Uno de los ex fiscales capturados por la Interpol México en Costa Rica, Eduardo Máximo Miranda Figueroa, ejerció al menos los dos últimos años como agente del Ministerio Público sin cumplir con la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Chihuahua, por disposición del subprocurador de Justicia, Alejandro Pariente Núñez.
Egresado del Centro Universitario de Ciudad Juárez en el 2005, el pasante de Derecho carecía de título y cédula profesional y aun así el titular de la representación social le permitió ejercer funciones como agente del Ministerio Público, contraviniendo lo establecido legalmente.
Las consecuencias legales para la Procuraduría General de Justicia del Estado pueden ser serias, opinaron ayer otros agentes ministeriales, quienes advirtieron que los casos llevados por Miranda Figueroa se pueden “caer”.
La Ley Orgánica menciona en su artículo 23 que para ser agente del Ministerio Público (MP) se requiere ser mexicano, tener buena conducta, ser mayor de 23 años, licenciado en Derecho con autorización para el ejercicio de su profesión y hacer un examen.
En una reforma realizada el 13 de octubre de 2007 se agrega que los ministerios públicos deberán tener, cuando menos, tres años de ejercicio profesional, “además contar con título de Licenciado en Derecho o disciplinas afines a la función investigadora”.
De acuerdo con el archivo periodístico, Miranda Figueroa fungía en el 2008 como agente del MP de la Unidad de Autos Robados.
En la causa judicial 136/2008, Juan Carlos Rosales Flores fue acusado por Miranda Figueroa como probable participante en el robo de un vehículo Escort, modelo 1993, y de un automóvil Beretta, modelo 1988.
En el 2009 El Diario informó que debido a la inasistencia de las víctimas al proceso, el Ministerio Público retiró la acusación en contra de un hombre a quien se le procesaría en un juicio oral por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.
La nota periodística refiere que “el fiscal Maximiliano Miranda Figueroa retiró la acusación, indicando ‘que no tenía materia”.
En ambos casos, el ahora detenido y sujeto a proceso de extradición se ostentó como agente del Ministerio Público y de ello tuvo conocimiento el subprocurador de Justicia Alejandro Pariente Núñez.
Las consecuencias legales para la Procuraduría General de Justicia del Estado podrían ser de fatales consecuencias, opinaron ayer agentes del Ministerio Público consultados al respecto, al señalar que en este caso la figura jurídica es contradicha por la institución, ya que la Constitución Política Mexicana establece que el representante social es el Ministerio Público y para actuar como tal debe ser abogado y acreditarse con el título y una cédula profesional.
“Los casos que llevó Eduardo Máximo Miranda Figueroa, que aún están en proceso, se pueden ‘caer’ si la defensa recurre al recurso de amparo argumentando que la figura del Ministerio Público fue ilegítima”, explicaron los entrevistados.
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