PROCESO: Hacia la extinción de la credencial para votar | ÁLVARO DELGADO, EL PRIAN SE APODERA DEL PADRÓN PARA EL FRAUDE

PROCESO.COM.MX - Impreso 1725 | Presidencia | Hacia la extinción de la credencial para votar | ÁLVARO DELGADO,:


Gracias a un pacto de madrugada con la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Beatriz Paredes, el gobierno de Felipe Calderón obtuvo mil millones de pesos para realizar el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) que, además de la función policiaca que les atribuye la oposición, tienen dos metas ocultas oficialmente reconocidas: arrebatar al Instituto Federal Electoral (IFE) el manejo del padrón de electores y “extinguir” la credencial para votar con fotografía.
Estos objetivos del proyecto están descritos en un documento “clasificado” de la Secretaría de Gobernación (Segob), del que Proceso obtuvo copia, e implican que el gobierno federal retomará el dominio de la lista de electores que, por décadas, generó desconfianza en los mexicanos por ser un instrumento para el fraude electoral.
Pese a que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la “coexistencia” de la CIC y la credencial de elector, el documento de Segob es inequívoco en los verdaderos propósitos del proyecto de Calderón:
“El RNC proporcionará al IFE la información nominal para que éste último integre padrones y listas nominales de electores. Por lo tanto, se extingue la credencial para votar por ser la CIC el documento de identificación personal necesario para el derecho al voto y otros correlacionados (derechos políticos).”
Argumenta que, según el artículo segundo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado el 6 de abril de 1990, “en tanto no se establezca el Registro Nacional de Ciudadanos, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Por lo que se concluye que, existiendo el RNC, los ciudadanos dejarán de inscribirse en los padrones electorales, (y por tanto) cesa la función registral del IFE”.
A ese propósito está enfocada una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos, mil 173 de los cuales solicitó Calderón a la Cámara de Diputados en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010. La mayor parte de esa cifra le fue aprobada tras un pacto con el PRI, partido que, de volver el gobierno federal en 2012, retomaría también el control de las listas de electores.
En efecto, pese a que a la CIC no se le autorizó ni un solo peso, se asignaron 850 millones al Registro Nacional de Población (Renapo) y otros 147 millones al “mantenimiento” de Registros Civiles, lo que, según el diputado Jesús Zambrano, abre la puerta para que esos recursos se transfieran al proyecto de Calderón.

