ACCIÓN ILEGAL EN PASTA DE CONCHOS
BOLETÍN DE PRENSA
Saltillo, Coahuila 12 de junio del 2010
Si el Gobierno del estado de Coahuila no muestra un documento para justificar “el resguardo” de la Unidad 8 de la Mina Pasta de Conchos por la Policía estatal, es ilegal su acción, afirmó Fray Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, en la Misa que celebró hoy 12 de junio con jóvenes del Colegio San José.
Al retomar una cita del evangelista Lucas donde dice que Jesús desenrolló el papel y leyó la cita El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a llevar la Buena Nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos…”, don Raúl aseguró que existen nuevas opresiones y esclavitudes como aquellas donde “muchos quedan en la calle y otros hacen fortuna”.
Citó la situación que viven las viudas de Pasta de Conchos, quienes por cuatro años han pedido el rescate de los 65 mineros que se quedaron en la mina debido a la explosión del 19 de febrero del 2006.
Muchas de ellas todavía no arreglan la pensión, mientras que el Grupo México, dueño de la Mina, busca la manera de reiniciar las actividades para continuar la explotación del carbón.
La última acción fue el “resguardo de las instalaciones” que la policía estatal del estado de Coahuila realizó la madrugada del 7 de junio, acción que “es ilegal mientras el gobierno no demuestra un comprobante por escrito”, dijo don Raúl.
Comentó que la Secretaría del Trabajo emitió un boletín de prensa donde se deslinda de toda responsabilidad; en uno de los párrafos de dicho escrito dice: “…las acciones realizadas por la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V. apoyadas por las autoridades del Gobierno del estado de Coahuila, consistentes en continuar con las labores de sellado pendientes, no derivan de algún acto de autoridad emanado del Gobierno Federal y, si bien pudieran obedecer a la intención de garantizar las condiciones de seguridad de la mina ante posibles riesgos de explosividad por acumulación de gases, se trata de una decisión de la empresa que no incide en el ámbito competencial de estas dependencias”.
Lo anterior, dijo el obispo, sólo justifica que el Gobierno de Coahuila permite que el grupo México “borre sus crímenes, limpie sus crímenes porque lo que ahora están haciendo no sólo es sellar la mina, sino limpiar toda evidencia de los restos porque los restos hablan”, afirmó el obispo.
Agregó: “El gobierno del estado de Coahuila tiene que mostrar un justificante escrito o que hizo un peritaje donde se compruebe que hay peligro por explosión de gases, de lo contrario, es ilegal lo que ha hecho a través de la policía estatal”.
Expresó que los lamentos que hizo el gobernador (Humberto Moreira) cuando sucedió el siniestro, ahora no tienen valor ya que “la acción que hizo está contra los ciudadanos de este estado, él le está echando la policía a sus ciudadanos por los que lloró en aquel tiempo”.
Hizo ver que no es la primera vez que se envía a la policía, ya que la primera fue en apoyo al exgobernador Rogelio Montemayor, cuando entró a la mina a instalar una lavadora.
El pastor comentó que es responsabilidad de la Iglesia denunciar las injusticias, como Jesús lo hizo en su tiempo, por lo que dijo, es una injusticia que 614 personas se hayan quedado sin un sustento económico porque la empresa “no tenía un sistema de seguridad”.
“Cuando Jesús habla de liberar a los presos, hablaba de liberar de tanta injusticia, de tantas actitudes de políticos que se vuelven cómplices de empresarios”, como en este caso en Pasta de Conchos.
Desgraciadamente todavía hay muchos pobres que siguen pagando las consecuencias de tantas acciones derivadas de quienes tienen el poder, aseguró.
María Eugenia Arriaga Salomón
Pastoral de la Comunicación
12 de junio del año 2010.
BOLETÍN URGENTE: LA POLICIA ESTATAL INTENTA NUEVAMENTE AGREDIR A LAS FAMILIAS
Se nos reportó hoy por la mañana que nuevamente la Policía Estatal y la Ministerial del Estado de Coahuila desalojó a familiares que estaban resguardados en el campamento que mantiene el grupo denominado la Otra Obrera fuera del perímetro de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos.
