LO QUE FALTABA DESCUBREN QUE ARTURO CHAVEZ ESTA LITIGANDO CONTRA EL GOBIERNO EN EL CASO ALTAMIRA¿HIJO DE DIEGO FERNANDEZ DE CEBALLOS?

En el mismo litigio en contra de Molinar Horcasitas, en familia quedaría la indemnización que se logre, Arturo Chavez asi se convierte en otro buen coyote que aspira a un cargo del mismo gobierno al que busca pertenecer.

Más que su criticado desempeño como procurador de Chihuahua y como delegado de la PGR en aquella entidad, y más que sus consejos moralinos a las mujeres para no vestir minifaldas, no acudir a fiestas, tomar clases de karate y usar espray para lanzar gas a los ojos de posibles agresores, pesaría más el hecho de estar litigando, ahora mismo, en contra del gobierno federal. En efecto, Chávez Chávez aparece en expedientes judiciales como apoderado legal para el cobro de una indemnización por más de mil millones de pesos que habrían ganado a la autoridad dos ejidos de Altamira, Tamaulipas, precisamente en la disputa por los terrenos sobre los cuales se asienta el puerto. Panistas los abogados y también panista el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, no se ve que el litigio ganado por los ejidos vaya a quedar sin cumplimiento de las órdenes judiciales y administrativas. Con Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación y con Chávez en la PGR, los negocios del Jefe Diego y de Lozano Gracia proseguirían viento en popa. Esto lo saben los legisladores priistas que tienen la ocasión de demostrar el músculo fortalecido en las elecciones del 5 de julio. El abogado propuesto para sustituir al renunciante procurador Eduardo Medina Mora, podría incurrir inclusive en prevaricato, que en términos llanos significa servir simultáneamente a dos amos irreconciliables. Prevaricación, según la Real Academia, es el delito que comete un juez o funcionario al "dictar a sabiendas una resolución injusta". El constitucionalista Clemente Valdés ve que "la preocupación de nuestros empleados principales es asegurar su posición política y sus intereses económicos, que constantemente se ven mezclados; no hay conciencia de lo que es el servicio público". Chávez Chávez tendría que dejar atrás todos sus litigios para no incurrir en tráfico de influencia (artículo 221 del Código Penal Federal), pero carga, además, una larga zaga de violaciones a los derechos humanos, según consta en recomendaciones y documentos locales, federales e internacionales, a saber: A nivel local, la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua emitió en 1997 una petición al gobernador panista Francisco Barrio para que sancionara a funcionarios de la procuraduría estatal, entonces presidida por Chávez, por haber reprimido violentamente una manifestación de ejidatarios de Monterde.

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