“El propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anduvo diciendo el mismo martes, día en que se aprobó el presupuesto, que la CIC iba adelante y que los recursos que se habían destinado al Renapo estaban justamente orientados a dar continuidad a esto”, confirmó Zambrano a la reportera de Proceso Jesusa Cervantes, y añadió: “A confesión de parte desvergonzada, relevo de pruebas”.
Tan prioritaria es para el gobierno federal la CIC que, mediante un contubernio con Beatriz Paredes, se frustró una negociación entre legisladores priistas, perredistas y petistas para introducir, en un artículo transitorio, la prohibición expresa de que los recursos aprobados para el Renapo y la modernización del Registro Civil se canalicen al programa en cuestión.
Entre las tres y las cuatro de la madrugada del martes 17, Zambrano y el también perredista Ilich Lozano pactaron con el petista Enrique Ibarra, experto en asuntos electorales, y con el priista Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE, introducir dicho artículo transitorio en el documento de presupuesto.
Sin embargo, al cabo de unos minutos, después de una reunión privada de Beatriz Paredes con la coordinadora de los dipu­tados panistas, Josefina Vázquez Mota, la voluntad de Solís se modificó. “No va”, le dijo el priista a Zambrano.
Al respecto, el legislador perredista advierte: “A pesar de que quisimos poner un candado, y de que los priistas en los hechos no lo permitieron, nosotros vamos a estar vigilantes de que no vayan a burlar esos recursos”.
Y es que el gobierno de Calderón ha encubierto las intenciones de “control” del RNC y la CIC, como se acreditó en Proceso 1723 y como lo ratifica el documento que “extingue” la credencial para votar y que forma parte del expediente 01.c.10/2007 del Renapo.
De hecho este documento, fechado en julio de 2007, está clasificado como reservado con base en el “capítulo 14” de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero dicho capítulo ni siquiera existe. Quizá los funcionarios que elaboraron el documento quisieron referirse al “artículo 14”, relativo a la reserva de información.
La fracción VI del artículo 14 asienta que se clasificará como reservada la información “que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.
“Estado policía”
El control del padrón electoral y la “extinción” de la credencial de elector referidos desmienten inclusive lo que el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, expuso ante consejeros electorales y en conferencia de prensa, el 20 de agosto, sobre la “coexistencia” de la CIC y la credencial para votar.
“No se trata de dividir los instrumentos que puedan resultar de este esfuerzo. La Cédula de Identidad será para la identidad, y la cédula del IFE para el domicilio”, dijo el funcionario, y negó que detrás de este proyecto haya fines de adulteración electoral. “Hoy por hoy han quedado atrás estas discusiones largas sobre la legalidad que desgastaban años, años y años a los funcionarios electos”.
El 4 de noviembre, Proceso solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación una entrevista con el subsecretario Alejandro Poiré, con el fin de obtener más información sobre la “extinción” de la credencial de elector y aclarar dudas en torno al Renapo, pero hasta el viernes 20 no hubo respuesta.
A su vez, el día 11 los consejeros y representantes de los partidos políticos fijaron posturas en el Consejo General del IFE, con motivo de la puesta en marcha del sistema de citas programadas para que los ciudadanos tramiten su credencial de elector.
Fue el senador perredista Pablo Gómez quien detonó el segundo debate en el Consejo General al afirmar que la decisión del gobierno de Calderón de crear la CIC se toma “sólo dentro del marco del desarrollo en México del Estado de policía, porque el Padrón Electoral no sirve para controles policiacos o casi no sirve”.
El legislador propuso al PRI no aprobar los mil 173 millones de pesos para la CIC, porque sería una anomalía que hubiera en México una credencial sólo para votar y otra para identificación. “Esto no es admisible por parte de un sistema electoral que quiera ser confiable y que quiera funcionar bien”.
Propuso abrir una amplia discusión sobre el tema para evitar que con ese tipo de artilugios se favorezcan los fraudes en los comicios, y emplazó a los consejeros a asumir al respecto una posición contundente: “El IFE no ha hablado suficientemente fuerte, fuerte, fuerte, para que se oiga, y estamos a unos días de que la Cámara (de Dipu­tados) puede cometer una imprudencia”.
El senador Francisco Arroyo Vieyra, representante priista y allegado a Manlio Fabio Beltrones, calificó de “inoportuna” la CIC, propuso que el Congreso discuta una reforma para hacer las adecuaciones necesarias y exhortó a no aprobar el presupuesto que solicitó Calderón por la desconfianza y las dudas que existen alrededor de la CIC.
Aunque la mayoría de los consejeros del IFE se han mostrado cautelosos en el debate desatado por el tema, el consejero Marco Baños hizo una defensa inequívoca de la credencial de elector: “El punto central está justamente en el hecho de que resulta muy difícil, muy cuesta arriba, establecer un esquema de coexistencia entre dos instrumentos de identidad. Tendría que ser uno o tendría que ser el otro”.
Añadió: “¿Por qué me pronuncio yo por que deba ser la credencial para votar con fotografía, como lo he sostenido sistemáticamente desde hace varias semanas? Por una razón muy sencilla: porque la única base de datos sobre mayores de edad confiable hoy en el país es la del Registro Federal de Electores.
“Una coexistencia de dos instrumentos con estas características tendría una repercusión negativa en los términos de actualización del Padrón Electoral, y me parece que eso no es deseable hoy día”, manifestó.
A su vez, el representante del PAN, Guillermo Bustamante –hijo del presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia– reivindicó la “coexistencia” de dos sistemas de identificación, y expresó que si en el IFE “no se ha fijado precisamente una posición institucional en relación con este tema es porque, con prudencia y con apertura, el Consejo General ha estado dialogando el tema y ha estado viendo las ventajas y las desventajas de estos instrumentos”.
Pablo Gómez insistió en que para elaborar la Cédula de Identidad Ciudadana es preciso que haya un acuerdo con los partidos políticos, pero el gobierno de Calderón sólo ha pedido dinero para realizarla. “No pretende que la nueva cédula sirva para identificar al votante. Pero entonces nos está planteando que haya dos cédulas de naturaleza igual. No explica este punto el Ejecutivo”.
En consecuencia, remató, “es del todo imprudente en este momento pedirle dinero a la Cámara para un proyecto que no está claro, y cuyas consecuencias, de ponerse en marcha, serían desastrosas”

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