ARTURO ALCALDE JUSTINIANI: Cananea, estado de derecho a prueba

La Jornada: Cananea, estado de derecho a prueba: "D

os mujeres y un hombre, María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos, magistrados del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo de la ciudad de México, decidirán en los próximos días la suerte de los trabajadores mineros de Cananea, Sonora. No se trata de una resolución más entre el cúmulo de asuntos que emiten cotidianamente, sino de un conflicto que con el de Luz y Fuerza del Centro marcan la política laboral de años recientes. Será una decisión de alto contenido ético, social y humano. Además de definir el futuro de los trabajadores y sus familias, dará una muestra de la verdadera vigencia del estado de derecho.

Esta nueva versión de la huelga de Cananea, en pleno centenario de aquella que dejó huella en nuestra historia, se inició el 30 de julio de 2007, con motivo de las violaciones al contrato colectivo de trabajo en que incurrió la empresa Minera México, realizadas con la evidente intención de ampliar su ofensiva contra el sindicato minero metalúrgico, tarea a la que ha canalizado gigantescos recursos con desastrosos saldos, incluyendo la pérdida de vidas humanas. Cinco laudos y tres declaraciones de inexistencia de huelga han sido dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en clara obediencia a las consignas dictadas por el Ejecutivo federal.

Entrampados en esta lucha, el gobierno y la empresa cancelaron desde hace tiempo la vía privilegiada de la negociación. Al fracasar en cada batalla por la sucesivas revocaciones emanadas del Poder Judicial de la Federación, el día que tuvieron conocimiento de que serían obligados a reconocer la legalidad de la huelga, diseñaron una estrategia de largo alcance, ahora orientada no sólo a cancelar la huelga en sí, sino a aniquilar al sindicato y el contrato colectivo de trabajo, además de despedir masivamente a los empleados para que fuesen sustituidos por otros menos 'rijosos', como ha confesado la propia empresa. La maniobra consistió en ordenar una 'inspección' a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a cargo de dos empleados que alegaron haber visitado la mina –en realidad sólo estuvieron en las cercanías–, quienes resolvieron de inmediato que estaba 'imposibilitada para ejecutar obras y trabajos mineros'. Con esta resolución a modo se montó el golpe."

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