‘Es una farsa…’
De La Redacción
EL DIARIO | 01-05-2010 | 21:27 | Opinión
El experto en materia de narcotráfico más buscado en estos momentos por medios nacionales e internacionales, Edgardo Buscaglia, lo dijo con todas sus letras en entrevista con El Diario: la estrategia que el presidente Felipe Calderón comenzó a aplicar prácticamente desde que asumió el poder en diciembre de 2006 en contra del crimen organizado, es una farsa.
El argumento que esgrime el especialista se basa en que en estos más de tres años de despliegue militar y federal en diversas zonas del país, incluida por supuesto Juárez, que es donde más se ha agudizado el problema, las estructuras financieras del narcotráfico –propiedades y empresas– han permanecido intactas, lo cual ha sido señalado en numerosas ocasiones en estos espacios editoriales.
Para no ir tan lejos, apenas el lunes pasado este medio publicó que desde que el primer mandatario instrumentó el Operativo Conjunto en Chihuahua, a partir de los primeros meses de 2008, sólo han sido asegurados tres bienes inmuebles al crimen organizado en toda la entidad, según datos del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda, de los cuales dos se localizan en esta frontera y el otro en la capital.
Para cualquiera con un mínimo de sentido común, esa estadística representa una gigantesca burla para quienes, como los juarenses, han tenido que soportar más de dos años de violencia ininterrumpida, el asesinato de cientos de personas inocentes y el desmantelamiento general de la ciudad a pesar de la presencia masiva de soldados y agentes federales.
Porque hasta ahora, lo único significativo que ha conseguido la guerra de Calderón es saturar los cementerios con miles y miles de muertos, mientras que los grupos detrás del control del narcotráfico siguen tan vivos como el primer día y sus bienes intocados.
¿Qué sentido tiene continuar entonces con la misma estrategia que a la vista de todos es un fracaso?
Se comentó –y aquí también lo dijimos en su momento– que la declaratoria de guerra por parte del Gobierno federal hacia los grupos de la delincuencia organizada, no era más que una estrategia mal planeada, precipitada, improvisada, no para golpear realmente a las estructuras económicas y de lavado de dinero de esas mafias, sino orientada a legitimar la presencia del presidente en el poder, después de su maltrecho arribo en diciembre de 2006, tras los cuestionados resultados y fallos electorales que lo colocaron en la silla de Palacio Nacional.
Si bien durante los primeros meses de estos operativos la percepción sobre el jefe de la Nación se posicionó adecuadamente entre los mexicanos, la falta de resultados concretos, el muerterío de narcos e inocentes, la violencia que se conjugó con la crisis económica para devastar la planta productiva y el empleo, la multiplicación de delitos como la extorsión, el robo y el secuestro, así como el deterioro de la imagen del Ejército entre los connacionales, han arrojado efectos contraproducentes.
Como dice el dicho, el tiro le salió por la culata al primer mandatario, porque a estas alturas hasta el mismo Joaquín Sabina, cantautor español, calificó de ingenuo a Calderón por persistir en la misma tónica fallida.
No sin sarcasmo, el experto Buscaglia explicó que hay 17 países que se toman en serio la prevención y el combate contra el narco, y los que no lo hacen, agregó resumiendo lo que en algunos editoriales ha sido planteado aquí, “simplemente envían soldados como técnicas mediáticas, dan discursos todo el día, hacen foritos cuando explotan situaciones de inseguridad, como hacen en Juárez ahora, donde la técnica del presidente es sólo reactiva: va porque explotó una situación, pero no porque hayan estado previendo la situación”.
Al igual que el entrevistado, El Diario ha sido puntual a la hora de señalar el fallido Estado que se le ha ido de las manos al presidente, así como la fracasada pretensión de combatir a la delincuencia, sobre todo en momentos tan álgidos como cuando se registró el asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, cuyo caso todo parece indicar se ha quedado al garete de las autoridades judiciales, o bien, cuando un piquete de soldados golpeó a los guardias de seguridad de este periódico, o cada vez que el primer mandatario ha tocado suelo juarense.
