Opinion: El ausente Estado Benefactor, también en materia de nutr

El
ausente Estado Benefactor, también en materia de nutrición
infantil.

28
de febrero de 2010

Por
Juan José Mena Carrizales*

Ha
trascendido en los medios de comunicación que la bancada del PRD en
la Cámara de Diputados prepara varias iniciativas para regular el
consumo de los alimentos “chatarra”, es decir, todos aquéllos
productos alimenticios de bajo contenido nutricional que son materia
de consumo de la población infantil. Todo ésto viene a cuento,
debido al aumento de los casos de obesidad infantil, al grado que de
acuerdo a estadísticas internacionales nuestro país aparece en
segundo lugar mundial, después de los Estados Unidos, en este rubro
de problemas de salud.

Entre
los productos a ser regulados, en esta iniciativa se encuentra los
productos elaborados por varias empresas oligopólicas,
principalmente de golosinas, refrescos, sopas instantáneas, frituras
y panes de dulce con alto contenido de carbohidratos y grasas. En
realidad de lo que estamos hablando aquí, no es más que de los
productos de marcas conocidas de grupos como PepsiCo, Bimbo y unas
cuantas marcas más.

Sin
embargo, personalmente, aunque no me opongo a dicha iniciativa, dudo
de su efectividad aislada, ya que su alcance tan sólo, según lo
difundido en diversos medios de comunicación, consiste en limitar la
venta de estos productos dentro de las instalaciones educativas,
quedando tales productos a disposición de los menores para su
consumo en cualquier otro establecimiento externo a su centro
educativo.

Al
parecer de este autor, en realidad ya existe un instrumento jurídico
de carácter administrativo de mayores alcances, para enfrentar este
problema de salud pública, me refiero al instrumento jurídico,
conocido como las Normas Oficiales Mexicanas, reguladas por la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, tal como aparece en el
artículo 40-I, de dicha Ley:

“ARTÍCULO
40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad
establecer:

I.
Las características y/o especificaciones que deban reunir los
productos y procesos cuando éstospuedan constituir un riesgo para la
seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal,
el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de
recursos naturales;

[...]”.

La
expedición de dichas normas es facultad de la Secretaría de
Economía (antes del 2000, “Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial”); sin embargo, puede ser que la evidente inoperancia de
la Administración Pública Federal determine la razón por la cual
no se ha llevado a cabo una eficiente regulación de estos productos
alimenticios, ya que de acuerdo a las técnicas actuales de
producción de alimentos, sin mucha dificultad se podría obligar a
los productores de estos alimentos a incluir ingredientes de mayor
valor nutricional como derivados de carne seca, lácteos, agregados
proteícos, vitamínicos, etc., sin que éso altere el precio de los
productos citados (que ya es elevado, medido por unidad de masa); aunque tal vez pudiera ocasionar que tuvieran que reducir en cierta proporción su margen actual de ganancias (que son obtenidas acutalmente con métodos de cuestionable ética, como
producto de publicidad dirigida a un sector de la población
“susceptible e influenciable” como son los menores).

Sin
embargo, a decir verdad, hasta aquí, sólo hemos analizado ámbitos
pasivos del poder del Estado: el punitivo y el regulatorio; existe
otro ámbio, el de “el Estado Benefactor”, que ha sido dejado
fuera de las discusiones parlamentarias por el momento. Me refiero al
sencillo concepto de “desayunos escolares”, que regían por lo
menos, cuando la estancia de escolares era de todo el día, en los
gobiernos post-revolucionarios.

Por
supuesto, es última iniciativa implica varios cambios de visión de
Estadismo que probablemente nuestros legisladores del PAN y PRI se
han negarán a asumir: regresar a los mecanismo de protección de
productores agropecuarios y consumidores de bajos ingresos como la
CONASUPO. También se implica que recursos que actualmente se
utilizan en rescates financieros y sostenimiento de los compromisos
de deuda gubernamental, se detengan´; así como también la entrega
neoliberal de la de los recursos petroleroes, mineros a sectores
privados trasnacionales.

¿Planteó
un regreso al populismo como solución de fondo? Honestamente me
parece incompetente y autodescalificada, para todo propósito la
visión de quien considere que cualquier solución para preservar y
mejorar la salud de los menores un “tema populista”.

Ciertamente
la visión del autodenominado “presidente del empleo”, Felipe
Calderón Hinojosa, está lejos de esta postura del Estado Benefactor
que he planteado aquí y está más cerca de la definición de Max
Weber de “Estado Patrimonialista”, el Estado en el que la
propiedad y los intereses del Estado se confunden con las que tiene
el funcionario, en su ámbito privado.

Aún más, en
este papel del Estado patrimonialista de la Administración actual,
cuyo único, papel es responder a los intereses económicos que lo respaldan,
aparecen los “economistas-conductistas”, al estilo la
administración de Obama, que ha sido muy útil en forma una cortina
de humo propagandístico ante la inacción: la noción que se
esquematiza bajo el lema y los programas de “Vivir mejor”,
“Educación financiera” y la inexistente política industrial y
programa de recuperación frente a la crisis de derrumbe del sistema
monetario internacional: hágamosle creer a la gente que se
encuentran en esas condiciones por su culpa, hablémosles de
optimismo y dejemos que se la arreglen como puedan. La misma clase de
indiferencia gubernamental genocida que los mexicanos han percibido
desde los gobiernos neoliberales. Como ejemplos característicos se
encuentra la inacción presidencial posterior a los efectos del sismo
ocurrido en 1985, y la que están percibiendo los habitantes del
Valle de Chalco.

La
necesidad del regreso al Estado Benefactor, nos hace concluir que:
Vivimos tiempos peligrosos, peligrosamente revolucionarios.

*
Estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM.