"Michoacán: Parte de guerra: un desastre nacional

"Michoacán: Parte de guerra: un desastre nacional
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.

Cuando Felipe Calderón lanzó los primeros operativos militarizados contra el narcotráfico, parecía exagerado que utilizara la palabra “guerra”. Ahora, casi tres años y miles de muertos después, vastas zonas del país se convulsionan en una verdadera guerra intestina. Y como en todo conflicto armado, la sociedad paga su tributo de sangre a los combatientes, como en Nuevo León, o ve disminuidos sus derechos, como en Ciudad Juárez, o bien se queda sin opciones políticas para fortalecer su representación democrática porque los procesos electorales y las estructuras de gobierno están infiltradas por el narco, tal como sucede en Tamaulipas y en Michoacán. Precisamente en esta entidad, donde Calderón “llevó el barco hacia la tormenta”, como dice su correligionario Manuel Espino, varios ayuntamientos han sido descabezados por el gobierno federal debido a los presuntos nexos de sus funcionarios con el narco, o bien éste los ha expulsado por la fuerza.



TANCÍTARO, MICH.- En tres años de la llamada guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, este pueblo enclavado en la meseta purépecha pasó del orgullo al terror.

El pasado viernes 4 de diciembre, el poder formal sucumbió ante el poder fáctico cuando las autoridades del ayuntamiento –encabezadas por el alcalde perredista José Trinidad Meza Sánchez– abandonaron sus cargos y junto con los policías municipales huyeron del pueblo, amenazados por la delincuencia organizada.

Durante una semana hubo vacío de poder. El cabildo dejó de operar, el Ejército resguardó la sede del ayuntamiento, la Policía Estatal Preventiva vigiló la cabecera municipal y la población se quedó en la incertidumbre.

Aunque el Congreso del estado encontró una salida institucional al designar, el viernes 11, un concejo con seis lugareños que se encargarán de la administración, el municipio se quedará sin presidente, síndico y regidores hasta que se renueve el poder, en 2011.

Restablecida la autoridad en este municipio, reconocido por su producción aguacatera y maderera, sus habitantes saben que siguen a merced de la delincuencia organizada. Las extorsiones y las desapariciones se suceden desde hace tiempo en la comunidad. “El terror no se ve, pero se siente; y en esta realidad la autoridad municipal es lo de menos”, dice un profesor.

Sin precedentes en el país, la renuncia del cuerpo edilicio en Tancítaro fue la más reciente expresión del fracaso del gobierno federal en su estrategia contra el narcotráfico, inaugurada por el propio Calderón en Apatzingán en enero de 2007, cuando acudió a la 43 Zona Militar vestido con una holgada casaca castrense y un kepí bordado con las cinco estrellas de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En la carta que entregaron al Congreso para formalizar su dimisión, los exfuncionarios municipales no dejaron dudas: no hay condiciones para ejercer como autoridades locales “a pesar de la presencia que tienen las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad pública, así como elementos del ejército mexicano (sic) dentro del Municipio”.

Por primera vez un gobierno local reconoce oficialmente los resultados adversos del Operativo Conjunto Michoacán, centrado en el despliegue de fuerzas ordenado por Calderón en su estado el 11 de diciembre de 2006, a la semana de haber asumido el poder.

Desde entonces, la entidad se ha convertido en escenario de acontecimientos que no se conocían en el país: atentados terroristas, humillaciones a las fuerzas federales, detenciones de alcaldes y violencia exacerbada que cada vez afecta más a la población civil y que ha dejado miles de personas ejecutadas, heridas, secuestradas o amenazadas.

El más grave de esos hechos hasta ahora es el atentado terrorista contra la población civil en la capital del estado, en plena celebración del Grito de Independencia. El 15 de septiembre de 2008, presuntos miembros de la organización paramilitar conocida como Los Zetas arrojaron dos granadas contra la multitud reunida en la plaza Melchor Ocampo, en el centro histórico de Morelia. El ataque dejó nueve muertos y 137 heridos.

