La entrada de México al ACTA (Acuerdo Comercial Antifalsificación) generó animadversión entre algunos sectores, mientras que para los industriales y algunos afectados por la piratería sería importante ser parte del convenio, pues consideran que no habrá imposición alguna de acciones ni de regulaciones que puedan violar la legislación ni la soberanía nacional. Si bien está listo el documento final del ACTA, que elaboraron representantes de 37 países, y ya se hizo del conocimiento de la opinión pública, falta la aprobación del Jurídico de la Presidencia, y la evaluación y aval de la Cámara alta. No obstante, aun antes de conocerlo algunos senadores ya manifestaron estar en contra de la firma de ese acuerdo, a quienes se sumaron diversas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. El director general de la Business Software Alliance México, Kiyoshi Tsuru, afirmó que el documento final por el que se conformará el ACTA no obligará a México a que realice "una" acción específica contra la piratería, sino que da diversas opciones. Aseguró que si se decide ser parte del acuerdo no se violará la soberanía mexicana, como algunos argumentan, y dijo que quienes están en contra llevan argumentos al "extremo". "Se me hace muy prematuro decir que el ACTA obliga, porque en realidad da opciones para discutir... Aún no hay una directriz definitiva, sino que se plantean alternativas." Por ejemplo, "no hay nada que diga cómo se va a regular a los proveedores de Internet; se dan varias opciones". Kiyoshi Tsuru aclaró que aun cuando se dice que es el documento final, todavía tiene varias notas al pie, corchetes y puntos por resolver. Federico de la Garza, presidente de la Motion Picture Association, dijo que el marco regulatorio que se plantea en el ACTA no impone leyes, sino que es un parámetro que puede utilizarse, una especie de marco regulatorio que puede aplicarse. Evidentemente, apuntó, lo que necesitamos es una ley que frene ese flagelo, aunque no sea perfecta. Análisis Rodolfo Castañeda, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), consideró que lo más conveniente es que, al igual que con otros convenios, se estudien bien los alcances del ACTA antes de firmarlo. El pasado día 6, el titular del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo, afirmó que ya dejaron en claro a los países del ACTA que el gobierno mexicano está "imposibilitado" para cumplir la protección de oficio de productos con "indicaciones geográficas -como queso roquefort, champagne o tequila-; desarrollar procedimientos que eviten el uso de medios digitales para piratear productos y luego distribuirlos o venderlos, entre otros. De cualquier forma hay senadores inconformes, como el perredista Javier Castellón, quien dijo que las negociaciones del ACTA se mantuvieron en secreto, y que hay puntos del acuerdo que pudieran ser violatorios de las garantías individuales, al incluirse no solamente medidas de frontera, aduanales, de comercio, sino también del entorno digital, ya que se trastocaría la libertad a usar Internet.
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