*CISEN, impune escuela de espías
*Espionaje, una rueda de la fortuna
*Panistas sucumben a viejas prácticas
El espionaje telefónico entre políticos y, recientemente, el de sus comunicaciones digitales tiene dos objetivos: primero dar a conocer a la opinión pública el rostro oculto de hombres y mujeres con una responsabilidad pública y social relevante y después descalificarlos para desempeñar un cargo político o para tomar decisiones en sectores regulados en donde abundan los intereses económicos privados y, por supuesto, políticos.
Con Jorge Tello Peón, ex director del CISEN, como asesor en temas de inteligencia y seguridad nacional en la administración de Felipe Calderón, hoy este gobierno panista es el escenario de una guerra de descrédito en donde las armas son grabaciones de llamadas telefónicas obtenidas de forma ilegítima cuya autenticidad tendrá que confirmarse pero que ya dañan a la sociedad mexicana y a su lucha por la democracia.
El espionaje es en sí mismo una actividad ilegal que forma parte de las prácticas y de la guerra sucia que preceden a períodos electorales de alta intensidad como estos comicios intermedios en diez estados. Sin embargo y, a pesar de su gravedad, la acción de la justicia cuando se violan los derechos constitucionales de mexicanos – se trate de políticos o no – ha sido nula y las tímidas acciones ante el Ministerio Público sólo han servido para que aquellos que se ven descubiertos nieguen también y públicamente el contenido de sus conversaciones reveladas de forma ilícita. Sólo algunos poderes legislativo estatales han aplicado cambios en sus códigos penales para tipificar como delito grave las labores de acecho, vigilancia y espionaje contra instituciones de seguridad o castrenses. Este es el caso del dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Poder Legislativo de Nuevo León que fue aprobado por los 42 diputados para castigar con 15 años estos delitos.
Pero a nivel federal, hasta ahora no se ha respetado la Ley de Seguridad Nacional que se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Es precisamente en esta legislación en donde se considera todo acto tendiente a consumar espionaje en contra de sus ciudadanos una seria amenaza para la seguridad nacional porque rompe la confianza y mina las estructuras sociales y la fortalece de las instituciones.
Al parecer, los políticos que han sucumbido a la tentación de espiar a sus contendientes no están del todo enterados de esta legislación. Ha sido, por lo tanto, la impunidad junto con el descrédito público una de las primeras ganancias del espionaje en México, un práctica añeja que ha capitalizado la experiencia de varias generaciones de profesionales de la vigilancia en las filas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) quienes al abandonar el sector público hoy están al servicio de políticos, narcotraficantes y hasta de empresarios que se niegan a sentirse vulnerables frente a este flagelo.
Espías en fuga
Los registros periodísticos de la revista Contralínea confirman el sello de los ex funcionarios del CISEN que, desde 1989, salieron a las calles buscando, a toda costa, privatizar el espionaje que en el territorio mexicano surge como una exigencia del gobierno de Estados Unidos y que hoy, a causa de la inseguridad, la escasa aplicación de la justicia y la penetración del dinero sucio, se está saliendo de las manos de las autoridades como una gran amenaza para la seguridad nacional.
Sin control, ahora, la escasa cultura de inteligencia en el país está al servicio de la guerra sucia de los políticos, de los narcotraficantes y no al servicio de la población. También es cierto que las nuevas tecnologías y el dinero sucio hace que cualquiera, sin moral ante el valor de la privacidad, se convierta en un espía, lo preocupante es que más allá del acecho tecnológico es cómo se procesa y clasifica dicha información y cómo se filtra a los medios de comunicación.
Jorge Carrillo Olea, que en el gobierno de Miguel de la Madrid estuvo a cargo del organismo cuenta cómo surge la idea de crear al CISEN a principios de la década de los ochenta: “Estados Unidos demandaba altos niveles de atención. En Estados Unidos había que hacer amigos tan amigos —en el justo término de la palabra— como fuera posible, o tan amigos como las conveniencias mutuas lo permitieran, porque es un juego de “dame y te daré”. Estados Unidos necesitaba información y el CISEN tenía que generarla. Pero Carrillo Olea también reconoce: “Había una gran confusión y la agenda de riesgos que se le presentaba al Presidente no podía ser tan explícita de dar tiempos o calendarios, o comprometer que se va a cumplir, con excepción de las prioridades”, dice Carrillo Olea en una serie de entrevistas con ex directores del CISEN que coordinó la Secretaría de Gobernación para el libro conmemorativo de los 20 años del organismo.
En 1985, Pedro Vázquez Colmenares, entonces director de la División de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), que después se transformaría en el CISEN, asegura haberse hecho cargo de “una severa y cuidadosa depuración del personal para erradicar vicios y malas prácticas. Sólo quedaron los más aptos y preparados”, dice Vázquez Colmenares en la serie de entrevistas publicadas por el organismo. Vázquez Colmenares prohibió la portación y uso de la famosa “charola “Ordené que los cientos de “charolas” metálicas recogidas fueran fundidas y dieran cuerpo a una pequeña escultura del Benemérito Benito Juárez”. Así fue cómo las “charolas” se fundieron mientras los primeros ex espías del CISEN salieron a las calles. Fue la generación de la guerra sucia, la que persiguió a organizaciones sociales, la que vigiló a intelectuales como Gabriel García Márquez por su simpatía al gobierno de Castro.
Casi una década después, Jorge Enrique Tello Peón fue designado director General del CISEN en enero de 1994, durante el último año de la administración de Carlos Salinas. Fue ratificado por Ernesto Zedillo en enero de 1995 y permaneció en el cargo hasta mayo de 1999. Es este personaje quien ahora asesora a Calderón.
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