La población civil también ha quedado en medio de refriegas. Tan sólo la semana pasada, dos personas murieron en Morelia al quedar en el fuego cruzado, cuando un comando armado atacó con granadas y armas de alto poder dos hoteles donde están instalados agrupamientos de la Policía Federal (PF). Ante ello, el gobierno de Leonel Godoy busca que los policías federales salgan de las zonas urbanas del estado y se instalen en hoteles ubicados sobre las carreteras.

Más aún, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, dice en entrevista que la autoridad federal “debe revisar su estrategia para encontrar mecanismos más eficaces y eficientes que no alarmen tanto a la sociedad”.



Federales bajo fuego



La violencia ya derivó también en una reorganización de las facciones delictivas. La organización conocida como La Familia Michoacana, a la que el gobierno de Calderón caracterizó como la más violenta y peligrosa del país, restableció sus lazos con el cártel del Golfo para enfrentar a las fuerzas federales y a Los Zetas, el grupo con el que se disputa el control del estado. Según los informes policiales conocidos por Proceso, la nueva alianza se hace llamar La Resistencia.

En 16 mantas que aparecieron la primera semana de diciembre en 11 municipios, La Familia Michoacana acusó a la PF de proteger a Los Zetas.

Según la versión obtenida por este semanario, La Resistencia pretende desconocer el liderazgo de Nazario Moreno, El Chayo, operador de La Familia que se opone a restablecer la relación con el cártel del Golfo, pactada hace unas semanas en Charapendo, una pequeña comunidad de la Tierra Caliente, en los límites con Tancítaro.

Lejos de tomar el control, el gobierno federal incrementó la violencia en el estado y exhibió la improvisación y vulnerabilidad de las corporaciones policiacas. Las cifras oficiales indican que en los últimos tres años se han registrado mil 506 ejecutados y 544 levantados en la entidad.

Esas cifras son conservadoras. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, en los últimos tres años 1.4 personas han sido ejecutadas cada día. Los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mencionan por lo menos el doble, lo que hace a la entidad una de las más violentas en el país.

En el caso de los secuestrados, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) tiene registrados 544 casos entre 2006 y 2009; pero la cifra negra estimada por el mismo organismo es de 2 mil 49, casi cuatro veces más de lo que se reconoce.

Entre las víctimas ejecutadas y desaparecidas destacan elementos de la PF, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna. Tan sólo la semana pasada seis de sus efectivos fueron asesinados, 23 heridos y siete levantados en ataques adjudicados a La Familia. En menos de 48 horas, entre el miércoles y el jueves, se registraron ocho ataques contra la PF: uno en Apatzingán, dos en Morelia, tres en Lázaro Cárdenas, uno en Tumbiscatío y otro en Pátzcuaro.

Fue la segunda andanada contra los federales en el año. En julio, una veintena de elementos de la PF fueron ejecutados en 10 demarcaciones. El ataque más humillante se registró el 11 de julio, en la autopista Siglo XXI, que conduce a Lázaro Cárdenas, en el sitio conocido como Nuevo Centro, donde fueron apilados 12 cuerpos de integrantes de la corporación, que mostraban evidencias de tortura.

En la mañana del viernes 11, en la Ciudad de México, el jefe de la Sección Tercera de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García, intentó minimizar la nueva embestida al asegurar que se trató de una “respuesta desesperada” de la organización delictiva ante las acciones del gobierno federal en la entidad.

Facundo Rosas, comisionado de la PF, negó a su vez que los ataques hayan sido una represalia por un supuesto intento de la fuerza federal de capturar a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien en una declaración a una televisora de Morelia, el 24 de julio pasado, propuso al gobierno de Calderón un pacto para reducir la violencia en Michoacán.



Poderes en fuga



Más agraviante todavía para la estrategia del gobierno federal fue el secuestro y asesinato de los policías federales que se harían cargo de la seguridad pública en Ciudad de Hidalgo, uno de los nueve municipios cuyos presidentes fueron detenidos en mayo pasado por el gobierno de Calderón en medio del proceso electoral. El oficial al mando, junto con sus escoltas, fue levantado en la sierra de Huajúmbaro, al oriente del estado, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

La llegada de los nuevos jefes de Seguridad Pública fue acordada por el gobierno de Godoy con el de Calderón. Hasta ahora, los federales ya están a cargo en Uruapan, Zitácuaro, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Aún faltan Tumbiscatío, Múgica, Tepalcatepec y Apatzingán.

