COLUMNA DE VICTOR OROZCO: RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA



VICTOR OROZCO

¿Cómo medir el impacto que tiene hoy la violencia delincuencial sobre el conjunto de las actividades económicas, políticas, culturales, festivas, de los mexicanos?. ¿Y cuál será la marca que deje en el futuro esta época de atrocidades, impunidad e inseguridad?. ¿Podemos esperar con optimismo que de ella la siguiente generación conserve sólo un mal recuerdo o que su influencia sea tan poderosa como para sesgar y baldar la evolución del país hacia mejores condiciones de vida para sus habitantes?.

Existen varios hechos inevitables, desde los cuales es necesario partir para hacer cualquier reflexión: hay ciudades y regiones enteras en las que se vive una situación similar a una guerra abierta si se considera el número de ataques violentos así como la impunidad disfrutada por los autores, se ha producido la emigración precipitada de mexicanos más numerosa desde los tiempos de las luchas armadas, presenciamos el visible colapso de un número indeterminado de negocios de todos tamaños, hay zonas y carreteras por las que ya muy pocos transitan, vecinos de barrios residenciales han optado por amurallarlos y exigir credenciales a los visitantes, sólo algún despistado se atreve hoy a contestar los teléfonos si no identifica previamente la llamada, como consecuencia de la imparable ola de amenazas y extorsiones realizadas por esta vía, usuales diversiones y actividades realizadas durante el tiempo libre han disminuido o desaparecido. Son sólo algunos signos de un panorama que atraviesa verticalmente a la sociedad, desde la familia del mecánico o herrero de la esquina, hasta aquellas de los grandes empresarios que han emigrado a los Estados Unidos.

Conocer el tamaño del golpe sicológico, el estrés colectivo que se ha generado así como sus resultados, es desde luego una tarea en extremo compleja y el realizarla para extraer conclusiones pertinentes les llevará años a los especialistas. Sin embargo, sí podemos percatarnos a ojos vistas de varios de sus efectos: se despliega entre la población una sensación de temor o desconfianza y de igual manera una actitud conforme a la cual todo mundo se encuentra a la defensiva. Entre los muchos que han sufrido directamente alguna de las calamidades, hay más, desde luego: pánico, dolor y angustia inacabables.

Apreciar estas realidades y dimensionarlos constituye una grave responsabilidad del gobierno, quien posee todos los instrumentos necesarios para ello. Habrá quien pretenda magnificarlas o distorsionarlas para probar el fracaso de las políticas públicas. La mayoría de los ciudadanos, sin distinción de colores, sólo busca terminar con la pesadilla y recobrar la vida civilizada. Sobre el punto, escuchaba a una destacada dirigente panista señalar que nos hemos reducido a dos partidos: quienes son delincuentes o los apoyan y quienes no lo somos.

Sin embargo, en los altos mandos del gobierno de la República, principiando por el presidente, se nota ante todo la intención de responder a las críticas, antes que atenderlas, de justificarse, antes que explicarse. A quienes externan juicios adversos el mandatario los acusa de hablar mal de México, para luego caer en la autocomplacencia por los supuestos éxitos de la política de combate al narcotráfico. Cifras y cifras para mostrar los arsenales incautados, la captura de autores de cientos o miles de crímenes, toneladas de estupefacientes destruidos, flotas áreas enteras confiscadas. Paradójicamente, se revelan al mismo tiempo el creciente número de adictos a las drogas, la intensificación de la violencia y de la comisión de delitos diversos, cómo si la muerte o la prisión de los delincuentes los estimulara. En algún lugar de estas versiones contradictorias hay una monumental falla. Lo sabe a ciencia cierta el ciudadano de la calle, inerme víctima de los fuegos cruzados.

Si buscamos la minimización de la tragedia, puede acudirse a dos expedientes usados con insistencia por el gobierno y por analistas apoyadores de la llamada guerra contra el narcotráfico tal y como se ha venido desplegando: Uno, la violencia se reduce a varias ciudades y regiones del país, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Baja California, con mayor intensidad. En el resto del territorio existe un grado de violencia tolerable o aceptable para los estándares mundiales y en especial para los países del tercer mundo. Dos: el número de asesinatos por cada cien mil habitantes, indicador general para medir el tamaño de la violencia delictiva en diferentes países, también es aceptable. México está por debajo de El Salvador, Venezuela, Brasil y Colombia, de los latinoamericanos.

