PROCESO: La Corte, al servicio del gobierno

La Corte, al servicio del gobierno
Gloria Leticia Díaz


Integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio manifestaron su inconformidad ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a altos funcionarios estatales y federales en el caso de la guardería ABC, cuyo incendio causó la muerte de 49 niños y lesiones a más de 75.

José Francisco García Quintana, padre de uno de los niños fallecidos, comenta a Proceso: “La credibilidad del máximo tribunal de justicia de la nación fue reducida a cenizas, pues en lugar de resguardar la Constitución mexicana vimos que la mayoría, seis ministros, actuó como representantes del poder gubernamental”.

El jueves 17, García Quintana, su esposa Patricia Duarte y Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Félix, acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) para dar a conocer su postura acerca de la decisión de la Corte, así como las acciones que realizarán.

En entrevista con este semanario, Rodríguez Amaya asegura que en la Corte prevalecieron intereses ajenos a la justicia y se pasaron por alto las pesquisas realizadas por la comisión investigadora de los ministros, así como los argumentos del ministro Arturo Zaldívar.

Comenta que él y García Quintana se percataron de que altos funcionarios del gobierno federal y estatal “deambulaban por los pasillos de la Corte”, por lo que decidieron visitar a los ministros para hacer contrapeso y equilibrar la situación.

De los 11 ministros no todos abrieron espacios en su agenda para recibirlos. Quienes se mostraron más accesibles, precisa Rodríguez Amaya, fueron Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los escucharon entre cinco y 15 minutos.

“A todos les planteamos lo mismo: que estábamos preocupados por los cabildeos que realizaban aquellos a quienes considerábamos culpables de la tragedia. También les dijimos que en la opinión pública se hablaba de que habría negociaciones. Incluso tomamos fotografías de Karam y de Bours para demostrar que estuvieron ahí, presionando”, agrega Rodríguez Amaya.

En esos encuentros, los padres manifestaron su preocupación por que se diera una voltereta al proyecto de dictamen del ponente Arturo Zaldívar, que consideraban como “un piso mínimo para hacer justicia”. Los ministros, unos más receptivos que otros, trataron de tranquilizarlos.

“Nos dijeron que no debíamos preocuparnos; que las visitas de esos personajes no iban a causar efecto ni a cambiar ningún juicio que tuvieran hecho respecto al caso. Nos aseguraron: ‘Estén conscientes y crean que vamos a hacer el trabajo conforme a la ley y de una manera respetuosa hacia ustedes’”, comenta Rodríguez Amaya.

De sus entrevistas con los ministros recuerda: “El presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia, fue muy reservado. No nos permitió visualizar hacia dónde encaminaba su resolución”; Luna Ramos fue muy atenta y nos dijo que estaba ‘muy abocada a nuestro caso’; Fernando Franco nos dejó una mala impresión, pues dijo que lamentaba la situación en que se encontraban 40 familias de los niños fallecidos, cuando todos sabemos que somos 49. Parecía que ni siquiera conocía nuestro asunto”.



Funcionarios protegidos



A modo de balance, Rodríguez Amaya asegura que el resultado final de las tres sesiones del pleno de la SCJN fue decepcionante. Sin embargo, considera que fue digna la posición asumida por los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío.

Puntualiza que los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio estaban conscientes de que el dictamen de la SCJN no tenía carácter vinculatorio y que “era un paso que debíamos dar para seguir buscando justicia fuera del país”.

Y añade: “Creíamos que la Corte tenía una oportunidad de atender el caso de manera cabal y elevar hasta el tope su legitimidad ante la sociedad. No la quiso aprovechar y todo por proteger a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel”.

En entrevista por separado, Lorenzo Ramos Félix, abogado de por lo menos 24 familias agraviadas que se agrupan en el Movimiento Ciudadano, precisa que la resolución de la SCJN es apenas el principio del camino hacia las instancias internacionales. La primera parada en este trayecto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Anuncia algunas de las acciones que realizará. Una vez que se publique el dictamen de la SCJN basado en los señalamientos contra siete funcionarios –dos municipales, tres del gobierno de Bours y dos del IMSS–, solicitará que quienes no estén incluidos en las averiguaciones previas, tanto del fuero común como del federal, abiertas en 2009, sean integrados para ejercer acción penal contra ellos.

Esta solicitud para que se amplíe la acción penal será presentada ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora y la Procuraduría General de la República. “Les vamos a dar un mes para que lo hagan. No deberán tener ningún problema, pues cuentan con todos los elementos. Además, desde hace tiempo estamos trabajando para que se reclasifiquen los delitos, de culposos a dolosos”, apunta.

Si las autoridades no atienden estas solicitudes, recalca el abogado, “estaríamos en condiciones de pedir la intervención de la CIDH. Para ello nos va a ser muy útil todo el cúmulo de pruebas que se allegaron los ministros: peritajes, entrevistas con las autoridades y encuestas. Esa es información que ni por asomo integraron los ministerios públicos federal y estatal”.

“Puesto que ‘una resolución de la SCJN es la última instancia’, sería posible llevar el caso ante organismos internaciones con el argumento de que hubo denegación de justicia y por ello no se ejerció acción legal contra Molinar Horcasitas, Karam y Bours, entre otros”, señala el litigante.

El trámite ante la CIDH, reconoce Ramos Félix, es un procedimiento largo y complicado. Para efectuarlo, plantea, podría apoyarse en organizaciones civiles con experiencia en el campo internacional, como el Centro Prodh.

En torno a este tema, el abogado Leopoldo Maldonado, del Prodh, explica que entre los requisitos que la CIDH establece para admitir una demanda contra un Estado del sistema interamericano es que se hayan agotado las instancias pertinentes sin la obtención de justicia.

Y precisa: “Hay excepcionalidad al agotamiento de los recursos internos; se trata de un concepto que utiliza la CIDH conocido como plazo razonable. No hay un determinado número de años y se manejan varios criterios: la efectividad de los recursos; la respuesta dada por las autoridades; el agotamiento de esos recursos, y la gravedad de las violaciones”.

Detalla que deberán pasar más o menos dos años de que estos procesos “se sustancien en el fuero interno del Estado mexicano para estar en condición de presentar una petición ante la CIDH”.

Los padres que integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio advierten que seguirán en pie de lucha para que se castigue a todos los responsables de la tragedia que enlutó sus vidas.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No fue un accidente, no fue un derrumbe ni un ciclón lo que nos arrebató a nuestros hijos; fueron el Estado mexicano, la corrupción y la negligencia criminal los que nos arrebataron a nuestros hijos”, reitera García Quintana

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