Dr. Raúl Jiménez Vázquez: El bolero privatizador del petróleo

El bolero privatizador del petróleo


En 1928, el músico francés Maurice Ravel compuso el famoso bolero que lleva su nombre. Es un movimiento orquestal caracterizado por un ritmo y un tempo invariables, con una melodía obsesiva en do mayor repetida una y otra vez sin ninguna modificación.

Algo de la singular esencia de esa pieza magistral está presente en el asunto de los hidrocarburos. En múltiples tonos, machacona y desenfadadamente, las autoridades se esmeran en hacer patente el mismo y reiterado afán de apurar la privatización de la industria petrolera nacionalizada. Las experiencias más inmediatas así lo demuestran.

Primero fueron los dos reglamentos petroleros expedidos a fines del 2009, en los que se está permitiendo a los inversionistas privados apropiarse de una porción de la renta que sólo le corresponde a la nación, mediante la fijación de un sistema de remuneraciones asociado, entre otros parámetros, a las reservas recuperadas y las reservas incorporadas.

Luego, el 6 de enero del 2010 aparecieron las disposiciones del consejo de administración de Pemex, en las que sin recato o rubor alguno se prefiguraron verdaderos contratos de riesgo con vigencia superior a los 30 años. Pero la gema más reciente es el inquietante anuncio hecho en Cancún, en el marco del Foro Internacional de Energía, en el sentido de que se permitirán esquemas de asociación a efecto de que las trasnacionales lleven a cabo el rescate o salvamento de Pemex, organismo que en ese contexto tendría que conducirse como una empresa privada, tal como lo hacen Telmex, Cemex y Televisa.

Sin embargo, son meras coplas al aire. Ni en su letra, ni mucho menos en su espíritu, los artículos 25, 27 y 28 de la ley fundamental autorizan semejantes despropósitos. Los hidrocarburos pertenecen a la nación, quien ejerce sobre ellos el dominio directo y asimismo es titular de la prerrogativa, el derecho exclusivo y excluyente, de la explotación integral y el manejo directo e inmediato de todas y cada una de las etapas o eslabones de la cadena industrial. De manera que Pemex no puede suscribir acuerdos cooperativos, alianzas, pactos o contrato alguno cuya meta sea la burla o la alteración de dichos mandatos constitucionales.

El desatino se torna en un auténtico torpedo dirigido hacia la línea de flotación del barco de los intereses superiores de la nación cuando se asevera que el modelo de la empresa privada es el idóneo para el eficaz manejo de la riqueza petrolera.

Con tal aserto se soslaya que la condición de empresa pública inherente a Pemex no es una casualidad ni un capricho de mentes empeñadas en complicarlo todo. Detrás de esa estructura legal ad hoc se encuentran los conceptos capitales, las decisiones políticas fundamentales en las que se sustenta la arquitectura constitucional, a saber: el proyecto nacional; la rectoría del Estado; la definición de que el petróleo es un recurso estratégico y no una simple mercancía sujeta a las leyes de oferta y demanda; la determinación de las áreas estratégicas y su asignación al Estado para su desarrollo por conducto de organismos públicos sujetos a su propiedad y control absolutos; el encuadramiento de los hidrocarburos dentro de las áreas estratégicas; el establecimiento de un sistema de planeación democrática del desarrollo apuntalado por el plan nacional de desarrollo.

Así pues, Pemex no puede ser administrado como si fuese un negocio privado en virtud de que es la columna vertebral del Estado mexicano, su misión y su visión deben responder al interés general de los mexicanos y constituye el vehículo institucional ideado para la concreción de los objetivos históricos de la gran epopeya del 38.

No deja de llamar la atención la similitud que existe entre esos pronunciamientos y los lineamientos estratégicos del plan aprobado por el gobierno de los Estados Unidos a fin de incrementar el perímetro de su seguridad energética, a través de la expansión de las actividades de las empresas petroleras y la ejecución de trabajos en el cañón de Alamitos, ubicado en el área de los yacimientos transfronterizos.

Frente a esos paradogmas existen otros paradigmas. Basta referirnos a la férrea defensa del interés nacional y la presión que está desplegando el presidente de Ecuador en contra de Chevron, en respuesta a un increíble fallo arbitral cuya ejecución implicaría la quiebra virtual del país. Eso es lo que ocurre cuando las disputas petroleras son resueltas por instancias internacionales, las cuales se guían por parámetros ajenos a las nociones de soberanía nacional e interés público, como son la lex mercatoria —la ley de los mercaderes—, la preeminencia del interés privado y la protección de las ganancias de las trasnacionales.

En lugar del inconstitucional, cansino y farragoso estribillo de privatización y más privatización, nuestro muy vernáculo bolero del petróleo debe ser tocado —virtuosa, voluptuosa y apasionadamente— al son y al ritmo de nacionalismo y más nacionalismo.

¡Es un Honor Estar con Obrador!