Industria eléctrica: del modelo reaganeano-thatcheriano-pinochetista al síndrome Enron
Revista Fortuna
Sección: Opinión
Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra [a los trabajadores] y la única manera de hacerlo era atacando los puntos vulnerables, las centrales eléctricas, los depósitos de carbón y de coque, los suministros… Deseábamos paralizar la economía de la nación. Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior [los trabajadores], mucho más peligroso, difícil de batir y nocivo para la libertad
Margaret Thatcher
Marcos Chávez M.
El desastre en que se ha convertido el abastecimiento eléctrico en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla y Morelos –que afecta a 400 colonias, aproximadamente, de la zona metropolitana, directamente a más de 360 mil usuarios con un pésimo servicio, e indirectamente a más 400 mil con el suministro de agua, además de provocar pérdidas del orden de 100 millones de pesos a las empresas, hasta el momento– no es un simple accidente. Esa situación formaba parte del cálculo político de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, Genaro García, Javier Lozano, Georgina Kessel y Alfredo Elías Ayub, entre otros involucrados, desde el momento en que planearon y decidieron el brutal asalto policiaco-militar en contra a de las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 10 de octubre, con el objeto de destruir a la paraestatal y al Sindicato de Trabajadores Electricistas (SME), aumentar las tarifas del energético y reducir o eliminar los subsidios a la población, los cuales ya se transfieren a los empresarios que, como buitres, devoran los despojos que les arrojaron, y a los nuevos que llegarán al festín o que ampliarán su participación en el mismo.
Es un deliberado precio “colateral”, económico y sociopolítico, necesario e inevitable, que conscientemente aceptaron asumir los líderes referidos del proyecto neoliberal de nación, dentro del proceso de devastación del Estado, cuando resolvieron allanar el terreno de esa manera para acelerar el desmantelamiento y la reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, y las telecomunicaciones asociadas a la última. Desde luego que esas infamias pudieron sortearse o atenuarse, pero ello implicaba una estrategia diferente, normalmente empleada en las democracias formales: la reorganización a fondo de la empresa para tratar de subsanar sus deficiencias, a través de una mejor planeación y manejo administrativo, una dirección profesional, responsable, sometida a una supervisión rigurosa y la evaluación interna y externa de sus resultados (la Secretaría y Comisión de Energía, el Congreso, representantes de la sociedad), lo que hubiera implicado el despido y la sancionar de sus últimos funcionarios, el cambio en la política de precios y subsidios; la demostración seria de su inviabilidad operativa y financiera para justificar el imperativo de fusionarla con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desaparecerla o crear otra; el consenso social; negociar con los trabajadores, respetar sus derechos laborales y constitucionales y ofrecerles opciones laborales; respetar las leyes primarias y secundarias y apegarse a los procedimientos e instancias (el Congreso), jurídicamente establecidos, si la decisión era desaparecerla o integrarla a la CFE; evaluar la pertinencia de la reprivatización luego del fracaso de todas las experiencias mundiales, entre ellas las emblemáticas inglesa, estadunidense y chilena, cuyo rescate resultó más oneroso que los ingresos redituados por su venta; diseñar un programa que anticipara esos problemas y los enfrentara satisfactoriamente, lo que hubiera implicado reforzar la CFE o crear una nueva sólida financiera y operativamente, con un periodo de transición y una ruta crítica, en un plazo razonable.
¡Es un Honor Estar con Obrador!
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