Garzón, ¿un héroe de los derechos humanos?
Alvar Chalmeta
Diagonal
Cuando redoblan los llamamientos a respaldar a Garzón, reconocidas voces en la defensa de los derechos humanos alertan ante la paradoja de presentar como valedor de las libertades a este juez.
“No podemos sino oponernos a la designación del juez Baltasar Garzón como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia”. Así de contundente termina el manifiesto, titulado La Paradoja de Garzón, hecho público a mediados de abril por 26 conocidos activistas en la defensa de los derechos humanos del Estado español.
Según Jorge del Cura, del madrileño Centro de Documentación contra la Tortura, y uno de los firmantes del manifiesto “es necesario e imprescindible investigar todas y cada una de las responsabilidades de los crímenes del Franquismo, pero esta investigación no puede servir para avalar y dar un barniz democrático a un tribunal como la Audiencia Nacional (AN). El manifiesto –añade– nace ante el estupor y la indignación de ver cómo se presenta a Garzón como un héroe de los derechos humanos al tiempo que se oculta, o se silencia, su papel y, sobre todo, el de la Audiencia Nacional en el retroceso de las libertades en el Estado español”.
Y es que los nombres del juez estrella y el de este tribunal especial están íntimamente ligados desde que en 1988 Garzón se incorporara a la Audiencia Nacional como juez instructor. Una dilatada carrera durante la cual Garzón ha marcado su estilo. “Si entendemos el juez de instrucción como un juez garante de los derechos fundamentales de los investigados, Garzón no aprueba: no materializa su función de control de la labor policial y se limita a reproducir los atestados de la policía en los autos judiciales” describe Benet Sallelas, letrado catalán que ha tenido que lidiar con diferentes ocasiones con los sumarios de este juez. “Ha utilizado siempre un modelo totalmente inquisitivo, dificultando mucho la labor de las defensas. Parece que ahora le ha pasado algo parecido”.
El titular del juzgado nº 5 de instrucción no ha sido un juez más de la AN. Para el abogado vasco Julen Arzuaga, de Behatokia, un observatorio vasco de derechos humanos y uno de los impulsores del manifiesto crítico con Garzón, éste “es el creador de la interpretación extensiva del ‘todo es ETA’. Él diseñó el empleo ambiguo del derecho penal y de su brutal intromisión en la vida política pública. Es el responsable de toda esa línea de intervención que supone dejar en suspenso los derechos políticos de un sector importante de la sociedad vasca”. Y lo ha hecho, según Arzuaga, “impulsando sumarios de motivación política y recurriendo al derecho Penal del enemigo, ese derecho que juzga, condena y encarcela, no por lo que has hecho, sino por lo que eres y piensas”.
Y el juez ha ido marcando línea. Como afirma del Cura, “la AN, con Garzón a la cabeza, adelantaba, exigía y daba un aparente barniz legal a las modificaciones para endurecer la legislación en cada momento”.
La purga de la sala cuarta
Lo sucedido con los jueces de la sala cuarta de lo penal de la AN es un buen ejemplo del sesgo que imprimió Garzón. El veterano August Gil Matamala, ex presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos recuerda este caso: “Garzón es un juez instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior: la sala cuarta de lo penal de la Audiencia. Dos magistrados no se dejaron embaucar por su visión desorbitada del tejido asociativo vasco y, desde finales de los ‘90, revocaban numerosos procesamientos.
Entonces los magistrados sufrieron una campaña mediática de desprestigio”. Posteriormente, en febrero de 2002, en un confuso caso, la sala cuarta dejó en libertad a un narcotraficante, que se dio a la fuga. Sus jueces fueron fulminantemente expedientados, suspendidos e inhabilitados por seis meses. Tras aquella drástica sanción, en los pasillos del tribunal, la letanía de su personal fue la misma: “Cotino (entonces director general de la Policía) y Garzón han tomado la AN”. En 2004, el Supremo consideró inmotivada la suspensión y los magistrados fueron rehabilitados y se reincorporaron a la Audiencia.
“Pero –sostiene Gil Matamala– el daño ya estaba hecho: desde entonces ninguna sala de la AN se atreve a cuestionar las decisiones de Garzón”. En ello abunda Fernández: “Sin recordar aquella batalla es hoy imposible comprender instrucciones y sentencias como la del macroproceso 18/98 o el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria o la equiparación de desobediencia civil y terrorismo”.
Impasible ante la tortura
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