LA BASURA PERDIDA: El exjefe Diego

Proceso - 2010

El exjefe Diego
Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F., 28 de noviembre (apro).- En México se negocia y se pacta con la delincuencia. Se le busca y se llega a acuerdos para que cada quien obtenga lo que quiere. Los delincuentes logran su objetivo principal: el lucro; el gobierno, “la resolución” de los casos de mayor impacto en la opinión pública.
El esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, el establecimiento de responsabilidades quedan de lado. No existen. La impunidad total.

Cuando en mayo pasado secuestraron al hasta entonces intocable millonario Diego Fernández de Cevallos, el gobierno de Felipe Calderón no movilizó los recursos del Estado, como era su obligación, para dar con el panista. Recurrió a uno de los símbolos del autoritarismo y la impunidad en México: el
general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los principales violadores de derechos humanos en los años setenta, durante la guerra sucia en México.

No fue la familia la que buscó al militar en retiro, experto en persecución y represión de los grupos subversivos. Fue el propio gobierno de Calderón quien lo
llamó. En particular, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont. “Nos tiene que ayudar para la liberación de mi socio”, le dijo Gómez Mont al viejo militar. El abogado, entonces funcionario, en efecto, ha trabajo durante años para el despacho de Diego Fernández, junto con otro inseparable del grupo dedicado a la política y a los negocios desde la abogacía, el exprocurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, central en las negociaciones
para la liberación de Fernández.

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