INFANTICIDIOS
30/03/2010 - 01:03
Por: Francisco Rodríguez
EL SALDO ES nada favorable. Casi medio centenar de bebés asesinados por la corrupción, el amiguismo y el compadrazgo en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Poco menos de tres centenares de ellos, gaseados en un “operativo” antisindicalista de la PFP en otra estancia infantil, ésta en la ciudad de México. Y varios centenares ya, de menores de edad que han caído bajo las balas del Ejército en retenes o bajo fuego cruzado.
Apenas ayer se conoció que siete niños y adolescentes fueron asesinados tras ignorar la orden de detenerse en un inconstitucional retén. Tal ocurrió en Durango.
Inmediatamente, el ocupante del palacete de los Covián, el desdibujado Fernando Gómez Mont, salió a los medios a declarar que tal no había sido colocado por las Fuerzas Armadas, atribuyéndolo a grupos delincuenciales.
Las historias son muchas. Una de ellas, conmovedora, es narrada por Paulina Monroy en la revista Contralínea:
“Elizabeth Martínez Medrano, de un año cinco meses, murió en medio de un fuego cruzado. La bala, denunció la prensa, provino de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ella viajaba en brazos de su madre en un autobús, en la carretera Reynosa-Río Bravo, cuando un grupo de soldados disparó contra supuestos sicarios. La descarga perforó el estómago de Elizabeth.
“’La pequeña perdió la vida en una acción militar, en una evidente y dolorosa violación a sus derechos’”, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM). Su asesinato, reclama, se suma a una cadena de hechos que exhiben el grave impacto de las políticas de seguridad pública, adoptadas por la administración actual, contra la seguridad y los derechos humanos…”
Son centenares los casos como el arriba apuntado.
El conteo de menores de edad víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada ya supera el millar. Son, de acuerdo a cifras de la Defensa Nacional, 1 mil 326. Los colaterales de represión social, alcanzan varios centenares.
Estamos frente a un acto criminal revestido de hipocresía.
Porque la derecha panista, brazo político de la peculiar iglesia católica mexicana, se dice defensora de la vida y, por tal, condena prácticas de interrupción del embarazo, rasgándose invariablemente las vestiduras --o comprando tangas--, pero en los casos documentados que han convertido a niños y menores de edad en víctimas mortales de sus fallidas políticas, guardan silencios ominosos.
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