28 de junio de 2010

PERIODISMO HUMANO: La última esperanza de los doce presos de Atenco

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La última esperanza de los doce presos de Atenco

La Suprema Corte dictaminará el miércoles si libera definitivamente o no a estos luchadores sociales

Llevan cuatro años en prisión por defender sus tierras y enfrentan condenas entre 35 y 112 años

28.06.2010 · Majo Siscar · (México)
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Llevan cuatro años encarcelados por defender sus tierras y su pueblo. El próximo miércoles podrían ser absueltos. Son los 12 presos de San Salvador Atenco, un municipio agrícola 23 km al noroeste de Ciudad de México. En 2001 el Gobierno federal anunció que iba a construir allí un aeropuerto y decretó la expropiación de alrededor de 5000 hectáreas de suelo agrícola sin consulta previa y a 7 pesos el metro cuadrado (45 céntimos de euro). Ante la noticia los vecinos se organizaron en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y salieron a las calles. Después de un año de movilizaciones continuas consiguieron cancelar el proyecto. Pero la alegría duró poco, y su osadía fue castigada con creces.

En 2006, cuando se volvía a replantear la posibilidad de construir el aeropuerto, el Ayuntamiento impulsó un programa de reordenamiento urbano por el cuál desalojaron varias veces a los floristas de las inmediaciones del mercado municipal. Los vendedores solicitaron el apoyo del Frente de Pueblos para gestionar una mesa de diálogo con el municipio para que les otorgaran un permiso temporal para vender sus flores donde lo hacían habitualmente almenos durante los días colindantes al 3 de mayo, festividad católica de la Santa Cruz, durante la cual se acostumbra a poner cruces con flores en las calles.

Sin embargo, el día siguiente a la reunión, el mismo 3 de mayo de 2006, las fuerzas de seguridad municipales y estatales, intentaron impedir que los floristas se ubicaran en su lugar de costumbre. Los floristas se opusieron y a su demanda se sumó el Frente y simpatizantes y de los municipios cercanos y la Ciudad de México, situada a 23 km al sur. Para aplacarlos, el Estado mandó un operativo nocturno, donde participaron 3500 efectivos, 8 policías por cada civil concentrado allí, y los reprimieron brutalmente, incluso a personas ajenas al conflicto, provocando violaciones masivas a los derechos humanos.

Las fuerzas de seguridad asesinaron a dos jóvenes, más de 200 personas -entre ellas 9 menores- fueron detenidas arbitrariamente, 207 fueron golpeadas o maltratadas, 26 mujeres, de las 47 detenidas, sufrieron violaciones y 5 extranjeros fueron expulsados ilegalmente del país, entre ellos dos catalanas, Maria Sostres y Cristina Valls, quiénes también denunciaron abusos sexuales.




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