PROCESO.COM.MX - Impreso 1699 | Narcotráfico / Ejército | El Ejército, verdugo de sus propios mandos | JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Impreso 1699 | Narcotráfico / Ejército | El Ejército, verdugo de sus propios mandos | JORGE CARRASCO ARAIZAGA: "El Ejército, verdugo de sus propios mandos

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Inmune a las críticas de la sociedad civil, la Sedena es también implacable contra algunos de sus oficiales de alto rango, aun cuando hayan entregado parte
de su vida a ennoblecer a las fuerzas armadas. Los del general Ricardo Martínez Perea, el teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán y el capitán de Infantería Diplomado de Estado Mayor Israel Tenoch Flores Jaimes, son apenas algunos de los casos conocidos. Todos son víctimas de la justicia militar. Según la lógica castrense, quien critica a la institución se convierte en enemigo.


Convertido en uno de los principales violadores de los derechos humanos de civiles en el actual gobierno, el Ejército arremete también contra sus propios elementos. Desaparición forzada, encarcelamientos fabricados, traslados como represalia y acoso laboral son algunas de las prácticas que padecen hombres y mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde sargentos hasta generales, que resultan incómodos para sus superiores.
A pesar del silencio que se impone entre los militares cuando los propios mandos de la dependencia violan sus derechos humanos, cada vez son más los efectivos que traspasan las oficinas y campos castrenses para hacer públicos los abusos.
De por sí cuestionado tanto en México como en organismos internacionales por aplicarse a civiles, el fuero militar se convierte en artimaña para arbitrariedades contra los propios uniformados. Lo mismo para acusaciones de supuesto narcotráfico que para represalias contra quienes intentan hacer valer sus derechos laborales o de seguridad social.
Los abusos más graves, entre ellos la desaparición forzada y largas condenas con fabricación de delitos, tienen como excusa el narcotráfico. En estos casos, los implicados sabían de las alegadas relaciones de sus superiores con la delincuencia organizada o, sencillamente, cumplían con su trabajo: el decomiso de drogas.
Fue el caso del general de brigada Ricardo Martínez Perea, reconocido en varias ocasiones por la propia Sedena por los altos niveles de droga incautada; pero sentenciado a 15 años de prisión, con una denuncia anónima y testigos de oídas, por su supuesta protección al cártel del Golfo, en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería motorizada, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Apenas el domingo 10 de mayo por la madrugada, cumplidos ocho años de su sentencia en el Campo Militar Número 1, en el Distrito Federal, Martínez Perea fue trasladado al penal El Rincón de Tepic, Nayarit, sin que su familia, radicada en San Luis Potosí, fuera notificada. Durante 72 horas, sólo los responsables de la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) sabían en dónde y cómo se encontraba el detenido.
Sometido a tratamiento por males cardiacos y de próstata, a Martínez Perea, de 63 años, último de los generales de brigada tácticos -es decir, no Diplomado del Estado Mayor (DEM)- se le impidió comunicarse con sus familiares, algunos de los cuales también pertenecen al Ejército.
Cuando su hijo, el capitán DEM Juan Ricardo Martínez Ledezma, llegó a la celda ese domingo sólo encontró las pertenencias del general y una pequeña nota de su puño y letra: "Estoy bien. No se preocupen. Los quiero mucho". Los encargados de la prisión le dijeron a Martínez Ledezma que no sabían dónde estaba su padre.
María del Carmen Ledezma Escudero, esposa del general, y sus hijas viajaron el lunes 11 a la Ciudad de México para indagar el paradero de Martínez Perea y entrevistarse con el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, con quien el general coincidió en Minatitlán, Veracruz, cuando el actual secretario de la Defensa era comandante de la 29 Zona Militar.
Al día siguiente las recibió el secretario particular del alto mando del Ejército, el general brigadier Carlos Ramón Carrillo del Villar. "Nos dijo que no conocía el caso, que sólo sabía que a mi esposo lo trasladaron, sin saber adónde; pero que por tratarse de una institución autónoma, la indicada para dar información era la justicia militar", refiere María del Carmen.
En esa instancia ella y sus hijas fueron recibidas por el director general de Justicia Militar, el general de brigada Roberto Vite Bandala, el subdirector administrativo, general brigadier Ramón Tovar Caballero, y otros dos jefes militares que no lograron identificar.
Molesto ante la exigencia de la familia Martínez Ledezma, el general Vite preguntó con tono burlón: "¿No saben en dónde está su familiar? ¿Qué no les avisaron? Su papá fue trasladado al Centro de Readaptación Social El Rincón, de Tepic, Nayarit. ¿Qué no han ido a la prisión a verlo?", cuenta Ericka Martínez, una de las hijas de militar.
"Si no han preguntado, cómo quieren que les digamos", terció, irónico, el general Tovar, de acuerdo con ese testimonio.

