Juzgarán a juez en España por investigfar desapariciones del franquismo
AFP | 07-04-2010 | 08:20 | Internacional
Madrid–– El juez español Baltasar Garzón será juzgado por haber investigado sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española y la represión posterior de la dictadura franquista (1936-1975) sin presuntamente tener competencia para ello y obviando una ley de amnistía general de 1977.
El juez del Tribunal Supremo (TS) Luciano Varela decidió abrir el procedimiento para juzgar a Garzón, objeto de una demanda de varias organizaciones consideradas de ultraderecha, por su investigación de los crímenes del franquismo, informaron este miércoles fuentes judiciales.
"Resulta poco cuestionable la probabilidad de que Garzón haya perpetrado los hechos de este proceso", afirmó Varela, en su decisión hecha pública este miércoles.
"Consciente de su falta de competencia (...) construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal", añadió Varela, asegurando que "ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es)".
Tras esta decisión, que abre la puerta a una suspensión en sus funciones de Garzón, los querellantes tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional.
Desde mayo de 2009, tres entidades minoritarias consideradas de ultraderecha --el sindicato Manos Limpias, la formación ultraderechista Falange Española de la JONS y la asociación "Libertad e identidad"-- presentaron denuncias contra Garzón.
Las acusaciones se basan en su decisión de octubre de 2008 de investigar la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y de los primeros años del franquismo, y de autorizar la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos, derrotados por el levantamiento militar liderado por Francisco Franco.
En un auto de febrero, el juez Varela ya había reprochado a Garzón realizar una instrucción sin tener competencias, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito y estaban amnistiados (por una ley de 1977).
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