Imparable, el gasto corriente
Marcela Ojeda Castilla
Lunes, 8 de marzo de 2010
Gobierno no mejora su eficiencia: expertos.
Se recortó más en rubros productivos que en operativos.
Hay subejercicios y se mantiene la falta de transparencia.
· Incumplimiento de las metas de austeridad
A pesar de haber establecido lineamientos formales de austeridad, al gobierno federal le ha sido imposible mejorar su eficiencia y tener un control adecuado del crecimiento del gasto corriente, que finalmente es gasto improductivo y por tanto no es contracíclico, consideraron especialistas.
"Aunque el gobierno ha dado pasos hacia una reducción anual de 5 por ciento para alcanzar la meta de 20 por ciento en 2011, lo cierto es que después de la crisis y de los recortes que se le han tenido que aplicar al gasto, el avance en la meta de austeridad queda totalmente rebasado.
"La evidencia sugiere que el gobierno recortó más gasto en donde no debería y, visto en términos proporcionales, el recorte al gasto corriente se asemeja a 5 por ciento, sólo que durante la crisis, mientras el recorte en rubros más productivos es mayor que el que se hizo al gasto improductivo", dijo a EL FINANCIERO Alejandro González.
El director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc) agregó que lo importante no es si el gobierno cumple o no con la meta de 5 por ciento anual, porque con los niveles de recorte que hubo sería evidente que sí cumplió.
Por su parte, José María Marín, investigador del área de Presupuesto y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Análisis Fundar, enfatizó que lo que se ha visto es una incapacidad por parte del gobierno de ejecutar los recursos en tiempo y forma.
Agregó que "el tema de los subejercicios es el importante, porque ahorrar para que después no se gaste a tiempo, se vaya a fideicomisos o no se gaste en otra cosa que no sea gasto corriente, tampoco es eficiente ni nos sirve en términos de mejora de la prestación de servicios para la población en general".
Además de que se den a conocer los alcances de las metas de ahorro en el gasto, abundó, el gobierno tiene que aclarar hacia dónde se han estado dirigiendo esos ahorros.
Insistió en que lo primordial es saber qué pasa con esos recursos porque forman parte de una discusión más amplia que, incluso, se puede llevar hasta la reforma fiscal.
"Por tanto, tenemos un problema en términos de transparencia y otro sobre cómo se aplican los ahorros y de cuánto estamos hablando en verdad de ahorrar, porque de ser montos importantes hasta se podrían traducir en tasas impositivas más bajas", consideró.
Evitar abusos
Liliana Alvarado, directora del Observatorio Internacional de la Pobreza de la Fundación Ethos, coincidió en que lo más importante es saber qué tan efectivos están siendo los recursos cuando se dice que han aumentado.
"Debemos saber que se está gastando en forma eficiente, porque (en el caso del gasto social) puede ser que haya programas que no cumplan con el objetivo para el que fueron creados, que no estén llegando a los beneficiarios indicados y que aún así, en automático, se legisle en favor de que se aumenten, lo que de esa forma no puede tener ninguna utilidad", criticó la especialista.
Alvarado Baena destacó que trabajar sobre un padrón de beneficiarios, como los que publicó la Sedesol en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de febrero, siempre resulta muy positivo para hacer eficiente el gasto porque no sólo se identifica a los beneficiarios de los distintos programas.
"También se evita que haya personas que se beneficien de más de un programa y que se pueda, de una u otra manera, generar abusos, además de que un buen padrón de beneficiarios le da al gobierno mucho más control sobre el tipo de personas al que se están destinando los recursos, elevando la progresividad de los programas."
En este contexto, enfatizó que un programa que habría que revisar, más por la controversia que ha generado, tiene que ser Procampo, desde cuáles fueron sus objetivos iniciales y ver si de verdad está cumpliendo, y añadió que precisamente para evitar que tenga que haber sanciones, los programas se tienen que controlar desde un inicio.
"Debe haber control desde el diseño mismo de los programas y de los candados que se apliquen para identificar y focalizar claramente quiénes deben ser los beneficiarios y quienes no.
"Tiene que ver con aspectos como que si a los programas se les aplican o no reglas de operación y ciertos candados para evitar abusos, pero en general esto debe de hacerse como para todos los programas de política social, porque sin duda una mala identificación de los beneficiarios puede darse en todos los programas", puntualizó.
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