La designación de esos mandos municipales por el gobierno federal es interpretada en el estado como un experimento de García Luna para echar a andar su propuesta de federalizar las policías municipales.

La agresión de la semana pasada a la PF ocurrió en momentos en que el poder del narcotráfico se expresaba con todo su poder en Tancítaro. “A diferencia de las presiones que ejercía para controlar las policías municipales, lo ocurrido en ese municipio demuestra que ahora la delincuencia organizada va por el control de la administración local”, expresa el dirigente de un partido, que habla sólo a condición de que no se publique su nombre.

Un año antes de concluir su gestión, el presidente municipal, el síndico y los siete regidores –que habían asumido sus cargos el 1 de enero de 2008– presentaron ante el Congreso del estado su renuncia “voluntaria” con carácter de irrevocable y solicitaron la desaparición del cabildo.

En una carta enviada al Congreso, explicaron su decisión: “La hemos tomado en razón de que no existen condiciones para seguir desempeñando nuestra función como autoridades municipales, debido a algunos acontecimientos suscitados y que pudieran atentar contra la integridad física de quienes suscribimos este documento”.

El temor alcanzó también a las autoridades suplentes. De los nueve que debían asumir puesto que fueron registrados como sustitutos, sólo cuatro terminaron por aceptar: Gustavo Sánchez Cervantes, quien representará al concejo municipal; Margarita Soriano Pantoja, que será la representante jurídica, así como Jessica Judith Cortés Magaña y Noé Sánchez Espinoza.

Para completar el concejo fue necesario integrar a dos habitantes del municipio: Arturo Calderón Sánchez y Rosario Rico Verduzco. Son representantes del PRD, el PT y el PRI. El PAN se negó a sumarse, a pesar de que contaba con un regidor en el ayuntamiento. Los legisladores estatales se negaron a declarar la desaparición del ayuntamiento, pero no lo fundamentaron en su decreto.

No conformes con expulsar a la autoridad mediante la coerción, los narcotraficantes buscaron incorporar a uno de sus representantes en el concejo municipal. Éste, al final, se integró sólo con seis de los nueve miembros previstos en la Constitución local y cuyos antecedentes fueron revisados por el gobierno de Godoy.

La renuncia del cabildo, recibida por el Congreso en una sesión extraordinaria la noche del viernes 4, coronó las acciones del narcotráfico en esa zona de la Sierra Madre Occidental.

De ser conocida como “la auténtica capital mundial del aguacate” y tener el reconocimiento internacional por la explotación controlada de la madera, Tancítaro se convirtió en reserva estratégica para la delincuencia organizada por su posición privilegiada entre distintos municipios.

Además, los narcotraficantes adquirieron huertas de aguacate para instalar laboratorios donde procesan drogas sintéticas. En lo que va del año, efectivos de la 43 Zona Militar han asegurado y destruido por lo menos seis de esas fábricas clandestinas en Tancítaro y sus alrededores.

Las presiones del crimen organizado en Tancítaro comenzaron desde el año pasado. En septiembre de 2008, comandos armados emboscaron y ejecutaron a siete policías municipales en la comunidad de Pareo. Y en marzo de este año se registró un duro enfrentamiento en el centro de la cabecera municipal. Durante cuatro horas, policías municipales de Apatzingán, Peribán, Los Reyes y San Juan Nuevo, apoyados por el Ejército y la Policía Federal, se enfrentaron a grupos armados.

Tras el choque, un enfermero, un médico y un empleado administrativo de la Unidad Médica 54 del Seguro Social fueron secuestrados por los delincuentes. El médico quedó cautivo durante varios días para atender a los pistoleros heridos. Todavía más grave fue el asesinato, ese mismo mes, del secretario del ayuntamiento, Gonzalo Paz Torres.

En junio, cuatro policías federales fueron asesinados en una emboscada. En octubre, un comando atacó dos patrullas con granadas de fragmentación y armas largas, ocasionando heridas a dos policías municipales. El detonante de la renuncia fue el secuestro, el 30 de noviembre, de familiares del síndico y del secretario. El cabildo renunció a condición de que los liberaran."

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