DENUNCIAS CONTRA GENTE DEL BANCO SANTANDER QUE FUERON DESECHADAS POR GARZON DESPIERTAN SOSPECHAS.
El conocido juez Garzón bajo investigación por cobrar 260 mil euros del Banco [español] Santander.
El Alto Tribunal decidió investigarle por la presunta comisión de prevaricación o delitos y cohecho basados en la "generosa aportación" de 260 mil euros que recibió del Banco Santander para financiar dos series de coloquios dirigidos por Garzón en la Universidad de Nueva York
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tendrá que hacer frente como imputado a un nuevo proceso abierto por la Sala Penal del Supremo. El Alto Tribunal decidió investigarle por la presunta comisión de prevaricación y cohecho basados en la "generosa aportación" (260 mil euros) que recibió del Banco Santander para financiar dos series de coloquios dirigidos por Garzón en la Universidad de Nueva York, en 2005 y 2006. El propio juez solicitó personalmente esa financiación a los más altos directivos del banco, incluido su presidente, Emilio Botín.
Pocos meses después, tras su reincorporación a la Audiencia Nacional, Garzón rechazó una querella presentada contra Botín y otros responsables del Santander. El Supremo afirma que no puede excluirse el carácter delictivo de los hechos narrados en la querella presentada por los abogados Antonio Panea y Jose Luis Mazón, especialmente tras conocerse el contenido de las cartas que el juez Garzón envió a Botín solicitándole el dinero y agradeciéndole su entrega. Estas misivas no se conocían cuando la Sala archivó una primera investigación sobre estos hechos en febrero de 2009.
"No parece que pueda excluirse ahora y de modo definitivo que la respuesta positiva de la entidad bancaria realizando tan generosa aportación esté relacionada con el cargo público que desempeña quien hace la petición, ni que éste pudiera verse así beneficiado, incluso en forma indirecta, en su prestigio y consideración públicos e incluso en aspectos económicos", explica el Supremo. Garzón está imputado en el mismo Tribunal por un presunto delito en la tramitación de las diligencias por los desaparecidos del franquismo.
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