A estas alturas de instrumentado, primero el Operativo Conjunto y después la Operación Coordinada, era para que los juarenses ya estuviéramos viendo una declinación de la violencia, numerosos capos tras las rejas, empresas y propiedades confiscadas, pero en realidad la situación no cambia, lo único que atestiguamos es que el número de asesinatos arrecia y se multiplica, como sucedió con la jornada del miércoles, cuando en apenas 27 horas se registraron 32 homicidios dolosos, más de la tercera parte de adolescentes entre 15 y 19 años.
En vez de mejorar nuestra calidad de vida, los fronterizos somos rehenes de los delincuentes pero también de los cuerpos policiacos, con retenes, volantas y convoyes vigilándonos en vez de actuar contra los primeros.
Y por si lo anterior no fuera suficiente, también debemos soportar que cada vez que el presidente o su esposa vienen a la ciudad nuestra vida ya de por sí alterada se complique más, como sucedió el jueves cuando a la señora Zavala de Calderón se le ocurrió que presentándose en un evento para los niños le subirían los bonos a su consorte, pero lo único que consiguió fue provocar molestias a su paso por el oneroso despliegue de seguridad que paralizó zonas enteras de esta urbe.
La gente decente que todavía sale a la calle a ganarse el sustento, como los comerciantes, ambulantes o establecidos, e incluso hasta los voceadores, tuvieron que suspender sus actividades porque el aparato de seguridad de la primera dama cerró amplios espacios, consiguiendo, como lo ha hecho su esposo, resultados contraproducentes.
Si con estas giras que no hicieron en los tres años anteriores piensan que los bonos electorales de su partido subirán, tendrían que reflexionar mejor en lo que están haciendo porque en aras de dividendos electorales no están siguiendo la mejor estrategia.
Cierto, es probable que más cercano el día de las elecciones arrecien las visitas y los ofrecimientos, sin embargo, ya no es tan fácil engatusar a los votantes.
Calderón fue el candidato que más sufragios obtuvo en Juárez en las elecciones presidenciales de 2006, por encima de Madrazo y de López Obrador. Empero, el fracaso de su declarada guerra contra el crimen organizado será, sin duda, un enorme handicap para los comicios siguientes, porque todo aparenta –y no lo decimos nosotros, sino los expertos y la vox populi– que a esta frontera han traído sus operativos con intenciones que van más allá de la necesaria desestabilización de los grupos del narcotráfico, que gozan de cabal salud.
¿Será suficiente esta farsa de la que habla Buscaglia para llevar utilidades electorales hasta las urnas el 4 de julio? Está por verse. Por lo pronto, los juarenses seguimos peor y más hartos de que nos quieran vender espejismos en vez de la verdadera seguridad que anhelamos y exigimos.
La peor cara de la justicia
Uno de los rostros más repulsivos y contraproducentes de la realidad que estamos padeciendo en Ciudad Juárez asomó con mayor nitidez durante la semana que termina.
Miles de juarenses no se explican el porqué quienes deberían estar tras las rejas pagando a la sociedad por sus crímenes, andan libres, mientras que ciudadanos cuyo único pecado ha sido caer en la mira de corporaciones sin escrúpulos, son detenidos sin mediar la orden de arresto de algún juez y en circunstancias que cruzan ya no digamos la línea de la legalidad, sino la de la misma civilidad que debería existir en un régimen de derecho como en el que se supone vivimos.
La justicia, que tan mal ha operado en estos años en que mejor debería haberlo hecho, superó por estos días –y con creces– sus peores expectativas.
Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue acusado del homicidio de la adolescente Rubí Marisol Frayre Escobedo en 2008. En el expediente del caso, de acuerdo con los informes periodísticos, obra su confesión en la que reconoce haber sido el autor material de la muerte de la menor.
Incluso, durante el último día del juicio oral que inició el lunes y culminó el jueves con la sentencia absolutoria de parte del tribunal integrado por tres jueces, Barraza Bocanegra tácitamente volvió a asumir su responsabilidad con las únicas palabras que pronunció durante el proceso: “Yo sé que es un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, verdad. Como ella lo ha manifestado (la madre de la víctima), que no me perdona, de antemano te pido perdón Marisela porque yo sé que es un daño grande y es cierto como tú dices dónde estaba Dios, y yo no conocía a Dios en otro tiempo, y Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal, y este…”
Abrigado por la oscuridad de la madrugada, Barraza fue liberado el viernes y sus abogados le recomendaron que se fuera de la ciudad inmediatamente.