La burla

Los responsables de la justicia militar aseguraron a la familia que la decisión del traslado "fue tomada por la Secretaría de Seguridad Pública (federal)", toda vez que Martínez Perea "dejó de ser militar y, como civil, su caso pasó a la jurisdicción (del orden común)".
El traslado se efectuó a pesar de que desde 2001, cuando Martínez Perea fue encarcelado en el Campo Militar Número 1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para evitar posteriores cambios de cárcel debido al estado de salud del detenido.
Después de 40 años de servicio y con cursos de combate al narcotráfico, el oficial fue detenido el 3 de abril de 2001 y sentenciado a 15 años de prisión por un Consejo de Guerra que se integró y resolvió en tan sólo una semana. El general fue trasladado a la Ciudad de México desde Nuevo Laredo mediante engaños y sin ninguna orden de aprehensión.
El delito: "permitir el tráfico de drogas", fue integrado a partir de una denuncia anónima y con testigos de oídas sobre la supuesta protección que le daba a Gilberto García Mena, El June, detenido ese mes en Tamaulipas. El June era lugarteniente del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, aprehendido en 2003 y extraditado cuatro años más tarde a Estados Unidos por el gobierno de Felipe Calderón.
Los encargados de la justicia militar dijeron a los familiares que el general Martínez Perea aún cuenta con el recurso del reconocimiento de inocencia. "Para eso necesitamos saber quién lo acusa", replicó la familia. Los generales guardaron silencio y sólo se miraron unos a otros. Al final terminaron por reconocer que "por error", omitieron informarles sobre el traslado.
Ledezma Escudero cuenta que en una ocasión el general retirado Hermilo Garza Chapa, con quien su esposo había coincidido en la guarnición de Reynosa, Tamaulipas, le hizo amenazas veladas por teléfono a su colega con motivo de las confiscaciones de droga:
"Estás saliendo mucho en la tele. ¿No tienes miedo? Deberías tenerlo; cuidarte. No le vaya a pasar algo a tu esposa o a tus hijos", le dijo Garza Chapa a Martínez Perea.
Al mando del operativo de la detención del general Martínez Perea estuvo el entonces coronel Roberto Aguilera Olivera, quien en el sexenio de Vicente Fox fue considerado el "zar antidrogas" del Ejército hasta que, en junio de 2008, ascendido a general de brigada, solicitó su baja del Ejército en medio de las investigaciones por la alegada cobertura militar a Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.
La filtración de información desde la oficina que encabezaba Aguilera Olivera, el Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) de la Defensa, fue dada a conocer por el periodista de Proceso Alejandro Gutiérrez en su libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón.
Más grave aún es el caso del teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, quien el viernes 8 cumplió 16 años de haber sido desaparecido de las instalaciones del 26 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esa desaparición, a manos de militares, ya fue confirmada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2006 estableció la responsabilidad del Estado mexicano en ese caso.
Aun así, el gobierno de Felipe Calderón no ha hecho nada por cumplir las dos recomendaciones emitidas por la CIDH: investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la justicia civil para determinar el paradero del teniente de Infantería; y en caso de que se acredite la desaparición forzada, fincar responsabilidades. La segunda recomendación se refiere a una reparación adecuada a los familiares del teniente, quien al momento de su desaparición tenía 25 años de edad.
La versión que ha dado el Ejército es que Muñoz Guzmán "desertó y se fue a Estados Unidos".
Por ser considerado como un crimen de lesa humanidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2003 que el delito de desaparición forzada se mantiene vigente hasta que aparezca la persona o su cuerpo. La familia atribuye la desaparición al conocimiento que poseía el teniente sobre los vínculos de sus superiores con el narcotráfico.
En este asunto está involucrado Luis Montiel López, señalado en la investigación de la PGR 26/2006 por presunta protección al cártel de Juárez (Proceso 1598). En aquella época, el militar era comandante de la V Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua; hoy está en retiro.
Según la madre de Muñoz Guzmán, María Guadalupe Guzmán Romo, cuando su hijo era comandante de partida en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, recibió amenazas de Montiel López, quien le advirtió que "no se anduviera metiendo en chingaderas, porque si no se lo iba a fregar".
En una carta que le envío el 20 de abril pasado a Calderón, la señora María Guadalupe Guzmán le dice: "Usted, en su gobierno, ha declarado la guerra al narcotráfico; sin embargo, sus ojos no ven hacia el interior de las Fuerzas Armadas, en donde hay elementos de alto rango vinculados en este tema, tanto para la protección de narcotraficantes como para facilitar el libre tránsito del contrabando por la República Mexicana".
Le reprocha: "Es notorio que no es ni ha sido su interés que se resuelva la desaparición forzada de mi hijo, pues entonces tendría que dar la cara usted como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y reconocer ante la opinión pública la participación de mandos militares en el narcotráfico".
María Guadalupe Guzmán, quien junto con su familia ha recibido llamadas anónimas de amenazas de muerte por involucrar el Ejército en la desaparición de Muñoz Guzmán, desafía a Calderón: "Demuestre su verdadera intención de hacer un México libre de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas; la institución no es responsable de tener algunos malos elementos. Es obvio que hay intereses por proteger".
La carta, la tercera enviada por Guzmán Romo a Calderón desde que éste se instaló en Los Pinos, no ha tenido respuesta. Lo mismo pasó con las que les dirigió a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Otros ejemplos

