MEXICO Y LA IMPUNIDAD: Justicia por defender sus bosques

Justicia por defender sus bosques: "

Hace 5 años que no ven a sus familias. Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron detenidos ilegalmente, torturados y condenados por defender los bosques, en 1999. Tres años después fueron excarcelados gracias a la presión nacional e internacional, pero no fueron declarados inocentes. Volvieron a sus casas, pero continuó el acoso. En 2005, Montiel salió del país y Cabrera de su comunidad. El primero pidió asilo político y se lo concedieron, porque se comprobó que en México no existían condiciones para garantizar su seguridad. Por ella lleva cinco años de exilio, de lejanía con su família y con su tierra por la que tanto ha luchado. Para acabar con esta situación, Montiel y Cabrera recurren ahora a la última instancia de justicia que les queda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quién revisa su caso este jueves 26 y el viernes 27.

 

Después de 5 años en el exilio y sin ver a su familia, Rodolfo Montiel espera que la CIDH obligue al estado mexicano a favorecer las condiciones para su retorno seguro. Imagen/Centro PRODH 

Todo empezó en 1995, cuando el entonces gobernador del mexicano estado de Guerrero, otorgó a la empresa estadounidense Boise Cascade el derecho de explotación de los recursoso madereros de la Costa Grande. La tala se suma a la quema injustificada de los bosques por parte de los caciques locales que aprovecharon la desforestación para adueñarse de los bosques y convertirlos en sembradíos de pasto para su ganado.

“Antes tuvimos otros madereros, pero ninguno como la Boise, que dejaba los bosques a rapa, se llevaban árboles viejos y jóvenes. Terrenos que antes eran de ocotes los dejaban limpios, de pura pastura. Desaprecieron manantiales y animales” cuenta Rodolfo Montiel, en un reporte del Centro de de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que llevan la defensa de ambos campesinos.

En 1998, esta observación llevó a Montiel, Cabrera y a un centenar de campesinos más a movilizarse agrupados en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) para frenar la deforestación. Sus acciones tuvieron eco y consiguieron, que ese mismo año, la empresa saliera de la zona argumentando “condiciones de negocio difícil”.

Pero este éxito chocó con los intereses económicos de los caciques de la zona, que vieron menguados sus beneficios que obtenían bajo mano de la compañía y la imposibilidad de seguir ampliando sus pastizales. Por ello, denunciaron a los campesinos como guerrilleros y les envíaron al Ejército como represalia.

El dos de mayo de 1999, 40 militares cercaron la aldea de Pizotla, donde se reunía la organización. Los soldados entraron a sangre y fuego y  mataron a Salomé Sánchez, miembro tamién de la OCESP y detuvieron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Una vez retenidos, Montiel y Cabrera fueron amarrados de pies y manos, amenazados y brutalmente torturados. Les desnudaron, les retorcieron los testículos, les infriengieron toques eléctricos e incluso a Cabrera le pusieron la pistola en la boca como si fueran a asesinarle. Con estas técnicas, les obligaron a firmar sendas declaraciones donde ambos aceptaban portar armas de fuego prohibida y sembrar marihuana. No fue hasta el 7 de mayo –cinco días después- que comparecieron ante una autoridad judicial, pese a que la ley mexicana obliga a presentar a cualquier detenido antes de 48 horas.

Pese a la tardanza y las señales obvias de tortura, Montiel y Cabrera fueron encarcelados y enjuiciados bajo un proceso viciado y plagado de incoherencias, donde el juez priorizó las confesiones arrancadas bajo tortura. Montiel recibió una pena de seis años con ocho meses y Cabrera fue condenado a 10 años de prisión.

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Sin embargo, su caso tuvo especial repercusión y Amnistía Internacional pronto los declaró presos de conciencia. Ambos campesinos recibieron premios prestigiosos de medio ambiente, como el Premio Goldman, otorgado a Rodolfo Montiel el año 2000 y que se considera el equivalente al Nobel en materia de ecología. La presión internacional forzó al gobierno de Vicente Fox a liberarlos en 2001, por “razones humanitarias”, pero sin reconocer su inocencia y sin investigar las violaciones cometidas por el ejército que han quedado impunes relegadas en el Fuero Militar.