Toda la semana hemos escuchado declaraciones del Secretario Lozano, de la SecretarÍa de Gobernación “deslindándose” y “deslindar” a la SecretarÍa de Economía de la toma de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. Escuchamos al Gobernador, Prof. Humberto Moreira, primero decir que no sabía nada, después afirmó que la Dirección General de Minas ordenó el sellado de la mina. Sus propias declaraciones los desnudan.
En el boletín de prensa emitido por la STPS el pasado 8 de junio se afirma: “Como consecuencia tanto de la suspensión ordenada como del convenio de terminación del contrato colectivo de trabajo entre la empresa y el sindicato titular, ratificado y aprobado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de noviembre de 2006, la mina dejó de ser un centro de trabajo y consecuentemente la STPS carece de atribuciones para realizar inspecciones y dictar medidas técnicas de seguridad e higiene. Por otra parte, la SE tampoco se encuentra facultada para ordenar alguna medida complementaria, una vez que fueron suspendidos definitivamente los trabajos. Asimismo, tampoco existe alguna orden relacionada con el sellado de la mina por parte de la autoridad de protección civil federal.”
Es absolutamente irresponsable y contra derecho, que la STPS diga que desde el 30 de noviembre de 2006 “la mina deja de ser un centro de trabajo y que por tanto carecen de atribuciones”. La mina siguió siendo un centro de trabajo porque había trabajadores, había un patrón y había una materia de trabajo. La misma STPS ordenó peritajes en la mina posteriores a esta fecha y la SE hizo inspecciones posteriores a esa fecha. Así que mienten en su argumento, mienten en los hechos, actúan ilegalmente cobijados por la ideología y sus intereses como siempre.
No es la primera vez que el Gobierno de Humberto Moreira ejerce violencia con su policía contra las familias de Pasta de Conchos. Lo hizo a fines de julio para permitirle a Rogelio Montemayor Segur, el mismo del PEMEXGATE “tomar la planta lavadora que se había comprado y que estaba en el perímetro de la mina”. La policía estatal en un despliegue brutal de fuerza desalojó a las familias. Y como lo denunciamos mucho antes de estos hechos, la empresa IMMSA declaró que la planta lavadora nunca se vendió y sigue siendo de su propiedad.
El día 9 de junio, personal de la PROFEDER, de la STPS y del Gobierno de Coahuila, citaron a un “grupo de viudas” en Sabinas. Les pidieron que “firmaran papeles en blanco” para “arreglarles las pensiones porque estaban muy bajas”. Las mujeres dijeron que no volverían a firmar nada en blanco y que no harían nada después de que les quitaron la mina para entregarla a Grupo México. Frente a esta respuesta las “insultaron a gritos y les dijeron que se fueran a la chingada, que no verían nunca un peso”.
Hoy por la mañana, nuevamente la policía del Estado de Coahuila, intenta desalojar a las familias que replegadas fuera del perímetro de la mina. Les dijeron que era “por su culpa por haber instalado un campamento en Saltillo y se metieron al campamento del SME”.
La empresa Industrial Minera México, S.A.B de C.V., de Grupo México, puede decir y hacer lo que quiera, desde parar el rescate de los restos de los mineros argumentando que el agua acumulada en la mina puede estar contaminada de VIH, hepatitis, tuberculosis y otros patógenos, que contagiaría a rescatistas, ellos a sus familias y las familias a poblaciones enteras; puede sellar la mina porque el gas puede generar una explosión como argumentó para desalojar a las familias (si eso fuera cierto todas las minas que dejan las empresas abiertas en la carbonífera explotarían y no hay un sólo registro de que algo así sucediera), hasta violentar el derecho a huelga de los trabajadores en Cananea porque “se han dañado sus equipos” sin decir, que la seguridad de sus equipos e instalaciones estuvo bajo custodia de una empresa contratada ex profeso por ella misma.