Ha sido tanta la molestia ocasionada por este caso, que el mismo gobernador demandó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia que investigue a los jueces que absolvieron al indiciado, mientras que a la procuradora de Justicia estatal le pidió se indagara la actuación del Ministerio Público, para determinar si su actuación fue la correcta.
Por lo anterior, todo indica que el proceso será apelado ante las instancias correspondientes.
Mientras tanto, la madre y familiares de Rubí Marisol han retomado sus caminatas para seguir exigiendo justicia a un sistema que, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, sigue mostrando las fallas que no han podido dar respuesta efectiva a la situación en que más se le necesitaba, como es la presente.
Por cierto que las quijotescas marchas de Marisela Escobedo clamando justicia a los molinos de viento que es el nuevo sistema de justicia penal, sólo se han visto secundadas por sus familiares. ¿Qué fue de aquellas “aguerridas” organizaciones que tanto ayudaron a enlodar el nombre de Juárez y contribuyeron con sus exageraciones a construir la leyenda negra sobre esta frontera? Todo parece indicar que la carencia de reflectores internacionales y la ausencia de retribuciones monetarias de por medio fueron factores cruciales para que estos grupos no se acercaran a medrar con el caso de Rubí Marisol.
El tiempo termina por poner a algunos en el sitio que les corresponde, aun cuando el olvido no es precisamente lo que las familiares de las víctimas de años atrás quisieran para estos grupos chantajistas y vividores.
Mientras el enojo de los juarenses se ha concentrado justificadamente en el caso de Marisela Escobedo y su hija, hay otro que con seguridad brotará en los próximos días avalado por un grupo de sacerdotes católicos de la ciudad.
Hacia la una de la mañana del sábado 24 de abril, la familia X (el nombre se difundirá en su momento, porque sus miembros se hallan demasiado temerosos aún como para salir a la luz pública) fue despertada por unos ruidos en su patio. Se trataba de cuatro o cinco personas que, utilizando una escalera, subieron al techo de la vivienda y luego bajaron al interior.
De acuerdo con la descripción de integrantes de la familia, quienes irrumpieron de esa manera a su hogar eran soldados que le pidieron a la ama de casa que se quedara en el interior mientras ellos hablaban con el esposo, con quien salieron a la calle. Cuando la mujer se animó a asomarse para ver qué sucedía, ya no había nadie. Se habían llevado a su marido en pijama y pantuflas.
Después de numerosas diligencias y de contactar a diversas personas en busca de ayuda, finalmente el Ejército les hizo saber que habían entregado al padre de familia a la PGR, en donde les negaron reiteradamente que lo tuvieran allí. En esa corporación levantaron una denuncia por desaparición de persona.
Al día siguiente, domingo por la noche, fue el mismo padre de familia el que por fin se pudo comunicar con su parentela desde la ciudad de México, donde lo tenía cautivo la Policía Federal, para informarles que lo acusaban de la muerte de los seis federales ocurrida el viernes 23. Les platicó que así como hicieron con él, fueron desplegándose en otras viviendas para detener a las personas que al día siguiente (lunes 26) presentaron como los asesinos de los agentes.
La honestidad de este hombre y de su familia es garantizada por un grupo de al menos cinco sacerdotes católicos, quienes conocen a estas personas desde hace al menos 25 años como parte de la parroquia en la que han desarrollado su actividad pastoral, y en unos días más darán una rueda de prensa para exponer el caso de quien consideran a todas luces como un “chivo expiatorio” del sistema judicial federal.
De acuerdo con información que ha trascendido, la familia ya había sido visitada en al menos cinco ocasiones por miembros de las fuerzas armadas y siempre se les permitió el acceso a la vivienda para que comprobaran que no tenían nada qué esconder. Incluso, un día antes de la masacre de federales, los elementos castrenses estuvieron en la casa cateando, pero como siempre, no encontraron nada.
Pareciera que tanto en éste como en otros casos que sucedieron en la semana, el criterio aplicado por el Ejército y la Federal ha sido el utilizado desde Porfirio Díaz: “deténgalos y después averiguan”, que para nada abona a favor del presunto estado de derecho en que se desenvuelve el país.
No se puede explicar de otra manera lo acontecido también con la adolescente Sarahí Olivares Dávila, de 16 años, quien fue privada de su libertad en esta ciudad por agentes de la Federal acusada del delito de secuestro.
