PROCESO: Una ley para desmantelar al Estado Jenaro Villamil

Una ley para desmantelar al Estado
Jenaro Villamil

Aunque todavía falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, la Ley de Asociaciones Públicas Privadas pasó con facilidad por el Senado. Muy pocas voces opositoras se alzaron contra esa reglamentación que consideran anticonstitucional, “desmanteladora” y “la subasta más salvaje” del sexenio, pues dará al sector privado la posibilidad de construir y usufructuar obras de infraestructura y explotar la prestación de servicios públicos.

A fin de permitir a empresas privadas la contratación y concesión hasta por 40 años de todo tipo de obras de infraestructura (escuelas, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, telecomunicaciones) y prestación de servicios públicos (suministro de agua, electricidad, transporte, recolección de basura, tratamiento de desechos, seguridad y hasta panteones), el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, considerada anticonstitucional por sus críticos y “la subasta más salvaje” de este país durante el sexenio.
Las presiones de los gobernadores del PAN, PRI y algunos del PRD, y el cabildeo del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Alonso Pascual García Tamés, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) –ambos amigos de Felipe Calderón– aceleraron la discusión en comisiones y la votación de este dictamen el 7 y el 12 de octubre pasados en el pleno del Senado.
Y pretenden que se apruebe vía fast track en la Cámara de Diputados antes de empezar la discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2011. Para los senadores Pablo Gómez (PRD) y Ricardo Monreal (PT) se trata del “saqueo más grande de las finanzas nacionales” ya que compromete los recursos públicos transexenalmente.
“Esta ley, si llega a entrar en vigor, va a inaugurar una nueva generación de la corrupción pública. Esto es lo que nos va a dejar Calderón”, afirmó Pablo Gómez el 7 de octubre, cuando infructuosamente trató de frenar la aprobación de la iniciativa.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de infraestructura necesaria y dejando a los particulares la administración de la misma no se promueve la infraestructura, sino los buenos negocios y la corrupción pública que, en México, ya es decir bastante”, remató Gómez en tribuna.
Monreal afirmó que esa ley viola el artículo 28 constitucional –al incluir “la prestación de servicios” reservados al Estado y dejar al albedrío de los particulares las decisiones en materia de obras– y la facultad fiscalizadora del Congreso.
“Al no haber control por parte del Congreso se evade la fiscalización y no se fomenta la responsabilidad presupuestaria, ya que permite al gobernante en turno comprometer recursos futuros dejando a las siguientes administraciones un pasivo”, resumió.
Francisco Labastida Ochoa, senador priista y uno de los principales críticos de la medida, afirma a Proceso que su bancada logró cambiar 80% de la iniciativa original del Ejecutivo, pero que todavía se necesita cambiarle 20% para evitar que sea “uno de los proyectos más desmanteladores” que ha visto en sus 48 años en el servicio público.
Presume que el PRI logró más de 20 cambios de fondo, entre ellos la prohibición de la figura de los fideicomisos, la eliminación de candados de discrecionalidad que permitían la asignación directa o las expropiaciones sin respeto a lo estipulado en la Ley Agraria, pero admitió que no hay candados antimonopólicos que eviten, por ejemplo, que una sola empresa se lleve los contratos de construcción de carreteras.

El negocio del sexenio

El esquema de las asociaciones públicas-privadas (APP) ya existe en varias de las obras de infraestructura que financia Banobras, en los proyectos de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en algunas concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen, informó en marzo de 2010 ante empresarios españoles que hay una bolsa de 250 mil millones de dólares prevista en el programa de infraestructura del periodo 2007-2012.
“Las empresas españolas se han convertido en líderes mundiales en asociaciones públicas-privadas”, afirmó De Buen, quien dijo esa vez en Madrid que Banobras y la SCT pueden ofrecer financiamiento, y citó como ejemplos los esquemas de trabajo con las constructoras trasnacionales FCC, Acciona e Isolux Corsán, según un despacho de la agencia Reuters.
En el portal de internet de Banobras se presumen como “casos de éxito” varios proyectos de APP hasta por 30 años, como el Viaducto Bicentenario en el Estado de México, que fue concesionado a la empresa española OHL, cuyo representante en México es José Andrés de Oteyza, secretario de Estado en el gabinete de José López Portillo.
La primera etapa del Viaducto Bicentenario abarcaría 22 kilómetros y costaría 6 mil 500 millones de pesos. OHL cobría a cada automovilista que circula por esa vía 1.32 pesos por kilómetro y se calculaba un aforo de hasta 60 mil vehículos diarios.
El pasado 3 de septiembre, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto inauguró los 12 kilómetros del nuevo tramo de esa vialidad que van de Lomas Verdes al Lago de Guadalupe y se complementan con los cinco que ya funcionan de Lomas Verdes al Toreo.
El mandatario priista dijo que con la iniciativa privada se efectuó una inversión de 120 mil millones de pesos. “Si esperáramos a que los gobiernos lo lleváramos a cabo, deberíamos postergar el desarrollo de infraestructura”, aseguró.
Otra obra con el esquema APP es el Centro Integralmente Planificado Costa Pacífico, polo de desarrollo turístico en la región del Mar de Cortés, en Sinaloa, que prevé la construcción de 33 mil 100 cuartos de alojamiento y vivienda. Banobras informó que “en febrero de 2009 se concretó la formación del apoyo concedido al proyecto, con lo que se logró acelerar su desarrollo sin afectar el techo de endeudamiento del Fonatur”.
También bajo este esquema la SCT concesionó la construcción de la autopista Arriaga Ocozocuautla, en Chiapas; el libramiento norponiente de la autopista Monterrey-Saltillo, y la modernización de la carretera Irapuato-La Piedad.
Los gobiernos del Estado de México y Chiapas, entre otros, han utilizado esa figura para concesionar, por ejemplo, los rellenos sanitarios en Coacalco y Nicolás Romero, Estado de México, y en la capital chiapaneca.
Sin embargo, es la CFE la que ha atraído proyectos de mayor envergadura con la figura de APP.
Es el caso de las plantas hidroeléctricas El Gallo, Chilatán y Trojes, en Guerrero, Jalisco y Michoacán; la construcción e instalación de seis líneas subterráneas de distribución en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas; la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto y el proyecto de cogeneración eléctrica en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, a 38 kilómetros de Villahermosa.
El miércoles 20 el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, anunció que con este nuevo esquema en 2011 se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, en el que se prevé una inversión de entre 800 y 900 millones de dólares. En esa localidad los habitantes se oponen al proyecto y han realizado varias movilizaciones en protesta por las afectaciones ambientales que traerá la obra.

