Equipo Nacional de Pastoral Laboral
Washington DC, 17 de febrero, 2010
Nota informativa
Presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la petición por Caso Pasta de Conchos
El día martes 16 de febrero pasado la Sra. María Trinidad Cantú de la organización Familia Pasta de Conchos, mamá del minero cuyos restos aún yacen en el socavón, Raúl Villasana de 32 años en el aciago 2006, en representación de 235 familiares de 28 trabajadores mineros siniestrados el 19 de febrero de hace 4 años, y el Lic. Andrés Díaz Fernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y en representación del Equipo Nacional de Pastoral Laboral y del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), han asistido a la oficina en Washington DC, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos, ya que el Estado mexicano es señalado como responsable de las violaciones respecto de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana: vida (artículo 4); integridad personal (artículo 5); garantías y protección judiciales (artículos 8.1 y 25); todos ellos, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
Los representantes de los familiares de las víctimas y las organizaciones peticionarias presentaron la documentación pertinente y expusieron los hechos del caso al equipo de registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reunión cerca de las 3:30 pm (hora de Washington DC) en las instalaciones del organismo internacional. Los funcionarios de la CIDH expresaron que tenían conocimiento del caso por la relevancia que ha tenido en la opinión pública de México y señalaron a los representantes de las víctimas que su petición seguirá el proceso habitual, lo cual implica que se solicitará al Estado mexicano que informe sobre los hechos.
PRIMERA VEZ QUE EL ESTADO MEXICANO ES SEÑALADO COMO RESPONSABLE POR LA SINIESTRALIDAD MINERA (CASO PASTA DE CONCHOS) ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Por primera vez en la centenaria historia de la región carbonífera de Coahuila, se ha tenido que acudir a una instancia internacional dado que el siniestro ocurrido en la mina de Minera México de Grupo México de Germán Larrea (primer grupo minero del país y él de los hombres más ricos de México), no fue un evento imprevisible, ni inevitable por el Estado mexicano, como ya señalaron la CNDH y la OIT. Efectivamente, inspectores gubernamentales adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habían documentado, diversas irregularidades desde el año 2000 y no menos de 48 faltas de seguridad e higiene en la mina para el 2004. Sin embargo, dicha Secretaría y sus agentes, actuando de manera negligente e irregular con el fin de favorecer a la empresa dueña de la mina en vez de velar por que se respetaran las normas vigentes, no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados.
El Estado mexicano, representado entonces por el secretario del trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Saénz, hoy diputado federal del PAN y por Vicente Fox, ambos del poder ejecutivo, no tomó las medidas requeridas de protección frente a un riesgo real e inmediato de un siniestro. Hoy en día, aunque la administración de Calderón-Lozano promovió por la presión nacional, la NOM-032, que exige un mayor nivel de seguridad en las minas de carbón, el hecho de que las empresas sean autoinspeccionables anula la responsabilidad del Estado de vigilar y cuidar el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Prueba de lo anterior, es la documentación también entregada de los recientes siniestros en la Mina Lulú (Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, fallecidos en agosto, 2009) y en el pocito Ferber (Juan Ramón Flores Juárez, 23 años, fallecido en noviembre, 2009).
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Familiares de mineros fallecidos en Pasta de Conchos acuden a la Comisión Interamericana para encontrar justicia
· Familiares de 28 mineros, el Centro Prodh, el Cereal y el ENPL presentan la petición a fin de encontrar justicia y exigir la reparación integral del daño.
· Durante los cuatro años transcurridos el Estado se ha manifestado ineficiente y parcial ante las demandas de los familiares; la más insistente ha sido el rescate de los restos de los mineros fallecidos.
En el marco del cuarto aniversario de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 235 familiares de 28 de ellos han presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañados por el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (Cereal), el Equipo Nacional de Pastoral Laboral (ENPL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a fin de encontrar justicia y la reparación integral del daño.
Durante los cuatro años transcurridos desde el 19 de febrero de 2006, fecha del siniestro, los familiares han acudido infructuosamente a las instancias nacionales a fin de solicitar que los responsables –la empresa Industrial Minera México (IMMSA) y las autoridades federales del trabajo- sean sancionados y los restos mortales de los mineros sean rescatados. No se trató de un evento imprevisible ni inevitable, los hechos fueron producto de múltiples y diversas irregularidades que procedían del año 2000 y fueron debidamente documentadas. Las autoridades laborales del ámbito federal actuaron de manera negligente e irregular: favorecieron a la empresa IMMSA, dueña de la mina y parte del Grupo México, en vez de exigir que ésta respetara las normas vigentes en materia de seguridad en los centros de trabajo. Las autoridades no dieron seguimiento puntual, rápido y efectivo a ninguno de los problemas detectados pese a las condiciones de alto riesgo que caracterizan la minería del carbón.
Hasta hoy las circunstancias del siniestro no han sido esclarecidas ni se ha reconocido oficialmente, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que la explosión fue ocasionada por la negligente actuación del Estado -problemática que afecta ampliamente a la industria minera- y tampoco ha habido una reparación adecuada del daño.
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