El primer argumento se me antoja mucho al consuelo que se brinda al enfermo que “sólo” tiene gangrenados los dedos del pie izquierdo o “sólo” tiene cáncer en la próstata. El 98% de su cuerpo, le dicen los piadosos que lo reconfortan, se encuentra sano. En esta línea de razonamiento, es casi irrelevante que el Estado de Chihuahua haya tenido 3 mil 637 muertes en 2009 y Ciudad Juárez 2,635. Al fin, sus poblaciones sólo representan el 3.5% y menos del 2% respectivamente del total que tiene el país. Tampoco es significativo en el contexto de toda la nación, el poderío de las bandas armadas que atacan policías, liberan presos e imponen su voluntad en Michoacán, Zacatecas o Durango.

El segundo argumento, se parece mucho a esa estadística elusiva usada para medir la riqueza de un país, el ingreso per cápita. El dato oculta las desigualdades y la profunda injusticia social imperante en muchas sociedades. El caso de México es ejemplificativo: tenemos cincuenta millones de pobres, pero en 2008, de los estados latinoamericanos sólo Venezuela nos superaba en ingreso por habitante y nos ubicábamos aún ligeramente por encima de Chile, (10,235 y 10,124 dólares) cuyo flamante presidente electo asevera que se encuentra a mitad de camino entre el tercer y el primer mundo.

Pues sí, sumamos arriba de cien millones de habitantes y en ese universo tal vez puedan esconderse las cifras de la violencia. Tenemos, por otra parte, el distintivo de estar ubicados en un mapa cultural, económico y político especialmente heterogéneo. Hay regiones-embudo, por donde se conducen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, otras caracterizadas por añejos conflictos o depauperadas con mayor fuerza por la crisis económica, en algunas ya sea por el turismo, el vigor de las economías tradicionales, entre otros factores, se ha podido resistir el embate en mejores condiciones. Todo ello determina la variedad de situaciones relacionadas con la violencia. Pero, la nación es una sola y al paso que vamos, tarde que temprano el cáncer cundirá.

En el discurso pronunciado hace unos días ante los embajadores y cónsules, el presidente de la República defendió con enjundia su política de guerra contra el narcotráfico, al mismo tiempo que elogiaba a Joaquín Villalobos, el ex guerrillero revolucionario transformado en asesor de gobiernos derechistas y ahora celebrada autoridad oficial en la materia. Cada vez con mayor claridad se ha impuesto una visión militarista de la lucha contra la delincuencia. Esta perspectiva exige el empleo a fondo de las fuerzas armadas, la conquista de territorios, medir el éxito por el número de bajas causadas al enemigo, “…si crece la cantidad de muertos es que estamos ganando la guerra, el verdadero problema no es la violencia sino la no violencia”, etc.

Estos enfoques olvidan añejas experiencias históricas. Una de ellas, compartida por todas las naciones del mundo, es que la función de los ejércitos es la defensa del país en una guerra extranjera o civil, no la de llevar a cabo tareas policiacas. Desde la antigua Roma esto se sabe, por eso sus leyes prohibían a las legiones entrar armadas a la ciudad. Y por eso, la regla que ordena mantener a los soldados en los cuarteles está en las constituciones o en las leyes respectivas de todos los países. El combate a la delincuencia sólo puede hacerse con éxito mediante eficaces labores de inteligencia, encomendadas a los cuerpos de investigadores policiacos. Tucson tiene a diez detectives por cada uno que opera en Ciudad Juárez y ni un solo soldado persiguiendo a los narcotraficantes, pero esta ciudad tiene a diez mil militares en las calles y a un agente del ministerio público para cada cien expedientes. Es seguro que allá gasta menos, con mejores resultados. Allá golpean con precisión, aquí se quiere matar moscas a martillazos. Allá el ejército conserva su profesionalismo, aquí se enmaraña en un conflicto que no puede resolver porque sus miembros están preparados para otra clase de guerra. Aquí corre el riesgo de perder el alma, como sentenciaba un general francés refiriéndose a lo acontecido al ejército argentino durante la “guerra sucia” emprendida por la dictadura contra la guerrilla opositora. Por esto pudo vaticinar su derrota durante la guerra de las Malvinas.

Agregado: El sábado 30 de enero a la medianoche, unas horas después de haber enviado el texto anterior al Diario de Juárez, fueron masacrados diez y seis jóvenes estudiantes en la ciudad fronteriza. De gira en Japón, el presidente de la república dijo que había dado instrucciones a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública para que ayuden “a deslindar responsabilidades”. Ofreció que su gobierno brindará el apoyo a las autoridades municipales y locales. Nada, ni una palabra para asumir los yerros y pifias característicos de una política incapaz de evitar el baño de sangre. En el congreso de la Unión, PRI y PAN, a su vez, se enzarzaron en una disputa electorera tendiente a la búsqueda de votos en medio de la tragedia. Grupos de izquierda han denunciado la existencia de escuadrones de la muerte. Casi nada puede estar peor.

¡Es un Honor Estar con Obrador!