John M. Ackerman
El sábado 24 de abril, el Ejecutivo pasó por encima de la Constitución al declarar unilateralmente un estado de excepción. Si bien las medidas que Calderón ha tomado para combatir la epidemia están plenamente justificadas, la forma en que éstas han sido implementadas implica un flagrante agravio al estado de derecho. Al negarse a conseguir la autorización del Congreso de la Unión o fijar una fecha límite para sus poderes extraordinarios, el Presidente ratifica una vez más sus propensiones dictatoriales.
El decreto presidencial violenta las garantías de libre tránsito y libre asociación, así como nuestros derechos a la privacidad y el respeto de la propiedad. Autoriza a la Secretaría de Salud "la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos". Asimismo, permite "el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia". También otorga facultades al gobierno para "evitar las congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión".
El decreto permite a José Ángel Córdova Villalobos contravenir el artículo 16 constitucional, que a la letra señala que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Esta salvaguarda constitucional es esencial para evitar el abuso de autoridad. Una situación en la que el gobierno pueda ingresar a nuestras casas, interrumpir nuestras reuniones o detenernos en las calles cuando se le antoje, convirtiendo a la totalidad de los ciudadanos en presuntos implicados en algún crimen, nos acercaría claramente a un sistema autoritario."
!Es un Honor Estar con Obrador¡
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