Mitos y realidades de las APP

La figura de las APP fue creada en 1992 en Gran Bretaña para impulsar proyectos de infraestructura y servicios públicos. Actualmente funciona en 25 países, entre ellos Canadá y Brasil.
En esas naciones el argumento a favor de las APP es que aumentan la inversión en infraestructura y que la iniciativa privada se hace cargo de los riesgos de retraso y defectos de las obras, además de que es más eficiente que el sector público.
Sin embargo, no todo ha resultado como pensaban sus promotores. En Canadá, el doctor Colin Leys, profesor en la Queen’s University, afirma en un estudio que el costo de los hospitales británicos se triplicó o cuadruplicó con el esquema de APP.
Asa Cristina Laurell, exsecretaria de Salud del Distrito Federal, cita en un estudio del 28 de abril de 2001 los ejemplos de dos hospitales de alta especialidad construidos con el esquema de APP antes de que se aprobara la ley.
“El de León lleva tres años de funcionamiento, apenas trabaja a 40% de su capacidad y dedica 65% de su presupuesto al pago de la constructora-administradora Acciona y 35% por ciento a la atención médica.
“El de Ciudad Victoria (…) sólo hospitalizó a 77 pacientes entre marzo y diciembre (de 2000) y ahora se prepara para hacer ¡liposucción! Sin embargo, el gobierno federal lo aceptó fraudulentamente como terminado y ha desembolsado del erario unos 216 millones al contratista Marhnos, socio del panismo”, refiere el estudio, cuya copia tiene Proceso.
Laurell advierte que con esta ley “el gobierno traspasa sus responsabilidades a la iniciativa privada en áreas sustantivas, pero ante todo crea nuevos negocios con ganancias extraordinarias para sus empresarios y consultoras preferidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, Gerardo Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim, las grandes compañías constructoras, entre otros”.

“Fast track” legislativo

El primer intento por aprobar esta polémica ley ocurrió el pasado 29 de abril. Con los votos de la mayoría del PAN y del PRI se aprobó en lo general, pero los senadores del PRD, PT y Convergencia plantearon más de 70 reservas a la nueva ley y tuvo que posponerse hasta el presente periodo ordinario.
“¡Es un atraco, un asalto en despoblado!”, exclamó Ricardo Monreal al presentar en aquella sesión 65 reservas.
Los senadores perredistas Rosalinda López, Rubén Garibay, Rubén Vázquez y Silvano Aureoles presentaron otras 13 reservas y consideraron que se trataba de una iniciativa anticonstitucional.
El senador priista Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, uno de los principales impulsores de la ley, se quejó en aquella ocasión por la “táctica dilatoria” de los legisladores de izquierda. Sin embargo, dentro de la bancada del PRI varios senadores expresaron su oposición a lo que consideraron “el proyecto más desmantelador” del sector público.
Entre ellos estaba Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial y responsable de asuntos económicos de su fracción parlamentaria. En la sesión plenaria de su bancada, el 23 y 24 de agosto en Acapulco, Labastida criticó la iniciativa del Ejecutivo y demandó que se le pusieran candados para evitar que por esta vía se diera entrada a la iniciativa privada en la explotación de hidrocarburos.
El 7 de octubre, con apenas la mitad del quórum, el Senado aprobó por 64 votos a favor y ninguno en contra 55 de los más de 140 artículos de la iniciativa. En esa sesión se aprovechó la ausencia de Monreal, quien había presentado varias reservas. Cantú Segovia presumió que el PRI logró excluir la figura de los fideicomisos de varios artículos.
El 12 de octubre, en menos de 20 minutos el Senado aprobó por 85 votos a favor y ocho en contra la ley en sus términos generales. No hubo discusión alguna.
En la exposición de motivos las comisiones dictaminadoras afirman que “los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro a través de mecanismos flexibles que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto”.

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