La aprobación ayer en el Senado italianao la llamada 'ley mordaza', que impedirá a la prensa publicar las escuchas telefónicas realizadas por orden judicial en una investigación, está provocando un aluvión de protestas en diversos sectores.
El periódico La Repubblica publica hoy su portada completamente en blanco, por primera vez en la historia de la información italiana, con un papel adhesivo amarillo en medio (símbolo de la protesta ciudadana), que reza: 'La ley mordaza niega a los ciudadanos el derecho a ser informados'.
La cadena televisiva de noticias Sky24, propiedad de Rupert Murdoch, ha colocado una franja negra en señal de luto en el ángulo superior derecho con la leyenda: 'Contra la ley mordaza de las escuchas telefónicas'.
Desde Milán, el fiscal adjunto Armando Spataro, especializado en delitos de terrorismo, mafia y corrupción, ha advertido a los ciudadanos que la ley entorpecerá las investigaciones de todo tipo. 'Todos los criminales sacarán provecho de esta ley. Si se promulga, los ciudadanos deben saber que estará en peligro su seguridad pues las escuchas que son un instrumento indispensable para luchar contra el crimen'.
Mientras tanto, Il Popolo Viola (Pueblo Violeta), movimiento de oposición ciudadana nacido en las redes sociales de Internet, se manifiesta delante del Parlamento, y anoche realizó una sentada de protesta ante palacio Grazioli, la residencia romana de Silvio Berlusconi. Su página de Facebook tiene más de 280.000 seguidores.
La nueva norma afectará de forma profunda al sistema de la justicia, la lucha antimafia y la libertad de prensa. El proyecto limita el uso de las escuchas telefónicas, que desde ahora solo se podrán realizar cuando el fiscal detecte 'graves indicios de delito', y durante un máximo de 75 días, prorrogables de tres en tres. También restringe a 72 horas el uso de micrófonos ambientales, que no se podrán instalar en lugares privados, y prohíbe publicar las escuchas en la prensa durante la investigación preliminar (que en Italia suele durar años), bajo penas de hasta 450.000 euros para los editores y de hasta 30 días de cárcel para los periodistas.
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