Llevar a los trabajadores y a las familias mineras, pero también a las comunidades afectadas por las políticas de muchas empresas mineras; a los trabajadores del SME; al pueblo de Atenco; a las familias de la Guardería ABC; a las comunidades Triquis, a límites inauditos y fuera del Estado de Derecho, y pretender resolverlos, violentando aún más con argumentos ideológicos para torcer y utilizar las leyes con que actúa el Gobierno es absolutamente condenable.
En este momento están siendo recibidas las familias por representantes del Gobierno de Coahuila para entregarles el documento de la Dirección General de Minas en que se ordena sellar la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos. La existencia o no de este documento, la entrega o no del mismo, sólo servirá para que se sigan hundiendo en declaraciones y justificaciones con el fin de ocultar todo el largo historial de ilegalidades de ambos gobiernos. De existir ese documento y de hacerlo público, ni explica la violencia de todos estos días, ni de todos estos años.
A menos de 24 horas de que se venza el plazo que otorgamos a la Secretaría de Gobernación para que responda a la propuesta que hicimos a partir de su invitación a instalar una Mesa Intersecretarial y una Mesa Técnica, no han enviado ninguna comunicación.
Hacemos un llamado a los Medios de Comunicación para mañana domingo 13 de junio a las 12 del día, en el Campamento del SME en el Zócalo para que conozcan el documento que dice el Gobierno de Coahuila entregará a las familias y la respuesta que recibimos de la Secretaría de Gobernación.
La Organización Familia Pasta de Conchos, permanecerá en el Campamento de los y las compañeras del SME. No saldremos de ahí y actuaremos de manera conjunta hasta que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país.
A una voz, ¡Rescate ya!
Organización Familia Pasta de Conchos
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com
BOLETÍN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
Posicionamiento en torno a las labores de sellado de la mina 8 de la Unidad Minera Pasta de Conchos
En relación a las labores de sellado de la mina 8 de la Unidad Minera Pasta de Conchos que está realizando la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V. la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE) consideran importante hacer las siguientes precisiones: 1. Como consecuencia de la resolución de la Secretaría de Economía de fecha 30 de noviembre de 2007, las obras y trabajos mineros se encuentran suspendidos en esa mina lo cual significa que la concesionaria está impedida para sustraer mineral. 2. Una vez dictada la suspensión, la empresa tomó unilateralmente la determinación de sellar barrenos y tiros de ventilación dejando pendientes de sellado los inclinados y la bocamina. 3. De la misma forma, como consecuencia tanto de la suspensión ordenada como del convenio de terminación del contrato colectivo de trabajo entre la empresa y el sindicato titular, ratificado y aprobado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 30 de noviembre de 2006, la mina dejó de ser un centro de trabajo y consecuentemente la STPS carece de atribuciones para realizar inspecciones y dictar medidas técnicas de seguridad e higiene. Por otra parte, la SE tampoco se encuentra facultada para ordenar alguna medida complementaria, una vez que fueron suspendidos definitivamente los trabajos. Asimismo, tampoco existe alguna orden relacionada con el sellado de la mina por parte de la autoridad de protección civil federal. 4. En este contexto, las acciones realizadas por la empresa Industrial Minera México S.A. de C.V. apoyadas por las autoridades del Gobierno del estado de Coahuila, consistentes en continuar con las labores de sellado pendientes, no derivan de algún acto de autoridad emanado del Gobierno Federal y, si bien pudieran obedecer a la intención de garantizar las condiciones de seguridad de la mina ante posibles riesgos de explosividad por acumulación de gases, se trata de una decisión de la empresa que no incide en el ámbito competencial de estas dependencias. La autoridad minera habrá de tomar las medidas que en su caso procedan, conforme a lo que dispone la ley de la materia, debiendo la empresa y las autoridades competentes del Gobierno del estado de Coahuila, asumir las consecuencias de sus decisiones.
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