POLITICUENTOS:NUEVO REPARTO AGRARIO

TRAIDO DE LA OPINION:

Nuevo reparto agrario

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Al conmemorarse hoy el setenta aniversario del reparto agrario en La Laguna, ordenado el 6 de octubre de 1936 por el General Lázaro Cárdenas, resulta obligado ver la realidad del campo lagunero y en general del agro nacional.

El enorme potencial agrario de la Comarca Lagunera ha prácticamente desaparecido, como desaparecido la mayor parte de los ejidos y de los sindicatos campesinos y comunidades agrarias.

Lo paradójico del caso es que el agro comarcano se encuentra en una situación muy similar a la que existía antes del reparto agrario. Tal como en su momento se predijo, la reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari y ratificada por la mayoría de los Congresos Estatales tuvo un efecto desvastador en los ejidos y comunidades ejidales. La reforma fue su certificado de defunción.

La idea de Salinas de ‘liberar’ a los campesinos y ejidatarios y hacerlos ‘farmers’ o granjeros, a la usanza norteamericana, fue un rotundo fracaso social y económico. La descapitalización del campo, ya de por sí notable en su sexenio y en el de Míguel de la Madrid, lejos de detenerse se aceleró. Pero además, la idea comunal del ejido desapareció al hacer de los ejidatarios propietarios de tierras que hasta antes de la reforma eran inembargables, inalienables e imprescriptibles.

Comenzó entonces un acelerado proceso de venta de tierras ejidales y comunales a precios irrisorios con la complicidad siempre corrupta de los funcionarios de Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional y de la Comisión de Avalúos, y una concentración creciente en unas cuantas manos de tierras comunales y de derechos de agua.

Lejos de terminar como ‘farmers’ los ejidatarios terminaron siendo desempleados o peones de sus propias tierras, y esto en el mejor de los casos, pues en muchos otros el resultado fue la emigración masiva -y por ende el abandono de tierras otrora destinadas al cultivo- a la zona fronteriza, como ocurrió de modo tan notable en San Pedro: se estima que la población sampetrina en Acuña (la ciudad con el más rápido crecimiento demográfico del país) supera ya las 60 mil almas.

El abandono del campo ya es estructural en la economía mexicana. La eliminación de los subsidios y la aplicación estricta de criterios de rentabilidad empresarial en los ejidos, criterios éstos que no existen ni en los países desarollados, provocaron el criminal endeudamiento de los ejidos.

El Banrural aplicó a partir de entonces un conjunto de criterios usureros que llevaron a las comunidades a perder prácticamente todos sus instrumentos de producción y de cultivo. Y esta fue una política dolosa, alentada y diseñada desde la presidencia de la república.

Mientras a los ejidos laguneros se les cobraron intereses sobre intereses y se subastaron o pasaron a remate sus propios insumos de cultivo y producción, lo que los llevó a la ruina y a sus habitantes más jóvenes a la emigración sin retorno, a los grandes banqueros se les condonaron todas sus deudas en el FOBAPROA y a Roberto Hernández, dueño de Banamex, se le permitió vender el banco en más de 12 mil millones de dólares sin pagar un centavo al fisco.

Ese es el Estado de Derecho que impera en el país. No obstante, no hay ni puede haber vuelta al pasado. El ejido cumplió su cometido social y económico, y pretender reactivarlo en las circunstancias actuales sería tan absurdo como tratar de revivir un cadáver.