo Guzmán.
De esas misiones tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, su compañero de generación en el Colegio Militar. El retorno de Acosta Chaparro en el sexenio de Calderón ocurrió luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, que según las acusaciones cometió durante la llamada guerra sucia en los años sesenta y setenta.
Detalles de los encuentros de Acosta Chaparro entregados a Proceso confirmaron lo publicado por esta revista en su edición 1768, en septiembre pasado, sobre la negociación que el general retirado sostuvo con Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Pastor, El Chayo o El Más Loco, dos de los jefes de La Familia Michoacana.
En esa reunión participaron, asimismo, el entonces fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Cabrera Gutiérrez, y un colaborador del general en retiro identificado como “Estrella”.
Después del encuentro le fueron entregados a la PGR los tres supuestos responsables de haber lanzado dos granadas contra la multitud reunida en el centro histórico de Morelia para festejar el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre de 2008.
Acosta Chaparro se reportó con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Señor, objetivo cumplido”, le dijo cuando ya tenía en el avión a los tres supuestos responsables, quienes fueron torturados para inculparse. De la intervención del militar retirado tuvo conocimiento también la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.
Después de esa entrega, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por la PGR para quien diera información que llevara a la captura de los responsables del que fue el primer atentado contra la población civil relacionado con el narcotráfico. “No me dieron ni las gracias”, contestó Acosta Chaparro al general secretario.
La segunda encomienda del general en retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de élite del Ejército aún era el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas, El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron que no me mueva porque tú ya estás operando”.
Acosta Chaparro se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los jefes de la organización delictiva le pidieron a Acosta Chaparro una tregua del gobierno federal.
Según la información entregada a Proceso, la guardia del Lazca está integrada por capitanes desertores del Ejército. Cuando vieron a Acosta Chaparro se le cuadraron.
En ese encuentro, Lazcano le preguntó de parte de quién iba. “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, dijeron los informantes, según el video obtenido por la inteligencia estadunidense y en el que, dicen las fuentes, “con tomas desde arriba se ve cómo el general retirado habla con autoridad y El Lazca actúa como subordinado”.
Acosta Chaparro les pidió a Los Zetas que bajaran la violencia, pararan las decapitaciones y dejaran de exhibir los cuerpos mutilados. “El presidente no puede hablar de paz social mientras haya decapitados y ese tipo de violencia”, refieren que dijo el militar retirado. La aceptación se condicionó a que el gobierno federal no actuara contra los familiares de los miembros de la organización delictiva.
A principios del siguiente año hubo una segunda reunión con el liderazgo de Los Zetas. En ese encuentro hablaron sobre el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, perpetrado en Cancún el 3 de febrero de 2009. “¿Por qué lo mataron?”, preguntó el general retirado. El Lazca llamó al jefe de Los Zetas en Cancún, quien según las fuentes dijo: “Porque el general no cumplió”.
De acuerdo con ese testimonio, Acosta Chaparro cuestionó: ¿Y por qué se hacen llamar Zetas? Porque después de la Z no hay más, respondió El Lazca, quien añadió que en ese momento esa organización, junto con el cártel del Golfo, controlaba 22 estados.
Según esa información, fue el propio Lazca quien puso en contacto al general en retiro con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro ocurrió meses después en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco, y a él acudieron también Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Mario Pineda Villa, El Borrado, y Jesús Nava Romero, El Rojo.
El relato entregado a este medio señala que La Barbie quiso intervenir, pero se lo impidió Acosta Chaparro. La petición del enviado del gobierno fue la misma: que le bajaran a la violencia, sobre todo en Morelos y Guerrero, estados que entonces controlaba su organización.
En diciembre del mismo año Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por infantes de Marina en el domicilio donde se ocultaba, a unas cuadras de la XXIV Zona Militar, en Morelos. Junto con El Barbas, en ese operativo fue asesinado su lugarteniente, El Rojo.
El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad Juárez.
Cuando Acosta Chaparro pasó siete años de cárcel (de 2000 a 2007), fue bajo el cargo de participar en el narcotráfico, precisamente con el cártel de Juárez, cuando lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el jefe más conocido del cártel de Sinaloa. Cuando lo iba a ver, el titular de la Defensa Nacional le dijo: “Te van a poner un GPS” (un chip localizador). “No, Memo –le contestó Acosta Chaparro–, yo soy negociador, no traidor”. Con ese dispositivo, dicen las fuentes, Galván quería ubicar a El Chapo.
En el encuentro con Guzmán Loera, como fue reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al general en retiro cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande, en Jalisco.
Además, “en tono de queja”, dice el relato, El Chapo le dijo al militar “que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob (el actual senador Ulises Ramírez Núñez) les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya había sido comprometida con El Chapo, según ese relato.

“Recontratado”

Acosta Chaparro no se conformó con la condecoración de general en retiro que recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los tribunales lo favorecieron.
A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del procedimiento de su retiro.
Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al cártel de Juárez. Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el área encargada de la inteligencia militar.
Los movimientos legales que hizo Acosta Chaparro contra el Ejército fueron de conformidad con Galván. Compañeros de la generación 1959-1962 del Colegio Militar, hicieron carreras paralelas, Galván en el arma de artillería y Acosta en infantería.
Acosta Chaparro fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356). Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox con el aval de Calderón y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
Acosta Chaparro todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión –que plasmó sus conocimientos en la publicación conocida como el libro negro de la guerrilla en el país, Movimiento subversivo en México– se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con El Señor de los Cielos.
Ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10 meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la justicia federal.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El Consejo de Guerra había fallado en su contra como responsable de esos cargos. Además de la prisión, lo había condenado “a la pérdida de derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios prestados” a las Fuerzas Armadas, así como a la inhabilitación para usar el uniforme y condecoraciones. Cuando salió de la prisión militar vestía su uniforme de general brigadier y sus condecoraciones.
La cercanía de Acosta Chaparro con Galván implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado. El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro.  De ellos, 13 fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista destacó Acosta Chaparro.
En un comunicado relacionado con la ceremonia, la Sedena se refirió a los homenajeados como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Galván no sólo lo enalteció públicamente, sino que lo colocó en la lista de “héroes” del Ejército. El exintegrante de la Brigada Blanca –grupo paramilitar que se dedicó hace tres décadas a exterminar a la guerrilla– obtuvo así del gobierno de Calderón su reivindicación institucional y política.
Después de su exoneración, fue pasado a retiro al cumplir 65 años, la edad límite establecida en la legislación militar. Inconforme, Acosta Chaparro interpuso un juicio de amparo para impugnar ese procedimiento de la Sedena. Su argumento fue que antes de su alta en situación de retiro, ya que fue absuelto, la Sedena lo debió reinstalar como subdirector de la Dirección General del Servicio Militar, cargo que ocupaba al momento de su detención. El procedimiento seguido por la Sedena, alegó, fue equivalente al de despido injustificado.
Su propósito era recuperar el total de los haberes que se le retuvieron mientras estuvo preso. Y aunque la Sedena “se inconformó” contra su asesor, la justicia federal le dio la razón.
Oficialmente, para la Sedena Acosta Chaparro es un general retirado y nada tiene que ver con los asuntos de inteligencia militar en el sexenio de Calderón. En la práctica no ha sido así; por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.
Fue la familia del panista quien lo buscó para que investigara el plagio. Su experiencia en contrainsurgencia lo llevó a concentrarse en un posible secuestro por parte de la guerrilla. Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año. Desde hace unas semanas está de regreso en su oficina de consultor privado en seguridad.

¡AMLO 2012!