El Gobierno chileno enfatizó este martes la aplicación más rigurosa del control militar para detener los saqueos y el pillaje y asegurar el orden público. El general Guillermo Ramírez, responsable de las tropas en Concepción, amplió la aplicación del toque de queda, desde las seis de la tarde hasta las doce de la mañana del miércoles, hora local. Mientras tanto, las autoridades elevaron la cifra de muertos por el seísmo a 795.
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Con carros blindados y controles en las carreteras, los militares se han instalado en los lugares estratégicos de Concepción y las localidades cercanas. Las tropas enviadas a las dos regiones más afectadas por el terremoto, Bío Bío y Maule, aumentaron a 11.900. Tras reunirse en La Moneda con los jefes de las fuerzas armadas y carabineros, la presidenta, Michelle Bachelet, afirmó que se aplicará todo el rigor de la ley a quienes cometan desmanes.
El general Ramírez advirtió que las tropas "no se van a inhibir en el cumplimiento de sus funciones. Lo indico a fin de evitar cualquier accidente lamentable". La orden que tienen los militares es detener a los saqueadores y entregarlos a los carabineros o policía civil. Si no acatan, dispararán al aire, y si no se detienen, los disparos serán al cuerpo.
En una estación de servicio entre San Fernando y Curicó, en la carretera que va hacia al sur -donde están Talca, Constitución, Linares, Chillán y, sobre todo, Concepción-, Hernán Bueras, un mecánico retirado que vuelve a la capital desde esta ciudad, epicentro de la catástrofe, escucha en la radio al general Ramírez.
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