Las violaciones a los derechos humanos de los militares en el seno del Ejército no sólo tienen que ver con el narcotráfico. Son comunes entre quienes pretenden hacer valer sus derechos laborales o de seguridad social.
Apenas en abril pasado, 27 elementos de distinto rango fueron traslados a zonas de alta incidencia en narcotráfico, en represalia por haber interpuesto distintos recursos contra la Sedena en su intento por gozar de beneficios legales adquiridos durante el servicio.
Uno de los casos más graves ocurrió con el capitán de Infantería Diplomado de Estado Mayor Israel Tenoch Flores Jaimes, quien desde 2004 padece queratocono bilateral, una enfermedad visual caracterizada por el adelgazamiento degenerativo y progresivo de las córneas.
El 24 de octubre de 2008, mediante el oficio SGB-V-18243, la Dirección General de Justicia Militar emitió su declaración definitiva de retiro por inutilidad en segunda categoría contraída en actos fuera de servicio. La declaración se refiere a la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana (ISSFAM).
El capitán impugnó esa declaración por considerar que su enfermedad sí fue consecuencia de sus servicios al Ejército, además de que al ser clasificado en la primera categoría de ese artículo tendría derecho a un seguro de retiro, cuyo monto estaría en función de sus casi 22 años de servicio. Bajo la segunda categoría sólo recibiría su pensión.
Mediante el juicio de amparo 1994/ 2008, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en el Distrito Federal, le concedió una suspensión provisional para que pueda seguir percibiendo sus haberes sin ser dado de baja.
La Sedena no acepta que haya sido una enfermedad adquirida durante el servicio, sino que considera que es un mal congénito. Así lo estableció el servicio de Medicina Legal de la Sedena, que el 6 de marzo de 2008 emitió un dictamen en ese sentido, pero no explica cómo llegó a esa conclusión.
Se justifica al decir que la enfermedad de Flores Jaimes no le fue detectada al momento en que se dio de alta en el Ejército porque sus exámenes de ingreso no se hicieron con los instrumentos adecuados.
El capitán impugnó ante la justicia federal su retiro forzoso bajo la segunda categoría. La respuesta de la Sedena le llegó en abril de ese mismo año: una orden de traslado inmediato al Centro Nacional de Adiestramiento (CNA), en Santa Gertrudis, Chihuahua, donde el Ejército tiene desplegado el Operativo Chihuahua con más de 8 mil efectivos.
El traslado complicó su estado de salud. El CNA está en un lugar semidesértico, donde el calor, el sol y el polvo afectan aún más su visión. Además, el centro cuenta con un criadero de ganado, cuyas heces le provocaron infecciones en ambos ojos, a tan sólo dos semanas de haber llegado a Chihuahua.
Debido a su incapacidad incluso para leer documentos impresos, en Chihuahua lo traen de "recadero", lo que no corresponde a un Diplomado de Estado Mayor, asegura su esposa Dioselina Salgado Herrera.
Las afectaciones a su salud fueron reconocidas oficialmente por el mismo servicio médico del CNA. Recién el lunes 11, el mayor del Ejército y médico cirujano Felipe de Jesús Cobos Avilés, especializado en medicina legal y forense, emitió una constancia médica en la que certificó el agravamiento del capitán Flores.
El documento médico, dado a conocer por Salgado Herrera, indica que su esposo padece "una deformación importante de córneas" al grado de que se encuentra en peligro de sufrir "perforación corneal y hasta la pérdida del órgano". Advierte que el padecimiento sólo se puede tratar en un hospital de tercer nivel "con médicos especializados en segmento anterior y córnea", que no existen en las instalaciones de Santa Gertrudis.
Añade que el CNA ofrece condiciones climatológicas húmedas casi nulas todo el año, con intensa radiación solar, polvo y contaminantes que pueden agravar considerablemente la enfermedad.
Además, establece que por su muy baja agudeza visual le es imposible trabajar con documentos impresos, por lo que recomienda que se le reasigne otra adscripción que esté cercana al Hospital Central Militar para no poner más en riesgo la visión del capitán.
El abogado Félix Garza, quien ha litigado varios casos de militares contra la Sedena -entre ellos el de José Francisco Gallardo Rodríguez-, asegura que todo el que reclama un derecho o defiende sus intereses dentro del Ejército se convierte en enemigo.
Considera también que es común la fabricación de acusaciones de narcotráfico por parte de jefes militares contra sus subordinados. "Se cuidan en cuadrar muy bien la acusación; sin embargo, no hay trabajo perfecto, sobre todo cuando es de mala fe"

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