La menor también fue trasladada a la ciudad de México y fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que unas más tarde la liberó por no encontrar pruebas en su contra.
El problema es que la jovencita fue soltada y dejada en la calle “a la buena de Dios”, sin recursos para que pudiera regresar a esta frontera con su familia.
De estos hechos se interpuso asimismo una denuncia por desaparición de persona ante la autoridad correspondiente, lo que ha llevado a la madre de la joven a subrayar que “vamos a seguir con el caso hasta donde tope, porque se trató de un abuso”.
En similares circunstancias se encuentra la familia de Rubén Abraham Martínez Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tec de Juárez.
De acuerdo con lo publicado en este medio, para este núcleo familiar su pesadilla comenzó también después de la masacre de federales, cuando el universitario fue detenido después de que los agentes hicieran una revisión de rutina en el domicilio, en donde presuntamente le hallaron varios paquetes de mariguana.
Según el testimonio de la madre de familia, los agentes la amagaron por teléfono diciéndole que si no les entregaba una camioneta Expedition “no va a volver a ver vivo a su hijo…”
El padre de familia, que no se hallaba en la vivienda, se dedicó a realizar búsquedas y trámites para dar con el paradero de su vástago, y en una de esas fue detenido por elementos federales. Fue acusado de intervenir en la masacre de policías. Sin embargo, pudo salir libre porque demostró que a la hora en que supuestamente fue arrestado, estaba ante la autoridad denunciando la privación ilegal de su hijo.
Ahora, el padre de familia pide la solidaridad de la ciudadanía y denuncia que “si algo le llega a pasar a mi hijo, a mi familia o a mí, señalo como responsable al presidente Calderón porque él envió a estas personas a cuidarnos”.
Otro ejemplo de esta indebida política que, si bien no sucedió en Juárez sí es sumamente representativo de lo que estamos exponiendo, es el de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron indultadas a mediados de semana por la Suprema Corte de Justicia después de permanecer casi cuatro años presas con sentencias de 21 años por secuestros que no se cometieron.
Sergio Sarmiento, en su columna del viernes, escribió al respecto que “una vez más el sistema de justicia de nuestro país ha quedado en entredicho por su predisposición a inventar culpables. No podemos dejar de preguntarnos cuántos miles de personas hay en las cárceles por acusaciones falsas, sin esperanza de alcanzar la libertad, ya que sus casos no han sido asumidos por organizaciones no gubernamentales o por los medios de comunicación”.
¿Necesitamos más para darle la razón al experto Buscaglia cuando califica de farsa los despliegues que estamos viendo?
Cuestionar por cuestionar
En tiempos electorales, cualquier pretexto es bueno para los partidos políticos cuando se trata de conseguir reflectores, aun cuando caigan en contradicciones y hasta se opongan al sentir de la inmensa mayoría.
El gobernador José Reyes Baeza anunció que como una manera de manifestar su inconformidad con la cuestionada Ley SB 1070 que criminaliza a los indocumentados mexicanos en Arizona, no acudirá a la XXVIII Reunión de Gobernadores Fronterizos, programada para septiembre en ese estado de la Unión Americana.
La decisión del Ejecutivo estatal suscitó el apoyo de las bancadas de PRI, Panal y PRD en el Congreso local, mientras que el líder de los diputados blanquiazules, Fernando Álvarez Monje, criticó al mandatario al señalar que es una táctica errónea de Baeza, que se “equivoca gravemente” porque con su ausencia no alzará la voz de los chihuahuenses en contra de esta ley, entre otros cuestionamientos más.
Tal vez Álvarez Monje debió haberse informado bien antes de enjuiciar, porque Reyes Baeza no es el único gobernador que anunció su decisión de no acudir a ese foro anual, sino también los de Sonora, Guillermo Padrés Elías y José Guadalupe Osuna Millán, de Baja California, ambos surgidos del PAN, y los dos con los mismos argumentos que llevaron al de Chihuahua a asumir esa determinación.
Cuando la citada normatividad está logrando la unanimidad de prácticamente todos los sectores y ciudadanos del país y de numerosos de EU en su contra, no tiene sentido que el líder parlamentario panista cuestione sólo por cuestionar en vez de unirse a esta corriente generalizada de rechazo.
Conseguiría más de esa manera que siguiendo la tradicional postura de oponerse por sistema.
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