Por Amy Goodman
Arizona f
ue el único territorio al oeste de Texas que se separó de la Unión y pasó a formar parte de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Un siglo más tarde, luchó por el reconocimiento del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. Esta semana, la gobernadora republicana del estado, Jan Bewer, promulgó una ley anti-inmigrantes. El proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona autoriza al estado y a la policía local y estatal a detener, interrogar y arrestar a cualquier persona que sospechen que no es residente legal del estado. La ley es una invitación a la discriminación racial abierta y a la detención arbitraria.
La ley aparentemente establece la “aplicación cooperativa de las leyes federales de inmigración en todo el estado de Arizona”, y dispone que “un oficial del orden público puede arrestar a una persona sin orden judicial, si el funcionario tiene causa probable para creer que la persona cometió una falta pública que la haga pasible de ser expulsada de Estados Unidos”.
Por consiguiente, si un oficial de policía sospecha que una persona latina es inmigrante indocumentado, él o ella pueden detener a esa persona. Uno de los blancos a los que apunta esta ley son los trabajadores jornaleros. Es ilegal aceptar (o realizar) una oferta de trabajo en algunos establecimientos al borde de la carretera, e incluso la ley prevé que la “comunicación mediante un gesto o asentir con la cabeza” para aceptar una oferta de trabajo, es una ofensa pasible de arresto. La ley S.B. 1070 va más allá y facilita la denuncia anónima de comercios de los que se sospeche que tienen empleados indocumentados.
El Presidente Barack Obama denunció el proyecto de ley y afirmó: “Si no actuamos en forma responsable a nivel federal, dejaremos lugar a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos en Arizona, que amenazan con socavar las nociones básicas de justicia y equidad que valoramos como estadounidenses, además de la confianza entre la policía y la comunidad que es tan importante para vivir en una sociedad segura. De hecho, ordené a los miembros de mi gobierno que sigan de cerca la situación y examinen las repercusiones que esta legislación pueda tener en los derechos civiles, así como también cualquier otro tipo de implicancias que pueda tener”.
Hay una fuerte reacción en contra de este proyecto de ley en Arizona y en todo el país. El congresista Raul Grijalva, demócrata de Tucson, Arizona, y co-presidente del Comité Progresista del Congreso, está al frente de la oposición a la polémica ley. Me dijo: “Es una licencia para la discriminación racial. Genera una condición de segunda clase principalmente para los latinos y las personas de color en el estado de Arizona…Arizona ha sido el laboratorio para este tipo de iniciativas racistas severas”.
Grupos legales están preparando impugnaciones a la ley. Sunita Patel es abogada del Centro por los Derechos Constitucionales. Según Patel, la ley “Permite a los organismos locales del orden público acceder no solo a las bases de datos del FBI, cosa que tradicionalmente han hecho, sino que también les permite sincronizarlas con las bases de datos de inmigración, que tienen fama de no ser confiables debido a los errores en el ingreso de los datos, debido a que tienen información incorrecta sobre la situación de ciudadanía de muchas personas…Y la ley está poninedo en marcha esta amplia red”.
Grijalva le está pidiendo al gobierno federal que se niegue a cooperar con Arizona. “Las cuestiones de inmigración son juridicción de la ley federal y si le pedimos al presidente que no coopere con la implementación de esta ley de Arizona mediante la Oficina de Seguridad Nacional, mediante la Patrulla Fronteriza, dando la orden de no detener y tomando una postura de no cooperación del gobierno federal de Estados Unidos y los organismos federales, le restaría sentido a gran parte de esta legislación y la volvería ineficaz”, dijo.
¡Es un Honor Estar con Obrador!
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