Dr. Raúl Jiménez V.: Ciudadanía inerme

Ciudadanía inerme 

 

 

 

 

El affair sobre las disposiciones administrativas en materia de contratos emitidas por el Consejo de Administración de Pemex evidenció la existencia de un carcinoma que corroe los cimientos mismos del Estado social y democrático de derecho. A lo largo del proceso de la aprobación y la posterior corrección de esa normatividad institucional brilló por su ausencia la participación de los dueños del petróleo, no obstante que sus intereses se estaban comprometiendo seriamente mediante el establecimiento de un esquema de contratación claramente violatorio de los mandatos consagrados en los artículos 25, 27, 28 y 134 constitucionales. La transparencia, la máxima publicidad y la rendición de cuentas no están presentes en el trascendental tema de los hidrocarburos.

La ciudadanía está auténticamente inerme ante actos de esta índole, ante las decisiones mega o macro de los órganos del Estado que inciden en el destino de la nación y en el día a día de las familias, lo que se ve agravado con el hecho de que en el imaginario colectivo impera la percepción en el sentido de que los derechos fundamentales están desprotegidos y que la ley se aplica en forma discrecional, privilegiando los intereses de unos cuantos.

Una franja de impunidad y un correlativo estado de indefensión ciudadana ante el abuso de poder se advierten en cuestiones de importancia y trascendencia como las que a continuación se ejemplifican: I) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables del incumplimiento de los fines del proyecto histórico de nación a que se refiere el artículo 26 constitucional? II) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables de los efectos devastadores, del genocidio económico resultante de la adopción del consenso de Washington y la implementación del modelo neoliberal? III) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables del empobrecimiento generalizado, la humillación y el dolor inflingido a muchos mexicanos en nombre del fundamentalismo del mercado? IV) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables de la derogación de facto del principio constitucional de la rectoría del Estado y la entronización de un Estado desertor de la economía, un Estado fallido, un Estado de papel? V) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables de la implementación de políticas públicas que han favorecido a los sectores privilegiados y excluído a la mayoría de la población? VI) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables de las agresiones al patrimonio nacional, la destrucción del patrimonio de millones de familias, la quiebra masiva de empresas, la extranjerización de la banca, los rescates empresariales improcedentes y la asunción de deudas corruptas e injustas con cargo al erario público? VII) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables del nulo crecimiento de la economía nacional, la pérdida de empleos productivos, la desintegración de las cadenas industriales, el abandono del campo y el olvido deliberado del mercado interno? VIII) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuenta a los responsables de la pulverización del poder adquisitivo de los salarios y la caída violenta de los niveles de seguridad, salud, alimentación, vivienda y educación? IX) ¿Ante qué instancia y bajo qué procedimiento específico puede el ciudadano común y corriente exigir la rendición de cuentas a los responsables de la transición fallida, la virtual cancelación del derecho humano al futuro, la erosión de la alegría, el desplome vertical de la esperanza y el desgaste manifiesto del sentido de la vida que agobia a gran parte del pueblo mexicano?

La respuesta a esas interrogantes es verdaderamente triste y poco alentadora.  No existe una estructura normativa que proteja al ciudadano y a la sociedad en su conjunto de la violencia proveniente del Estado y su vinculación orgánica con los designios de los grupos que concentran la masa crítica del poder político y económico, lo que propicia que éstos utilicen las instituciones para colmar sus propias apetencias e intereses hegemónicos, dando curso a la más lacerante de las impunidades: la injusticia avalada por el propio sistema jurídico, el derecho injusto en toda su magnificencia.

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