Las visas de la esclavitud
Por Emilio Godoy
MÉXICO, sep (IPS) - El mexicano Alberto Rivero ingresó en el programa de trabajo temporal de Estados Unidos en 2005 y desde hace tres años tiene que abonar todos sus gastos de visa, transporte y alojamiento, aunque la norma indique que es responsabilidad de su empleador.
"Este último año pagué como 800 dólares. Con la primera empresa con la que trabajé no pagué nada", contó a IPS, vía telefónica, este emigrante de 33 años de edad que se desempeña como jardinero en la localidad de West Chester, en el nororiental estado de Pennsylvania.
Los receptores mexicanos de las visas H2A y H2B, creadas por el gobierno estadounidense para reglamentar el empleo temporal, padecen abusos a manos de sus empleadores, prácticas que podrían derivar incluso en el delito de trata de personas, sin que el gobierno mexicano los proteja, denuncian activistas y especialistas.
"Los abusos se dan por los reclutadores. Les piden cuotas de contratación y por visa y transporte. El problema es que no hay regulación pública de los contratos y los contratistas", explicó a IPS Alejandra Ancheita, abogada del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc), que asesora a grupos de trabajadores migratorios.
En 1943, Estados Unidos instituyó las visas H2 para trabajadores extranjeros y en la década de los 80 estableció las categorías H2A para trabajadores de plantaciones agrícolas y H2B para otras labores, como jardinería, construcción y personal para servicio de limpieza de hoteles.
Los reclutadores han creado empresas en México para atraer la mano de obra proveniente de comunidades de todo el país y la vinculan con similares estadounidenses, sin que haya inspecciones por parte de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social, debido a la falta de un convenio bilateral en el tema.
Esas visas son una camisa de fuerza laboral, pues sus portadores sólo pueden trabajar para el contratante en un sitio determinado. Las reglas del programa estipulan que el patrón debe cubrir todos los desembolsos del inmigrante.
"Si el patrón no cumple con sus obligaciones legales, el trabajador no tiene opción de ir a otro lugar y tiene miedo de quejarse, porque lo pueden despedir y se queda sin papeles", dijo a IPS Victoria Gavito, directora de Asuntos Legales del no gubernamental Centro de Derechos del Migrante (CDM), ubicado en el central estado de Zacatecas.
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