Por si no fuera suficiente, los militares y caciques siguen controlando la zona y hostigando al primero que levante cabeza, sin que el gobierno mexicano tome cartas en el asunto. Esta imposibilidad de justicia ha desembocado en que este la Corte Interamericana de Derechos Humanos siente en el banquillo al estado mexicano acusado de graves violaciones a estos derechos contra Montiel y Cabrera.  La audiencia se celebra en San José, Costa Rica, y  se responsabiliza a México de violar el derecho de las víctimas a la libertad personal, su derecho a la integridad física, su derecho a la libertad de asociación y su derecho al debido proceso. El Estado no investigó la tortura en la jurisdicción civil competente sino en el fuero militar, otra violación de la Convención Americana.

Pese a todo lo sufrido y lo que sigue sufriendo en el exilio y después de 5 años de no ver a su esposa e hijos, Rodolfo Montiel Flores no se arrepiente: “Si no hubiéramos enfrentado esta lucha, ya se hubieran terminado los bosques de Petatlán. Pienso que sí valió la pena. Sigo pensando que si yo volviera a nacer, volvería a luchar por lo mismo”, declaró en entrevista telefónica al periódico mexicano El Universal.

La propia Comisión Nacional de la Biodiversidad (dependiente del gobierno) reconoció que del 1992 al 2000, la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que conforman la Costa Grande, perdió cerca del 40% de sus bosques, es decir 86 mil hectáreas.

Montiel y Cabrera, han pasado de defender su entorno a ser un icono de la búsqueda de justicia en México. Para José Luís Caballero, coordinador del Master de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, este caso “nos está gritando que en México está quebrado el aparato de justicia y que hay una ausencia total de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos que evidencian una absoluta impunidad”.

Por su parte, el Oficial Nacional de Derechos Humanos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, Carlos Delatorre, recalcó que este será el primer caso de defensores de derechos humanos que es llevado ante la Corte Interamericana, ya que “no solamente las víctimas padecen violaciones, sino también quienes los defienden. No se trata de un caso aislado, sino de un mecanismo utilizado por el Estado en contra de defensoras y defensores”, a quiénes por desgracia ven como sus enemigos.

El oficial del Alto Comisionado de la ONU, Carlos Delatorre, el director del Centro PRODH, Luis Arriaga y el Coordinador del Master en DDHH de la Universidad Iberoamericana, José Luís Caballero, en la rueda de prensa de presentación del caso. Imagen/Centro PRODH

Por todo esto, desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez esperan que con la Audiencia del próximo jueves y viernes el estado reconozca finalmente la inocencia de Montiel y Cabrera y además no sólo se castigue a los culpables de las violaciones sino que el propio estado reconozca estas violaciones y repare el daño. Para ello tendría que modificar el propio fuero militar para que las vulneraciones cometidas por el Ejército contra civiles no se queden en un limbo dentro de la justícia castrense sino que se revisen por los tribunales civiles. Arriaga recordó que en caso de fallar contra el estado mexicano, la sentencia de la CIDH será de cáracter vinculante y el gobierno de México tendrá que ponerse manos a la obra.

En este sentido, el director del Centro Prodh, Luis Arriaga citó las palabras de la esposa de Rodolfo Montiel, Ubalda  Cortés: “Espero que el gobierno reconozca la verdad de lo que hicieron, para mi eso sería algo de justícia. Ni con dinero ni con nada nos pueden reparar el daño que nos hicieron, sinó que no nos vuelvan a molestar acá ni donde estemos, que podamos andar libres, que mis hijos puedan volver a ver a su papá, que podamos volver a estar juntos”.

Cabe recordar que los últimos cuatro casos mexicanos resueltos por la CIDH tienen que ver con violaciones cometidas por el Ejército en el estado de Guerrero, el más pobre del país según los índices de desarrollo humano.

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